Los ocupantes ilegales retiraron parte del jarillón, poniendo en riesgo la vida de todas las personas que residen en el sector.
Buena parte de la población tiene vivienda propia o aprobados subsidios para este fin y/o recibe ayudas de entidades distritales.
La Administración Distrital, en cabeza de la Secretaría de Gobierno (SDG), el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep), y la alcaldía local de Suba, avanza en la recuperación de la zona de reserva y preservación ambiental del río Bogotá en el sector de Bilbao, donde permanecían 398 ocupaciones ilegales y un total de 1.143 personas.
Con esta decisión protegemos la vida de todos los ciudadanos que viven en la ronda del río Bogotá. Los ocupantes venían retirando parte del jarillón, lo que incrementa el riesgo, y la posibilidad de desastre natural, ante el eventual desbordamiento del río especialmente en estas temporadas de lluvias.
La zona -polígono 041 de la UPZ Tibabuyes- se encuentra en los bienes de uso público del Inventario General de Espacio Público y Bienes Fiscales (con código RUPI 1605-85 Zona Verde Recreativa No. 3, 1605-87 Zona Verde Recreativa No. 5 y 27-9 Zona Recreativa – cesión tipo A Zona de Manejo y Preservación Ambiental- Z.M.P.A.).
Esta intervención se da luego de que la SDG encontrara que buena parte de los ciudadanos que permanecían en estos asentamientos, desde enero del año pasado, reciben beneficios por parte de entidades distritales, tienen subsidios aprobados de vivienda o ya cuentan con una propia y no son víctimas del conflicto armado.
Además, de acuerdo con información de las autoridades que está por constatar, personas inescrupulosas estarían cobrando dinero por permitir la ocupación ilegal.
Asimismo con esta acción se cumple la orden en primera instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con fecha del 16 de diciembre del 2003, y ratificada por el Consejo de Estado en segunda instancia, el 15 de junio del 2006, de “asumir medidas de carácter policivo tendientes a no permitir la ocupación en las zonas de impacto ambiental”.
Ciudadanos podrían vivir en zonas seguras
Mediante un diagnóstico elaborado por la Secretaría Distrital de Gobierno, la Administración confirmó que 114 familias están inscritas o tienen aprobado un subsidio de vivienda. No obstante, continúan en el lugar, poniendo en riesgo su vida y la de sus familiares.
Asimismo, se encontró que 55 familias son propietarias de predios, donde podría residir sin riesgo -35 ubicados en Bogotá y 20 en otras regiones del país.
Incluso, solo 51 personas de las que continuaban allí llegaron a ocupar la ronda del río tras ser víctimas de la violencia.
A esto se suma que 96 de estas personas hacen parte del registro de recicladores de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y reciben beneficios asociados a este programa. Otros 31 ciudadanos están inscritos como vendedores informales en el Instituto Para la Economía Social (Ipes) y pueden acogerse a los servicios y ayudas que esta entidad les brinda.
Pese a las advertencias que durante meses las autoridades distritales hicieron sobre el riesgo de continuar en zona de reserva y preservación ambiental del río Bogotá y de informarles sobre la oferta de servicios a la que pueden acceder, los ocupantes del terreno omitieron el llamado y continuaron en la zona. Finalmente, el pasado 13 de marzo se les solicitó-por medio de un acta de notificación de ilegalidad- la restitución integral y evacuación voluntaria del espacio público del polígono.
La recuperación de la zona fue posible gracias al apoyo y el acompañamiento de las secretarías de Ambiente, Salud e Integración Social, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Instituto para la Economía Social (Ipes), Instituto Distrital de Gestión del Riesgo (Idiger), Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) y Empresa de Acueducto, Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá, Policía Metropolitana de Bogotá, Bomberos, Defensa Civil y Personería de Bogotá.
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