Filósofo político, Ex Asesor de la ANUC
La herencia colonial o lo que los institucionalistas denominan “el legado histórico colonial” sigue marcando como una impronta la insaciable voracidad por la tierra que acusa la neo-aristocracia emergente, surgida alrededor de todo lo ilegal (corrupción, contrabando, exportaciones ficticias, lavado de dinero, narcotráfico, minería, falsificación de documentos públicos, paramilitarismo, compadrazgo con las guerrillas y alianzas criminales con cuerpos de la justicia) y que busca afanosamente hacerse a todo el poder, para terminar de configurar una República –si así pudiese llamarse- a la imagen y semejanza de la Hacienda donde el “patrón” imparte las órdenes y los subordinados tienen que cumplirlas, sin derecho a rezongar y mucho menos a participar en las decisiones, todo lo cual significa un retroceso en los avances democráticos que habíamos alcanzado. Este decisionismo es la quintaesencia del absolutismo proclamado por el catolicismo desde hace siglos con la frase “Habemus Papa”, y trasladada a formas jurídico-filosóficas por el cuasi-filósofo español José Donoso Cortés en su célebre artículo sobre la dictadura y contra el parlamentarismo liberal y retomado por la ideología europea de los fascismos en la cabeza jurídica del nazismo Carl Schmitt.
Por eso no causa extrañeza las declaraciones recientes del Superintendente de Notariado y Registro Jorge Enrique Vélez, llevado a esta posición durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en las que hizo saber que cinco jueces de la República de Meta, Casanare y Bolívar, están adjudicando de manera ilegal –dado que esta es función de los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos- títulos de tierras que según Vélez, “No tienen tradición de registros, no existen en el registro esos predios y desafortunadamente hemos perdido más de 100.000 hectáreas con estas decisiones de carácter judicial. Inclusive nuestros Registradores en algunas partes del país se han negado a registrar esas tierras y vía tutela otro Juez ordena que se registren.” (El Espectador, 08/06/2014)
Esta denuncia es una evidencia más de que la característica principal en el campo colombiano es la predominancia de la inseguridad jurídica de los derechos de propiedad y de su consiguiente uso legal, y la demostración de la continuación sistemática de la ilegal apropiación de las tierras de la nación en beneficio de criminales que amparados en apoyos evidentes: uno, la complicidad de las autoridades judiciales, que van desde los Jueces hasta la propia Superintendencia, que cada vez que se pone al descubierto este tipo de anomalías, anuncia una “exhaustiva investigación” y con el correr del tiempo no hay un sólo resultado condenatorio de los violadores de la Ley. Las autoridades de Policía, también cohonestan este tipo de irregularidades y son “compradas” por los prominentes “dueños”. Otro punto de apoyo, es que quienes los llevan a cabo cuentan con el apoyo de grupos armados de cualquier pelambre, que han convertido la actividad de intimidar, coaccionar y matar en un lucrativo negocio. En ése sentido las declaraciones de Vélez de que “El gobierno del presidente Santos va a defender la tierra de los colombianos, vamos a recuperar la tierra que nos han robado”, es más que improcedente a ocho días de las elecciones, pues esto alerta a los usurpadores de la tierra que tienen en sus manos muchos factores de poder para voltear el electorado en favor del candidato uribista, dado que en los departamentos mencionados existe una alianza más que demostrada de grupos armados ilegales con caciques y politiqueros regionales, basados en el terror y el amedrentamiento no dan espacio a la libertad política que ha visto amenazada su acción delincuencial y hace hasta lo imposible por detener el triunfo del presidente Santos.
Hay que sumar pues otras 100.000 hectáreas a la ganadería extensiva, depredadora e ineficiente, de una actividad por completo irracional y es la de continuar expandiendo la frontera territorial en los extramuros del país, que de inmediato se convierte en un foco de presión más por servicios e infraestructura y presencia estatal que conducen a la valorización de las tierras sin ninguna retribución para la sociedad, pues es bien sabido que estos “propietarios” no contribuyen con el pago de impuestos a la nación. Si cada vacuno que sale al mercado con un precio por encima de un millón de pesos pagara un diez por ciento de este valor, esto es cien mil pesos, los colombianos dispondrían de tres billones de pesos para estimular la producción agropecuaria de los campesinos pobres del país.
A las puertas del evento electoral del domingo próximo que decidirán por un largo plazo el futuro de Colombia, es hora de cerrar el paso a fuerzas que como esta que denuncia el Superintendente Vélez no significan sino el atraso en que se basa y afinca el candidato Zuluaga, aprendiz de zorro y marrullero como su mentor Uribe y aunque, está dentro de las posibilidades la quiebra del proceso de paz, este no sería sino un interregno para la conformación de una gran convergencia por la reconstrucción democrática del país, la reconciliación de un gran abrazo donde estén desde los guerrilleros comunistas hasta los dirigentes paramilitares extraditados a los Estados Unidos y las fuerzas de recambio que dejó con vida el célebre negociador Restrepo. También los militares involucrados en estas perversiones, las fuerzas sociales y económicas, religiosas y académicas, para establecer una agenda común de futuro en las que la universidad trace las pautas centrales del acuerdo y la prospectiva para los próximos 50 años de la vida colombiana. El país no puede seguir al garete, sin un rumbo y una meta por alcanzar que una a todos los colombianos en la sabiduría de que el enriquecimiento ilícito no es sino semillero de nuevas guerras y contiendas que nos seguirán alejando del mundo civilizado y negando a las nuevas generaciones el derecho a disfrutar de la paz.Edición Caja de herramientas N° 00403 – Semana del 13 al 19 de Junio – 2014
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