Centro de Estudios en Desarrollo y Territorio, Universidad de La Salle
Con bastante timidez las autoridades económica del país, aunque también los empresarios e incluso Centros de Investigación de alto prestigio como Fedesarrollo, han comenzado a proponer la eliminación de los parafiscales como una alternativa a la generación de empleo formal en el país. Es decir, de abaratar el trabajo esperando con ello estimular la generación de empleos formales y decentes. Se trata de una medida que en palabras del Ministro Mauricio Cárdenas obedece a criterios de horizontalidad de las políticas públicas.
No es de extrañar estas posiciones en la “nueva época” de la cartera de Hacienda, se tiene en realidad una continuidad de la gestión conservadora del Ministro Echeverry; Cárdenas dará una secuencia no solo de escuela de pensamiento sino de políticas encaminadas a eso, a la horizontalidad, a la creencia neoliberal de que las políticas deben de ser iguales para todos y que sea el mercado quien dictamine.
Y acá está, los parafiscales serán asumidos no desde una reforma laboral sino como un asunto tributario. Lo que en principio no es extraño, teniendo en cuenta que estos representan un aumento en los gastos laborales, que se utilizan para financiar tres programas que esencialmente responden a temas de equidad y redistribución: Las cajas de compensación, el Sena y el ICBF.
Sin embargo, el tema debe de analizarse sin los apasionamientos propios de quienes buscan mejorar sus condiciones de rentabilidad, propongo entonces los siguientes puntos de estudio para el debate:
1. Nominalmente la carga parafiscal es del 9% sobre la nómina, esta se distribuye de la siguiente manera: Las cajas de compensación (subsidio familiar) 4%; para el Sena se destina el 2% y para el ICBF el 3%. En términos reales esto no es así, ya que los empresarios pueden descontarse estos aportes en su declaración de renta, llevándolos como un mayor gasto; en definitiva por cada 100 pesos de gastos en nómina los empresarios deben de aportar 9 pesos, así se lleva al gasto 109. Con un impuesto a la renta del 33% el efecto real, el costo definitivo para los empresarios baja a 6.03% y el Estado o sea la sociedad termina asumiendo un 2.97%, es decir el 33% del 9% pagado. Es otras palabras, el empresario va a pagar menos porcentaje por los parafiscales (2.97%) de lo que pagaría si no los pudiera descontar.
2. No obstante lo anterior, es necesario reconocer que esto es una carga bastante alta para los empresarios (aunque no sea del 9% sino de 6.03%) que tienen que competir en contextos internacionales donde no existen estos costos. Eliminar este sobre costo al empleo formal puede tener, aparentemente, una pretensión competitiva interesante, pero esto no necesariamente va a redundar en que los empresarios salgan a contratar a sus trabajadores bajo una figura de contrato diferente. De esta manera, si un empresario utiliza la figura de ordenes de prestación de servicio o cualquiera otra que no le obligue a pagar parafiscales y aportes al sistema de protección social, si se le quitan los parafiscales ¿por qué se va a pasar de contrato sabiendo que lo obligaría a realizar aportes a salud, pensiones y riesgos profesionales, incrementando sus gastos laborales que es precisamente lo que quiere evitar?
3. Resulta paradójico que ahora son los empresarios quienes presionan por la eliminación de los parafiscales cuando son estos los que les han permitido tener un nivel de salario bajo, haciendo que este tipo de instituciones concurran a la protección de las familias y a la formación laboral; así mientras en Colombia el salario mínimo está en 315 dólares, Argentina (545), Panamá (432), Paraguay (410), Chile (388), Brasil (388) y Venezuela (361) tienen salarios superiores, sin que esto les represente inferioridad competitiva. Es decir, en realidad este no parece ni debe de ser el argumento.
4. El presupuesto del Sena para el año 2012 es de 2.2 billones de pesos, el ICBF tiene 3.3 Billones mientras que las Cajas de Compensación Familiar manejan recursos por 3.5 billones, es decir, las necesidades financieras que cubren los parafiscales representan cerca de 9 billones de pesos, el 6% del Presupuesto General de la Nación.
