Por: Julio Pulido (Poder Ciudadano)
En carta enviada al Ministro de
Defensa, Juan Carlos Pinzón, el Director de la División de las Américas de
Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, expresa como preocupante la que
él expone como “inminente aprobación del proyecto de reforma al sistema de
justicia militar que presentó al Congreso en septiembre de 2013”.
El proyecto de ley número 85 de 2013
presentado por el Ministerio de Defensa busca reestructurar la justicia
penal militar y policial, establecer requisitos para el desempeño de sus
cargos, implementar su Fiscalía General Penal Militar y Policial, organizar su
cuerpo técnico de investigación, señalar disposiciones sobre competencia para
el tránsito al Sistema Penal Acusatorio y garantizar su plena
operatividad en la jurisdicción especializada.
Para Vivanco el proyecto “estipula
que la justicia penal militar investigaría a militares acusados de
interceptaciones ilegales, tráfico ilegal de armas, y concierto para delinquir
(colaboración con paramilitares o BACRIM) con fines de tortura, desaparición
forzada y narcotráfico, entre otros delitos, lo cual prácticamente aseguraría
su impunidad”.
El proyecto de ley asigna en forma
expresa a los tribunales militares los delitos por los cuales la Fiscalía
impulsa actualmente los procesos de falsos positivos: homicidio agravado,
homicidio en persona protegida y homicidio. Lo que lo hace un proyecto de
ley que promueve la remisión de causas de la justicia ordinaria a la justicia
penal militar.
El director de la División de las
Américas de HRW recuerda que en octubre de 2013, la Corte Constitucional anuló
por vicios de procedimiento una enmienda constitucional de alcance similar al
proyecto que hoy se encuentra a punto de ser aprobado.
La ampliación del sistema de justicia
militar a violaciones de derechos humanos y del DIH que prevé el proyecto de
ley no solo contraviene reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional
de Colombia y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que se
aparta de las condiciones en materia de derechos humanos estipuladas por el
Congreso de los Estados Unidos para autorizar la asistencia militar a Colombia.
En la extensa carta, José Miguel
Vivanco pide al Ministro Pinzón retirar el proyecto de ley de reforma al
sistema de justicia penal militar por considerarlo “absolutamente
injustificado”. Vivanco advierte que la historia demuestra que cuando las
investigaciones de violaciones de los DD. HH quedan en manos de la jurisdicción
militar, el resultado ha sido casi sin excepción la impunidad.
De ser aprobado el proyecto podría
generarle serias consecuencias a Colombia frente a la Corte Penal
Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y EE.UU. Ahora el
futuro del proyecto está en manos del Senado en donde ya ha superado dos de los cuatro debates
parlamentarios requeridos.
La carta de director de la División
de las Américas de Human Rights Watch se conoce en el momento en que el
tribunal de Norte de Santander condena a la nación en uno de los casos de los
jóvenes de Soacha secuestrados y asesinados por militares para hacerlos pasar
como guerrilleros abatidos.
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