Pedro Santana Rodríguez
Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
Recientemente César Rodríguez Garavito (El Espectador 04/07/2014) denunció el nefasto papel de la Procuraduría General de la Nación bajo el mando de Alejandro Ordoñez Maldonado en relación con la aguda problemática del agua y la muerte de miles de chigüiros en el Departamento del Casanare.
Mientras se presenta una aguda escasez de agua que ha llevado a la muerte ya reconocida de cerca de 10 mil chigüiros y centenares de vacunos, la flamante Procuraduría amenaza con abrir investigaciones a los alcaldes que quieren proteger sus recursos hídricos. El columnista señaló que la Procuraduría Regional del Tolima había abierto investigación disciplinaria en contra del Alcalde de Piedras en el departamento del Tolima en donde más del 90% de los votantes resolvieron rechazar la instalación de sitios para la explotación del Oro de la mina La Colosa en el municipio de Cajamarca en el mismo departamento.
Los habitantes de Piedras no quieren que allí se haga parte de la explotación, pues, trasladarían hasta ese territorio miles de toneladas de material para extraer de allí el oro lo cual acarreará los efectos altamente contaminantes y por las grandes cantidades de agua que se requieren para su explotación.
La Procuraduría abrió investigación en contra del alcalde Arquímedes Ávila amparados en una particular interpretación del decreto 0934 de 2013 que prohíbe a las autoridades regionales “fijar zonas que queden excluidas y restringidas para la minería que corresponde única y exclusivamente a las autoridades mineras y ambientales, es decir, bien se puede haber presentado una extralimitación o usurpación de funciones”. En plata blanca que Arquímedes Ávila habría cometido por ello una falta disciplinaria. El pueblo marchó el sábado pasado en solidaridad con el Alcalde y en contra de la Procuraduría.
Es de anotar que el Alcalde de Piedras cumplió con todos los requisitos exigidos por las leyes. Sometió a consideración del Tribunal Administrativo del Tolima la pregunta de la consulta popular que se realizó en noviembre pasado en donde como ya se dijo más del 90% de los ciudadanos rechazaron la explotación del oro que pretende la multinacional Anglo Gold en esa región del país.
Pero lo más alarmante es que, hace como un mes, denuncia César Rodríguez en su columna, cuando se denunció la muerte masiva de chigüiros en el departamento de Casanare por falta de agua, la Procuraduría hizo control de advertencia para que el alcalde de Paz de Ariporo, Edgar Bejarano, se abstuviera de convocar a una consulta popular en su municipio afectado gravemente por la explotación petrolera y por la ganadería extensiva que han arruinado las fuentes de agua del municipio.
Pero eso mismo hizo con el alcalde de Tauramena por la consulta que organizó en el mes de diciembre en la que ganaron los defensores del agua y lo propio ha hecho la Procuraduría con los alcaldes de Yopal la capital del departamento que vive una crisis por falta de agua desde hace tres años y lo mismo hizo con los alcaldes de Monterrey, Recetor, Nunchia, Aguazul y Hato Corozal.
Este es el Procurador que tenemos. El que destituyó a Alonso Salazar que acaba de ser rehabilitado por el Consejo de Estado por una abierta arbitrariedad. El mismo que destituyó a Petro y ahora desvergonzadamente quiere una tímida reforma a un organismo que ha envilecido con sus arbitrarias y autoritarias decisiones.
Lo que hay que hacer, y aquí proponemos, es un amplio movimiento ciudadano en defensa de los alcaldes amenazados y que se pueden amparar en el fallo de la Corte Constitucional (9 – 123 de 2014) que reitera la facultad constitucional de los alcaldes y concejos municipales para regular el uso del suelo y sus fuentes de agua. La Corte ordenó que antes de autorizar proyectos mineros o petroleros en un territorio, el gobierno nacional “deberá dar la oportunidad a las entidades municipales o distritales involucradas de participar activa y eficazmente en dicho proceso, mediante acuerdos sobre la protección de cuencas hídricas y la salubridad de la población, así como del desarrollo económico, social y cultural de sus comunidades”. Aun así, el autoritarismo de la Procuraduría que debería proteger el interés público y el interés general de las comunidades, protege es a las multinacionales. Esa es la Procuraduría que nos eligieron los Congresistas con el tácito apoyo de Santos.
Nuestra propuesta es iniciar un movimiento de repudio nacional contra el señor procurador Ordoñez y de respaldo a las autoridades locales amenazadas por este oscuro personaje.
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