Resistencia en la Plaza

Héctor Alonso Moreno
Profesor asociado – Universidad del Valle



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El país ha conocido de una nueva decisión de destitución e inhabilidad por 15 años a manos del procurador Alejandro Ordóñez. En esta ocasión Gustavo Petro, alcalde de Bogotá, ha sido el depositario de esta sanción con la curiosa explicación que expone el auto de la Procuraduría en el sentido que el hecho de devolverle la majestad del manejo de lo público en el negocio de las basuras al Distrito de Bogotá es un acto contrario a derecho y por lo tanto constituye una ilicitud sustancial. En otras palabras: es una falta disciplinaria gravísima para todo funcionario retomar la conducción estatal de las empresas públicas mediante decisiones administrativas.

En cambio, que se recuerde, nunca antes se ha destituido a ningún funcionario público- los cuales abundan por montones- por el hecho de promover y entregar lo público a manos de los particulares. Son varias las empresas del Estado que cada año se entregan al sector privado sin que ningún acucioso empleado de los órganos de control se inmute siquiera a abrir una indagación preliminar. Algunas de esas privatizaciones, por todos es conocido, han sido con el beneplácito de funcionarios corruptos que han blindado esos procesos con la ayuda de coimas y sinecuras que por debajo de la mesa han dado personajes siniestros del sector privado que, validos además de artimañas y desprestigiando la actividad pública, han usurpado, expoliado y patrimonializado por muchas décadas las empresas del sector estatal.

Argumentar que el sector público de la Capital de los colombianos no posee la experiencia para el manejo de las basuras y que en la implementación de la recolección de basuras por parte del Distrito hubo desorden y afectación del servicio durante tres días; de paso se puso en peligro la salud de los habitantes de la capital es un verdadero despropósito. Si bien es cierto, momentáneamente fue traumático el paso de la recolección de un sistema privado a uno público, ello en medida alguna puede ser considerado como una falta gravísima, a lo sumo podría constituirse como una falta leve que daría sólo para un llamado de atención al Alcalde, pues es necesario valorar que la intención de Petro nunca fue la de afectar el servicio ni a la ciudadanía.

Todo lo contrario, el propósito era mejorar el servicio como se evidencia en la actualidad y de paso sacar del negocio a los depredadores privados del erario público; quienes desde años atrás venían enriqueciéndose con los tributos de los bogotanos por el pago de este servicio; quienes según declaraciones a la Fiscalía de Emilio Tapias, sindicado de participar del carrusel de la contratación en Bogotá, fueron los responsables de sabotear la recolección de basuras en los días del caos. Tapias declaró que hubo un complot contra el Alcalde “Por los intereses que tenían los operadores privados en su momento, éstos se juntaron para no aceptar del Distrito la última prórroga que se les iba a hacer al contrato con el fin que se generara un caos en la recolección de basuras, caos que efectivamente se dio. Todo esto fue premeditado por los operadores privados”.

De tal manera, que el alcalde Petro nunca cometió falta disciplinaria alguna, pues ésta sólo existe a título de dolo o de culpa. No es posible establecer que exista dolo o culpa en la decisión de un Alcalde, que lleno de espíritu democrático, tomó la decisión correcta de devolverle al Distrito Capital el control y la administración de una de sus más importantes empresas públicas.

El procurador Alejandro Ordóñez, ha inaugurado con este auto sancionatorio un camino bastante peligroso que abre las puertas para que en el futuro los funcionarios que pretendan recobrar la majestad de lo público en el manejo de los negocios del Estado y desafiar así al depredador capital privado, deban primero medir las consecuencias.

El país conoció cómo el derecho disciplinario fue utilizado por este funcionario, como instrumento para perseguir a la comunidad negra en cabeza de Piedad Córdoba a quien destituyó con el peregrino argumento de reunirse con personas al margen de la ley, como si ejercer el deber funcional de ser Presidente de la Comisión de Paz del Congreso no implicara reunirse con gentes al margen de la ley. Pues claro, si uno es miembro de una comisión de paz, es apenas obvio que deba reunirse con los enemigos del Estado para buscar acuerdos de paz. El hecho de ser, la senadora Piedad Córdoba, en su momento, miembro de la comisión de paz del Congreso, la legitimaba y la autorizaba en sus funciones para reunirse con guerrilleros y demás personas que estuvieran al margen de la ley y con quienes se pretendía adelantar diálogos de paz.

Igualmente, se sabía con suficiente claridad la postura del procurador Ordóñez, quien ha pretendido utilizar el derecho sancionatorio disciplinario para intimidar a la población homosexual e impedir que médicos y trabajadores del sector de la salud acaten las disposiciones legales; que las mujeres tienen sobre el derecho al aborto para los tres casos reiterados en sentencias por el máximo Tribunal Constitucional Colombiano. En cambio, el procurador Ordóñez no ha tenido tal diligencia para destituir severamente a los corruptos del Carrusel de la contratación en el Distrito Capital denunciados por el propio Petro, ni tampoco a los responsables de genocidios como los falsos positivos en Soacha. Ni ha estado presto a colaborar vigilando las investigaciones contra los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y a sus compadres de las altas Cortes que se han visto involucrados en actos contrarios a derecho como en el caso del llamado carrusel de las pensiones.

Es preciso llamar la atención sobre el exceso de poder y la arbitrariedad con que el Procurador ha venido utilizando este instrumento de aconductamiento de los funcionarios públicos. Es urgente revisar la norma constitucional en cuanto a la competencia frente a funcionarios de elección popular, pues se desconoce que el poder soberano reside de manera exclusiva en el pueblo y que es el constituyente primario el que elige y debe revocar su propia voluntad soberana; no permitir, bajo ningún pretexto, que un funcionario administrativo, omnímodo, sin quién lo ronde, sin autoridad judicial, disfuncional a la democracia, de inspiración divina y elegido por el poder público más corrupto que existe en Colombia como es el Senado de la Republica, se abrogue el derecho a destituir a funcionarios que difieren ideológicamente de él y que como en el caso de Petro el único delito que han cometido es tomar decisiones administrativas por el bien de la salud de las finanzas públicas y de los propios asociados.

Frente a la arbitrariedad del inquisidor Ordóñez, se impone la desobediencia civil, la movilización popular y la resistencia en la Plaza de Bolívar. Es perentorio exigir que se module la sanción por otra más acorde con los intereses generales de la ciudad y con las políticas administrativas de defensa de los intereses públicos de los ciudadanos capitalinos.

Los actos de desobediencia civil promovidos por Petro, no buscan la afirmación de un principio de rebeldía, sino, un llamado de atención a la autoridad administrativa sobre el hecho que una decisión o política sancionada por las autoridades debe ser proporcional al acto cometido. La aplicación de una sanción disciplinaria debe estar calculada no por el libre albedrío del funcionario que toma la decisión bajo el presupuesto de la sana critica, sino en función de determinar la afectación real y continua del servicio y de la violación del deber funcional por parte del servidor público, cosa que no ha ocurrido, ni tuvo la trascendencia social que el Procurador ha pretendido dar a la actuación del alcalde Gustavo Petro en el asunto de las basuras de la Capital. Por el contrario, esa sanción desproporcionada del Procurador le costará al erario público la bicoca de 50 mil millones de pesos, que es el costo estimado de unas nuevas elecciones para alcalde en la Capital.

Tomado de Edición N° 00381 – Semana del 13 al 19 de Diciembre – 2013