martes, 30 de abril de 2013

Castigan a una mujer por denunciar caso de acoso sexual en el Fondo de Vigilancia del Distrito


Un falso positivo, amenazas contra su vida y la de su madre ha enfrentado la abogada Stella García por exigir justicia y atreverse a no desestimar ese delito.

El próximo 30 de abril a las 11:00 a.m. ante el Juez 20 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Stella García, abogada y ex funcionaria del Fondo de Vigilancia del Distrito, asistirá a la audiencia de acusación en su contra por el supuesto delito de porte ilegal de armas, un ‘falso positivo’ en que se ha visto involucrada tras denunciar que fue víctima de acoso sexual cuando trabajaba esa entidad pública.

Mientras el proceso por porte ilegal de armas avanza, su demanda como víctima de acoso sexual, instaurada con su denuncia del pasado 26 de octubre de 2012, ha pasado por tres fiscales diferentes y continúa en indagación.

Al falso positivo se suman otras acciones de castigo como las amenazas contra su vida y la de su madre, la pérdida del empleo y la denuncia, ya archivada, por injuria y calumnia instaurada por el perpetrador del acoso sexual por atreverse a exigir justicia y no desestimar ese delito.

“Muchas amigas no me volvieron a hablar, no me dan trabajo desde hace cuatro meses porque ‘soy la mujer problema’, la que denuncié y en mi familia dicen que si yo me hubiera quedado callada por el acoso sexual, no tendría el problema del falso positivo”, relata García sobre las presiones que vive actualmente por atreverse a denunciar que fue víctima de violencia sexual en su entorno laboral donde otras compañeras también perdieron el empleo por haber respaldado su denuncia.

Para la Corporación Sisma Mujer, organización no gubernamental que reivindica los derechos de las mujeres víctimas de todas las formas de violencia, este caso de castigo revela la ausencia de medidas de prevención y atención para las mujeres víctimas de violencia sexual y que, como Stella García, se enfrentan al escepticismo y desconocimiento de cuáles son las conductas que constituyen el delito de acoso sexual por parte de las autoridades responsables de llevar procesos penales y disciplinarios, así como la normalización de estas conductas a nivel social.

“Las mujeres enfrentan contextos laborales y sociales hostiles, que las señalan como un problema o un peligro para el buen ambiente laboral, para la reputación de la empresa o entidad pública, que en muchos casos, no tienen mecanismos para incentivar y respaldar las denuncias por acoso sexual, ni brindan la atención en salud física y psicológica necesaria”, explicó Claudia Mejía Duque, directora de Sisma Mujer.

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