Sus dueños podrían pagar millonarias multas por atentar contra el ambiente bogotano
Los establecimientos no cumplían con la normatividad ambiental en cuanto al almacenamiento y distribución de combustible, vertimientos y residuos peligrosos. Los sellos fueron instalados en los surtidores.
SDA, octubre 18/2012.- Ayer, en horas de la mañana, la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) le impuso medida preventiva de suspensión de actividades a dos estaciones de servicio de gasolina ubicadas en la localidad de Ciudad Bolívar.
En ambos establecimientos, la SDA evidenció el incumplimiento de la normatividad ambiental respecto al almacenamiento y distribución de combustibles, residuos peligrosos y vertimientos.
Además de la suspensión de actividades, la SDA les instaló sellos en los surtidores de ambos negocios, que ya contaban con historial de contaminación y no realizaron las correcciones necesarias para mitigar los impactos ambientales.
La estación Contraincondor, ahora Puerto Pitts, ubicada en el barrio El Paraíso, no cuenta con permiso de vertimientos, no realiza un manejo adecuado de las aguas, sus canaletas (contención secundaria) estaban colmatadas y no realizaban un mantenimiento adecuando para que los vertimientos de aceite no se infiltren en el suelo.
En el operativo, los técnicos de la SDA no pudieron realizar la inspección en los 3 pozos de monitoreo, debido a condiciones inadecuadas de las tapas.
Por su parte, la estación El Edén vertía hidrocarburos al piso sin un sistema de captación y tratamiento, no cuenta con permiso de vertimientos, realiza un inadecuado manejo y disposición final de los residuos peligrosos y sus áreas superficiales no están impermeabilizadas.
Además, este establecimiento no cuenta con certificaciones que demuestren que los sistemas de almacenamiento son resistentes a los productos derivados del petróleo, ni alguna infraestructura para la intercepción de derrames.
Los sellos se mantendrán hasta que realicen todas las adecuaciones necesarias y cumplan con los parámetros ambientales.
Además del cierre, los dueños de los establecimientos podrían ser sancionados por el atentado ambiental hasta con 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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