miércoles, 17 de julio de 2013

Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirma mandamiento de pago a favor de ETB


•       Claro-Comcel había interpuesto recurso de reposición e incidente de nulidad contra la providencia emitida en junio último. Justicia da la razón, una vez más a ETB.
•       Decisión se produce luego de fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que desestima recursos de Claro-Comcel.
•       Historia judicial del conflicto de ETB contra Claro-Comcel da la razón a compañía de los bogotanos.

Bogotá, 17 de julio de  2013.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió confirmar el auto mediante el cual libró mandamiento de pago en contra de Claro-Comcel y a favor de ETB, por $152.925.610.631,00, más los intereses de mora.
Este aval a ETB, uno más a su reclamación de pago de lo que le debe Claro-Comcel, se da precisamente en el marco del proceso ejecutivo que la empresa de los bogotanos adelanta contra esta multinacional.
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue dada a través de autos, del 15 de julio, donde rechazó, en primer lugar, el incidente de nulidad promovido por Claro-Comcel y confirmó la orden de librar mandamiento de pago, desechando el recurso de reposición  promovido también por la  multinacional. Este respaldo judicial a ETB se da luego del fallo del Tribunal Superior Andino de Justicia, que desestimó la petición de reapertura de los laudos arbitrales en contra de ETB y que anuló esta corporación.
ETB hace un llamado al Gobierno nacional, a las entidades  reguladoras del sector de telecomunicaciones y de Comercio Exterior, y a la justicia, para que observen y tomen medidas frente a la renuencia de Claro-Comcel a cumplir los fallos y sentencias judiciales. ETB se pregunta si consideran que la multinacional Claro está por encima de la Constitución y las Leyes colombianas.
ETB quiere saber,  si además de permitirle a una multinacional competir en condiciones de cuasi monopolio, también se le va a permitir  desacatar las decisiones judiciales y las normas colombianas para evadir el necesario control de las autoridades y afectar a una compañía que es patrimonio de todos los colombianos, como es la Empresa de Telecomunicaciones Bogotá.

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