La decisión del Procurador General de la Nación desconoce de fondo la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y deja en evidencia el abuso de poder, la extralimitación de funciones contra los principios constitucionales internos.
Detrás de ésta decisión se está negando la posibilidad de ejercicios de Gobierno en defensa de lo público, en la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales y, la protección de los bienes comunes, como el agua a través de la política pública.
Aquí no valen hoy el personalismo, la vanidad o los cuestionamientos por limitaciones en la gestión, nuestra democracia se está desmoronando en un momento donde se requiere dar bases a una política pública, en donde se asiente la solución del conflicto armado y una democracia pluralista.
Invito a las colombianas y colombianos a reflexionar sobre las graves consecuencias de este tipo de decisiones contra la democracia y el Estado Social de Derecho, que decimos compartir como horizonte desde la Constitución del 91.
Reitero mi solidaridad con Gustavo Petro y los invito a sumar esfuerzos, más allá de las acciones jurídicas a las que tiene derecho, a impulsar apuestas politicas y de relacionamiento social, que permitan la asunción de la democracia añorada por los excluidos y sectores medios en Colombia.
Piedad Córdoba Ruíz.
Poder Ciudadano.
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