Las víctimas de actuaciones irregulares de la Fuerza Pública, especialmente en el marco de las movilizaciones en apoyo al paro agrario del pasado mes de agosto, tuvieron la posibilidad de contar sus historias, mostrar pruebas y denunciar los atropellos cometidos por miembros de la Policía y el Ejército nacional.
Relatos de asesinatos, mutilaciones, agresiones físicas y verbales y uso desmedido de la fuerza, entre otros, fueron escuchados en el Salón Boyacá del Congreso de la República, durante la Audiencia Pública sobre el tratamiento de la fuerza pública a la movilización social.
La iniciativa, comandada desde el Congreso por el representante Iván Cepeda, fue apoyada por la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, que a través de Andrés Idárraga, volvió a insistir en la necesidad de crear un protocolo “que impida que sigamos perdiendo vidas en la ciudad por violaciones tan evidentes de los Derechos Humanos”.
Idárraga insistió en que “lo que le sigue preocupando a la administración distrital es que no existan garantías para la protesta pacífica y además, se ocultan y deslegitiman las razones de fondo para este tipo de expresiones de la ciudadanía”. Para el Distrito es fundamental que haya justicia ante estas denuncias y se busca que las investigaciones arrojen resultados concretos que no den paso a la impunidad.
Por su parte, el representante a la Cámara, Iván Cepeda, quien señaló que las protestas y movilizaciones “no vienen de la nada sino que responden a numerosos factores de la crisis que vive la sociedad colombiana”, reconoció que si bien en estas movilizaciones ha habido también agresiones a miembros de la Fuerza Pública, “estamos asistiendo a una profundización del desconocimiento de las libertades y los derechos de los ciudadanos.
El Distrito, a través del Alcalde Gustavo Petro y del Secretario de Gobierno, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha insistido en numerosas ocasiones en la idea de la protesta social como un derecho que tiene la comunidad y en ese sentido la respalda y la considera como la vía adecuada para manifestar sus inquietudes. Por eso, la creación e implementación de medidas que regulen el comportamiento de la Fuerza Pública y garanticen la libre expresión de los ciudadanos, es una acción urgente y necesaria para la protección de los derechos de la población.
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