Con el slogan "Porque pueden más los sueños que los recuerdos", la Asociación de Víctimas de Apartadó (Asovima) y la Junta de Acción Comunal del Barrio Obrero, lideran una serie de eventos deportivos, culturales, pedagógicos y recreativos para conmemorar los 20 años de la masacre de La Chinita.
El objetivo es "dignificar a las víctimas de este genocidio”, por lo que convocaron a las víctimas de desplazamiento forzado ocurridos por los hechos de la masacre que dejó un saldo de 35 muertos, tras la incursión realizada presuntamente por un grupo de las FARC en una fiesta comunitaria el 23 de enero de 1994.
Los actos de conmemoración que se harán en el Barrio Obrero este jueves, cuentan con el apoyo del Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Atención a Víctimas, la Alcaldía de Apartadó, la Personería Municipal, el Concejo Municipal, Sintrainagro, Corpolibertad, la Fundación Cultura Democrática, la Fundación Madres de la Candelaria, Usaid, OIM y Pastoral Social Diócesis de Apartadó.
La masacre de La Chinita está considerada en uno de los estudios de graves casos de violaciones sucedidas contra la población civil en el contexto del conflicto armado colombiano. El Centro Nacional de Memoria Histórica avanza en la reconstrucción del caso en aras de contribuir a esclarecer los hechos en búsqueda de la verdad y como parte de los esfuerzos por la reparación de las víctimas.
El proceso de reconstrucción de la memoria y de apoyo al empoderamiento de las víctimas empezó hace cuatro años, cuando un grupo de investigadores de la Fundación Cultura Democrática (Fucude), llegó al barrio e inició una labor de acompañamiento y de recepción de testimonios, en actuación coordinada con el entonces Grupo de Memoria Histórica, antecedente del actual Centro Nacional de Memoria Histórica.
"Aún existe mucha confusión e incomprensión de lo que sucedió en las décadas anteriores en Urabá, una de las zonas más afectadas por la confrontación bélica y la violencia socio política del país en las últimas décadas, que además no ha tenido el nivel necesario de recuperación en términos de la memoria histórica de lo sucedido”, consideró Álvaro Villarraga Sarmiento, director de Acuerdos de la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica y coordinador de la investigación del caso emblemático
Si bien hay antecedentes -como son los informes de varias entidades de derechos humanos, recientes revelaciones de jefes paramilitares desmovilizados en versiones libres y fallos recientes de Tribunales de Justicia y Paz y en el ámbito internacional por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- la recuperación de la memoria histórica sobre lo sucedido es aún insuficiente, parcial y aún no se logra la actuación de las víctimas en Urabá con el adecuado marco de garantías.
Urabá fue una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado, la violencia sistemática y la ocurrencia de sucesivas masacres entre finales de los años 80 y durante buena parte de los años 90. Como lo refiere el Informe ¡Basta Ya! y otros informes, y tal como lo empiezan a establecer actuaciones de la justicia interna e internacional, existieron responsabilidades que comprometen a los distintos grupos armados en tal situación, quienes ocasionaron una dramática y extendida crisis humanitaria en la región.
Sólo entre 1986 y 1996 ocurrieron en la región alrededor de 60 masacres y se prolongaron en el tiempo los más altos niveles de desplazamiento forzado, de homicidios y de desapariciones, en medio de un escenario de reconfiguración del conflicto armado que incluyó la afectación al proceso de paz firmado entre el Gobierno y el Ejército Popular de Liberación (EPL), de manera que mientras buena parte de sus ex integrantes terminaron en condición de víctimas otros fueron asimilados a grupos armados ilegales e, inclusive a los grupos paramilitares los cuales cobraron particular fuerza y hegemonía en esta región en los años 90. En tal situación en Urabá se vivió en los primeros años de esa década una acción que involucró de una u otra forma a todos los actores armados, de forma que se produjo el exterminio recíproco de los entornos sociales y políticos más representativos: los movimientos políticos Unión Patriótica y Esperanza, Paz y Libertad y el sindicato de trabajadores bananeros Sintrainagro.
Neyla Hernández, una de las investigadoras de Fucude-CNMH, aseguró que además de conocer la verdad de los hechos, "las víctimas de La Chinita han expresado que esperan que en el marco de la negociación de paz en La Habana, las FARC se pronuncien frente al tema, pues hasta ahora no se ha reconocido la responsabilidad en esta masacre”.
Hoy las víctimas, agremiadas en la Asociación de Víctimas de Apartadó (Asovima), consideran que se deben pensar la reparación colectiva con inversiones en sectores claves como salud, educación, recreación y proyectos productivos, pero sobre todo esclareciendo la verdad de los hechos y con la atención debida a todo nivel con respecto al daño causado con la sucesión de masacres que afectaron al conjunto de la población.
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