Agosto 28 de 2012. Susana Muhamad, Secretaria Distrital de Ambiente, le pidió al Concejo de Bogotá votar ponencia negativa a los proyectos de acuerdo sobre la reglamentación de la publicidad exterior visual en Bogotá, y propuso implementar una mesa entre la Administración, el Cabildo y la ciudadanía para crear un estatuto con argumentos técnicos y jurídicos.
“La manzana aún no está madura para recogerla”. Así se refirió la Secretaria Distrital de Ambiente, Susana Muhamad, ante los proyectos radicados por el Concejo de Bogotá que pretenden regular la publicidad exterior visual en la capital.
La funcionaria fue enfática en asegurar que Bogotá merece un estatuto de publicidad exterior visual con sustentos legales y técnicos, por lo cual se comprometió a trabajar de la mano con el Concejo para su creación y pidió votar ponencia negativa a los proyectos propuestos.
“Debemos tener en cuenta los avances alcanzados por la Secretaría de Ambiente para el control de la publicidad exterior visual, y con esto crear una mesa con el Cabildo Distrital y la ciudadanía para conformar un estatuto digno para la ciudad”.
Según Muhamad, lo propuesto en el proyecto de acuerdo del Concejo no está sustentado técnicamente, específicamente el cambio de las vallas tubulares por pantallas luminosas (tipo LED), las vallas móviles y el registro de avisos solo para los que superen los 8 metros cuadrados.
“Las vallas móviles están prohibidas en Bogotá desde hace más de 10 años, y si empiezan a circular por las calles sin ningún tipo de control la movilidad se vería afectada. En el caso del cambio de las vallas tubulares por pantallas tenemos que pensar en el consumo de energía que esto representaría y en el peligro que representaría para los conductores el exceso de luz en las vías”.
La funcionaria manifestó que el 80 por ciento de los avisos que están instalados en Bogotá no superan los 8 metros cuadrados, por lo cual si se le quita la potestad de regular los registros de estos elementos a la Secretaría de Ambiente, que podría dejar de recaudar $15 mil millones por los registros, que en tres años sumarían $45 mil millones.
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