Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2016. “La violencia sexual es la más grave vulneración de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que la legislación colombiana tipifica en varios delitos; afecta sus derechos impactando negativamente su desarrollo, su dignidad humana y su derecho fundamental a vivir una niñez libre de violencia”.
Así lo expresó la Directora General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Cristina Plazas Michelsen, durante la sesión de la Comisión II de la Cámara de Representantes, sobre la situación actual de la política criminal para la protección de los derechos del niño.
En este sentido, la funcionaria indicó que desde el ICBF se han implementado medidas para la detección temprana de estos casos y la atención oportuna e integral, pero aseguró que estos esfuerzos no serán suficientes para el restablecimiento de los derechos de los niños y adolescentes, si no hay una sanción verdadera para aquellos criminales que comenten este atroz delito.
"La Constitución es clara: los derechos de los niños son prioridad. Los derechos de los violadores no pueden estar por encima de los derechos de los niños. Por tanto, rechazamos el otorgamiento de beneficios para estos criminales", señaló Plazas Michelsen.
Según las cifras del Sistema de Protección del ICBF, desde el 2011 se han abierto 41.406 procesos de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, pasando de 5.577 casos en el año 2011 a 7.951 en el 2016, evidenciándose un incremento del 42% de casos en cinco años.
Durante la vigencia 2016 con corte a julio, Bienestar Familiar ha destinado $6.920.974.350 para la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en las modalidades de Intervención de Apoyo, Apoyo Psicológico Especializado, Internado y Acogida y Desarrollo.
Actualmente, el ICBF cuenta con una línea telefónica y virtual especializada en violencia sexual, de cobertura nacional, gratuita, que funciona las 24 horas, durante los 365 días del año y que busca que los mismos niños, niñas, adolescentes y sus familias denuncien los casos de violencia sexual o manifiesten cualquier situación que esté poniendo en riesgo sus derechos.
Por medio de la estrategia “Violencia Sexual: la importancia de las primeras 72 horas”, el Instituto ha capacitado a 993 defensores de familia y equipos interdisciplinarios de los departamentos de del Cauca, Antioquia, Caldas, Meta, Huila, Sucre y Caquetá, zonas en donde se presentan los índices más altos de violencia sexual en contra de niños y niñas; y a 209 Comisarios y Comisarias de Familia de los Departamentos de Cundinamarca, Huila, Antioquia y Meta.
Adicionalmente y en articulación con la Policía Nacional, la entidad realiza operativos de control y vigilancia, en los 77 municipios del país, para mitigar y neutralizar el delito de explotación sexual comercial en contra de la niñez y adolescencia colombiana.
Finalmente, Plazas Michelsen, aseguró que más allá de las costumbres y ritos de las comunidades indígenas, es fundamental que los derechos de los niños y niñas primen sobre la cultura. Las ideologías de los estos pueblos no puede ser excusa frente a los derechos de los niños.
"Un violador de niños no debe estar suelto en la calle poniendo en riesgo la vida e integridad de nuestros niños. Por eso apoyo la cadena perpetua para violadores", puntualizó la Directora General.
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