La Administración Distrital propone al Gobierno Nacional dar solución de fondo a la problemática de hacinamiento y vulnerabilidad de los derechos de las personas detenidas de manera preventiva en URIS y estaciones de policía, tal como se evidenció en la visita realizada a comienzos del mes de diciembre, cuyos resultados fueron puestas en conocimiento de la Mesa Interinstitucional, convocada por la Procuraría General de la Nación.
“Esta problemática no es exclusiva de Bogotá, por lo que hacemos un llamado al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia, para resolver este problema que se encuentra prácticamente en 'emergencia carcelaria', pues de los 285 personas que se encuentran detenidas en las cuatro URI y la Sijín, de la ciudad, 154 ya están condenadas pero no han podido ser trasladadas a centros penitenciarios debido a la 'operación reglamento' que adelanta el INPEC, lo que está afectando los derechos de los detenidos”, señaló Ricardo Bonilla González, Alcalde Mayor de Bogotá(E).
Destacó el funcionario que esta administración adelantó visitas de inspección, con un equipo interdisciplinario, a las estaciones de policía, a las cuatro URI existentes, y a la Unidad Permanente de Justicia (UPJ).
“Los resultados del diagnóstico arrojaron que hay un índice preocupante de violación de los Derechos Humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, debido al hacinamiento que se presenta en esos lugares provisionales, lo que, en algunos casos, sobrepasa el 100% de la capacidad instalada, ya que no cuentan con la competencia para albergar personas privadas de la libertad, con su situación jurídica ya definida”, puntualizó el funcionario.
Agregó Bonilla que estas instalaciones tienen condiciones sanitarias insuficientes, por lo que se presentan casos en que se destina un solo baño para más de 60 personas.
“Otro tema preocupante que encontramos, es el de la alimentación y su distribución, ya que no se está cumpliendo con los tiempos y horarios de entrega, lo que ha ocasionado que en algunos casos los alimentos lleguen en estado de descomposición”, agregó el alcalde encargado.
Finalmente, señaló el funcionario que la Policía Metropolitana, a través del General Humberto Guatibonza, continuará adelantando gestiones tendientes a garantizar el traslado de detenidos a sitios carcelario de otras ciudades.
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