5. De esta manera, retomar 9 billones de pesos no será tarea fácil para el Ministerio de Hacienda, pero tampoco imposible. Obviamente se tendrán que definir prioridades, por ejemplo, pensar si es necesario unas instituciones tan robustas como las cajas, el ICBF o el propio Sena. Si las exenciones y beneficios tributarios, que ascienden precisamente a esa cifra, se justifican estratégicamente. Si vale la pena realizar mayores esfuerzos en el recaudo, por ejemplo de manera plausible la Dian ha recaudado más de 20 billones de pesos en el 2012 producto de su mayor eficiencia. Todo esto sin mencionar otras estrategias posibles para financiar estas instituciones.
6. Si se elimina la carga de los parafiscales de las empresas quedan varias dudas. La primera: ¿cómo se van a financiar los recursos necesarios para las instituciones que dependen de ellos, que parece ser la única preocupación hecha pública. Segunda, si no es posible tener impuestos de destinación específica, ¿será necesario que los presupuestos de estas entidades hagan parte del presupuesto general de la nación? La tercera, ¿las cajas se compensación se tendrán que convertir en empresas públicas?
7. Se está proponiendo la eliminación de los parafiscales sin que exista un debate previo frente a qué hacer con las instituciones que soportan su funcionamiento con ellos. Será necesario entrar a evaluar una a una, tanto su carácter como su desempeño, esto de manera certera, independiente de las decisiones que se deban de tomar. Es decir, y esto es muy importante tenerlo en consideración: una cosa son las funciones y otra muy diferente el desempeño institucional.
8. Por ejemplo, es indiscutible la necesidad de programas de formación para el trabajo, pero también es reconocida la situación de desarticulación del Sena, una cosa es su dirección nacional y otras muy diferentes las realidades en las distintas regionales, por poco son islas, fortines de intereses políticos donde la formación termina siendo el vínculo a compromisos políticos y electorales. Sin embargo, los ejemplos podrán darse de manera positiva o negativa, son disímiles, y las urgencias por reformas profundas en la institución son evidentes. Igual ocurre en el ICBF, con escándalos de corrupción mayores porque el tema de la niñez es bien sensible, y lo debería ser aun más.
9. El tema de las cajas de compensación familiar sí que es importante, desde allí se han generado alternativas de distribución de ingreso que les ha permitido a los trabajadores y sus familias mejores condiciones de vida. Son instituciones enraizadas en las poblaciones trabajadoras e incluso tienen codirección entre empresarios y sindicatos. Pero amerita que se evalúen a profundidad: sus labores de accesos de productos de consumo las han ido dejando a los grandes supermercados; la actividad turística se asemeja en costos a los operadores privados, excediéndolos en algunos casos; los auxilios de vivienda quedarán rezagados ante las políticas actuales del Gobierno, entre otras situaciones que podrían evaluarse para definir si es desde entidades aparte de los ministerios o son estos quienes deben de asumir el compromiso con la redistribución del ingreso o mejor, de posibilitar el acceso de las familias a bienes meritorios. Es más, buena parte de estas actividades, como la entrega de subsidios, lo podrían hacer directamente las empresas y descontarlos después de los impuestos, como cuotas adelantadas, por ejemplo.
En definitiva, la eliminación de los aportes de los parafiscales podría ser una adecuada estrategia para reducir cargas a las nóminas de las empresas, sin que al país se le diga que esto va a representar formalización del trabajo o que será una estrategia para el trabajo decente. No hay necesidad de mentir, se eliminan y punto.
Ahora, lo importante es que se trabaje por tener unas políticas claras frente a las funciones que realizan las instituciones que reciben los aportes parafiscales. Así, los subsidios a las familias, las madres comunitarias, la protección a la niñez y adolescencia, la formación para el trabajo, el acceso a vivienda y el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, entre otras, son actividades que se deberán proteger y respaldar desde las políticas públicas.
Frente a las instituciones que hoy las rigen, es decir, el Sena, el ICBF y las cajas de compensación, ya es hora que el país evalúe su viabilidad, como sociedad estamos pagando demasiado dinero para sostener lo que se ha convertido en verdaderos fortines políticos y de corrupción.
He acá la real discusión, se requieren políticas de distribución del ingreso y pensamos que el problema es su financiación, pues no, los recursos existen; todo parece indicar que estamos terminando por proteger las instituciones que no son, y de esto poco se quiere hablar; obviamente “no es políticamente correcto”.
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