En el marco del debate de control político sobre “Los Impactos Socio Ambientales que genera el Proyecto de Ampliación y Optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Salitre”, convocado por la bancada del Movimiento Político MIRA, el concejal Jairo Cardozo Salazar, afirmó: “no podemos permitir que se pase por encima de la gente, que se desconozcan y vulneren derechos fundamentales a los ciudadanos del sector aledaño a la planta de tratamiento”.
El Concejal considera que es importante avanzar en la descontaminación del Río Bogotá, y para ello se necesita la ampliación de la planta de tratamiento PTAR SALITRE, conforme lo ordenó el Consejo de Estado, pero no se pueden desconocer los derechos fundamentales de más de 20 mil ciudadanos del área de influencia, a quienes no se les convocó realmente a una concertación del proyecto y tampoco se les ha querido escuchar respecto de sus inquietudes por los impactos negativos que van a tener que soportar con motivo de esta mega obra, lo cual constituye una violación a las normas constitucionales y legales que establecen la participación ciudadana.
“Estamos pidiendo que se escuche a los ciudadanos inconformes, que se evalúen alternativas en el diseño de la obra, de tal manera que la segunda fase no quede tan próxima a las viviendas, lo cual se puede lograr si se cambia el sentido u orientación del diseño; y ante todo, que no se construya sobre el humedal existente, denominado Tibaguya. También existen serios reparos sobre la construcción del parque, que a manera de compensación ambiental han diseñado la CAR y el IDRD, pues en opinión de algunos, esto atenta contra el ecosistema y traerá problemas de tránsito y de seguridad, que deteriorarán la calidad de vida de los residentes del sector. Infortunadamente la CAR y la Secretaria Distrital de Ambiente no han querido escuchar el clamor ciudadano y lo único que han hecho es desviar el debate hacia si se debe o no descontaminar el Río Bogotá, lo cual desde luego no admite discusión”, señaló Cardozo.
Por último, el cabildante aseguró que “la Administración no debe pasar por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino propender por su salvaguarda, evitando futuras demandas por un eventual daño especial, lo que podría generar graves perjuicios para el erario público si se llegan a decretar indemnizaciones por daño al ambiente, a la salud y al patrimonio de los afectados”
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