La decisión del nuevo Sistema de Medios Públicos abrió un debate nacional sobre libertad de información, comunicación territorial y cumplimiento del Acuerdo de Paz
Bogotá. Lo que comenzó el 18 de agosto como una suspensión temporal de la programación habitual de las Emisoras de Paz terminó convirtiéndose en uno de los primeros grandes debates sobre libertad de información durante el nuevo Gobierno.
La medida fue impartida por la nueva administración de Inravisión —antes RTVC—, encabezada por Ángela María Mora Soto. La instrucción había sido comunicada el 17 de agosto y significó que las 20 Emisoras de Paz dejaran temporalmente sus espacios informativos, culturales, pedagógicos y regionales para transmitir una programación musical centralizada desde Bogotá. La decisión también alcanzó a 11 emisoras descentralizadas de Radio Nacional de Colombia.
No se trató, técnicamente, de un apagón de las frecuencias. Las emisoras continuaron transmitiendo. Lo que cambió fue su contenido: las voces producidas desde los territorios dejaron de ocupar temporalmente el espacio habitual en la programación.
Y allí aparece la pregunta de fondo: ¿puede una reorganización administrativa de los medios públicos terminar afectando el derecho de las comunidades a recibir información desde sus propios territorios?
Emisoras nacidas de la paz
Las 20 Emisoras de Paz no son unas emisoras públicas convencionales.
Su origen se encuentra en el punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz de 2016, que contempló herramientas de difusión y comunicación destinadas a fortalecer la información regional, la pedagogía sobre el Acuerdo, la convivencia y la reconciliación.
Estas emisoras fueron instaladas precisamente en territorios profundamente afectados por el conflicto armado y tienen entre sus propósitos dar espacio a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas, organizaciones sociales y procesos comunitarios.
Para la FLIP, la suspensión de la programación informativa y territorial restringió el acceso a información local de más de 463.000 personas en municipios PDET. La organización, junto con otras entidades defensoras de la libertad de prensa, reclamó el restablecimiento de la programación.
La Defensoría del Pueblo también pidió reevaluar la decisión y destacó la importancia de mantener la programación regional de estas emisoras.
¿Por qué el Gobierno tomó la decisión?
La nueva administración de Inravisión argumentó que recibió un Sistema de Medios Públicos que debía ser revisado integralmente.
Entre las medidas anunciadas estuvo la revisión de contenidos, contratos y formatos, con el propósito declarado de transformar el sistema y evitar que los medios públicos fueran utilizados como instrumento político.
La nueva administración sostuvo que la futura programación tendría como pilares la cultura, el arte y la educación, y que buscaría reconocer la diversidad regional y dar espacio a las diferentes voces del país.
El Gobierno también cuestionó aspectos administrativos y contractuales de la anterior administración. Sin embargo, una cosa es investigar posibles irregularidades y otra diferente es demostrar que las Emisoras de Paz, como tales, hayan incurrido en ellas.
Precisamente por eso, la discusión pública no puede confundirse: la revisión administrativa de un medio estatal no elimina el derecho de las comunidades a recibir información.
La alerta de quienes defienden la libertad de prensa
La Fundación para la Libertad de Prensa expresó preocupación no solamente por la suspensión de la programación, sino también por las afirmaciones de funcionarios y dirigentes políticos que calificaron las Emisoras de Paz como instrumentos de propaganda de las antiguas FARC o del ELN.
La FLIP advirtió que este tipo de señalamientos puede estigmatizar a periodistas y comunidades y aumentar los riesgos para quienes trabajan en regiones afectadas históricamente por la violencia.
El entonces director de Radio Nacional de Colombia, Alexei Castaño, también defendió públicamente la importancia de la radio pública territorial, especialmente en momentos de emergencia, cuando la comunicación con las regiones puede ser determinante para las comunidades.
La justicia intervino
El debate llegó a los tribunales.
El senador Iván Cepeda promovió una acción de tutela argumentando una posible vulneración de los derechos a la libertad de expresión, información y paz.
El Juzgado 32 de Ejecución de Penas de Bogotá, sin embargo, negó la tutela. Según la información divulgada por el Ministerio TIC y por Inravisión, el despacho consideró que no existió un acto administrativo destinado a eliminar o clausurar las Emisoras de Paz, que las señales nunca dejaron de transmitirse y que el cambio correspondió a un esquema transitorio de reorganización de la programación.
Este elemento es fundamental: la justicia no calificó la medida como censura.
Por ello, periodísticamente no sería correcto afirmar que quedó demostrado que el Gobierno incurrió en censura.
Pero tampoco desaparece la discusión sobre el derecho a la información.
Las emisoras regresaron, pero con otro nombre
La situación tuvo una nueva modificación en septiembre.
Desde el 7 de septiembre, 16 estaciones que anteriormente eran conocidas como Emisoras de Paz comenzaron una nueva etapa bajo el nombre “Emisoras de la Reconciliación”, con programación local renovada, según informó oficialmente Inravisión.
Sin embargo, cuatro estaciones —Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta— quedaron sometidas a un cese de emisión debido, según la explicación oficial, a problemas relacionados con los requisitos legales de sus concesiones.
Inravisión sostiene que esas cuatro emisoras fueron puestas en funcionamiento en 2024 sin que hubiera culminado el trámite de las concesiones correspondientes y que permanecerán fuera del aire hasta que se subsane la situación jurídica.
El verdadero debate
Más allá de la disputa política entre el Gobierno anterior y el actual, existe una pregunta que interesa a todos los colombianos:
¿Qué papel deben cumplir los medios públicos en una democracia?
El artículo 20 de la Constitución Política garantiza la libertad de expresar y difundir el pensamiento y las opiniones, pero también reconoce la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial.
Por eso, cuando una emisora pública llega a territorios donde existen pocas alternativas informativas, su importancia no puede medirse únicamente por el número de personas que la escuchan.
Una emisora territorial puede convertirse en puente entre una comunidad y el Estado; puede informar sobre una emergencia, denunciar una necesidad, divulgar una decisión administrativa, visibilizar a una organización comunitaria o simplemente permitir que una población escuche su propia voz.
Ese es, precisamente, el valor que está en juego.
¿Reorganización o riesgo para la información territorial?
La suspensión de agosto no terminó con el cierre definitivo de las Emisoras de Paz. La decisión judicial tampoco encontró demostrada una vulneración de los derechos fundamentales invocados.
Pero los cuestionamientos de la FLIP y de la Defensoría del Pueblo muestran que el asunto no puede reducirse a una discusión administrativa.
La radio pública tiene una responsabilidad particular: garantizar que las regiones también puedan hablarle al país y que el país pueda escucharlas.
Por eso, más que preguntar solamente si hubo censura, conviene mantener abierta una pregunta todavía más profunda:
¿Puede existir una verdadera democracia informativa si las comunidades pierden la posibilidad de producir y difundir desde sus propios territorios la información que les afecta?
La respuesta a esa pregunta no corresponde únicamente al Gobierno de turno.
Corresponde a toda la sociedad colombiana.
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