Asesor en Derechos Humanos y Construcción de Paz
Nadie discute la importancia de la“inteligencia” como una herramienta, no sólo de las Fuerzas Militares sino también de los organismos de investigación judicial, eficaz en la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y otros tipos de crímenes que amenazan la estabilidad de una nación. Inteligencia, de acuerdo a su origen etimológico intus (“entre”) y legere(“escoger”) implica la capacidad de saber escoger las mejores opciones para solucionar un problema.
En este caso, la inteligencia, como una herramienta del Estado implica la capacidad de recopilar información que permita la toma de las mejores decisiones, dirigidas a la protección de los derechos de los colombianos, y es en este marco en donde las operaciones de “fachada” utilizadas por las Fuerzas Militares como una práctica común en todos los países del mundo permiten la recopilación de información necesaria para perseguir el crimen o evitar posibles vulneraciones a los bienes jurídicos de una sociedad.
Ahora bien, este tipo de operaciones no pueden implicar que la democracia sea la “fachada” y que por esa vía se permitan las interceptaciones ilegales y la vulneración de los derechos fundamentales de los colombianos o de cualquier persona que esté en nuestro país. Tal como ha ocurrido con el sonado caso de “Andrómeda”, sacado a luz pública por la revista Semana, y que implica en sí misma la continuidad de esa triste historia de las llamadas “chuzadas” que hacía el no tan extinto DAS. (Afirmamos que no está tan extinto, pues según las investigaciones hechas por la propia revista, en las viejas instalaciones del DAS aún funcionaban salas de interceptación y aún cuenta con una nómina de unas 300 personas, lo cual implica que aún no está del todo liquidada).
Esta fachada “Andrómeda” contaba con operadores civiles “hackers” y otros militares, dedicados a lo que ellos denominan “control de datos” es decir la interceptación de correos electrónicos, chats, pines, etc. bajo una exótica combinación entre almorzadero y centro de enseñanza de informática, el Ejército Nacional ocultaba una verdadera central de interceptaciones, que bajo el principio de la compartición de la información, de las misiones y de los reportes, hacen casi imposible rastrear al mando responsable de ordenar y sistematizar toda la información recopilada.
Tal sería la gravedad de la situación que fue la Fiscalía General de la Nación, la que tuvo que intervenir y allanar esta central de investigaciones del Ejército, pues de acuerdo con sus pesquisas, las salas de interceptación “llamadas salas grises” adscritas a la central de Inteligencia y Contrainteligencia Militar - CIME estaban incurriendo en interceptaciones ilegales, a políticos, magistrados y en especial al equipo de negociadores del gobierno en La Habana.
Frente a este escándalo, surgen varias preguntas: ¿sabía el alto mando militar y el alto Gobierno de estas interceptaciones?, ¿Para qué querían utilizar esta información? ¿Por qué desean sabotear el proceso de negociación con las FARC? ¿Por qué políticos han tenido acceso a información clasificada y la han dado a conocer a la luz pública con el objetivo de sabotear el proceso de La Habana? ¿Por qué las instituciones estatales violan los derechos fundamentales de los colombianos y no hay responsables? ¿Es acaso nuestra democracia una democracia de “fachada”?
Estas y otras preguntas nos demandan a los ciudadanos una respuesta contundente, no podemos permitir la violación de los derechos a la intimidad, a la seguridad y a la libertad de ningún colombiano aquí o en La Habana, no podemos permitir la fractura del principio de la Confianza legítima que todos depositamos en nuestro Estado, no podemos permitir que este tipo de acciones no sean investigadas por la justicia y que sean adjudicadas las responsabilidades penales del caso hasta llegar a sus autores intelectuales y sobre todo no podemos permitir que por este tipo de acciones ilegales se torpedee el proceso de negociación con las FARC, que debe ser una apuesta de todas y todos nosotros para conseguir una paz sostenible y duradera de una vez por todas.
En ese sentido, creo necesario recordar que a la luz de nuestro Ordenamiento Jurídico, las Fuerzas Militares no tienen funciones de Policía judicial que para realizar una interceptación deben contar con la anuencia de un juez, con la presencia y la supervisión de funcionarios del CTI y de fiscales para garantizar la legalidad de las interceptaciones; sobre todo que la sociedad colombiana tiene derecho a saber: cuál era el destinatario final de toda la información recolectada.
Será pues tarea de la justicia averiguar por qué y para quién funcionó la fachada de 'Andrómeda' y si se trata de “ruedas sueltas” en el Ejército o por el contrario, si se trata de un entramado político y militar en contra de la paz en Colombia.
Tomado de Caja de Herramientas Edición N° 00386 – Semana del 7 al 13 de Febrero– 2014
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