Por: Hernán Durango.
Una fuerte denuncia pública y protesta ante comunidad nacional e internacional realizaron desde la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba los directivos de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos "ANUC- seccional Cordoba", Rosmy Rojas Luna (presidente) y Luis Perez Rossi, secretario, frente a las irregularidades cometidas por un comando de las fuerzas armadas del estado colombiano que realizó allanamientos contra las comunidades agrarias en el corregimiento de Buenos Aires, vereda Las Pavas del municipio de Canalete, Córdoba, el día sábado 10 de junio de 2017.
Según el comunicado de la ANUC ese día hombres de Ejercito Nacional y Policía irrumpieron ese día a las 2:30 a.m. alterando la tranquilidad del descanso de las familias campesinas y víctimas beneficiarios desde hace apenas 1 año, de la parcelación Santa Cruz, en proceso de reubicación, caso Jaguar, en el sector mencionado anteriormente.
Los integrantes del comando de las fuerzas armadas del Estado colombiano, compuestos por el Ejército Nacional, Policía Nacional y civiles de la Sijin, violentaron cuatro casas de campesinos, partieron las puestas, cometieron un acto de tortura psicológica y física, ya que los sacaron a sus ocupantes al patio los pusieron de rodillas alrededor de dos horas que dura el operativo, y con ellos las esposas, hijos y nietos niños pequeños, les preguntaban si en donde estaban las armas, gritándolos con palabras impropias muy groseras propias de los militares y policías, hasta el punto de interrogar a los niños que les dijeran en donde estaban las armas, le hicieron dos disparos en la oreja al señor Francisco Vergara, líder de la parcelación perteneciente a la Anuc, y también lo patearon y cachetearon, no les presentaron orden de allanamiento, indica el documento de la asociación campesina.
La junta directiva de Anuc exige a las autoridades que esclarezcan estos hechos, porque y de sonde surgieron dichos allanamientos y se tomen los correctivos necesarios y resarcir los daños causados a los habitantes.
“Exigimos a las autoridades competentes que esclarezcan esta violación de derechos humanos a una asociación declarada víctima del conflicto armado del país por la Unidad Nacional de Víctimas, y que con estos hechos están revictimizando a nuestra asociación por parte del mismo estado con sus fuerzas armadas regulares”, señalan.
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