sábado, 25 de mayo de 2013

Dime con quién andas

Por: Henrik López  - Profesor universitario 



Las recientes decisiones del Sr. Procurador General de la Nación, absolviendo dentro de procesos disciplinarios a algunos ex congresistas condenados penalmente por las mismas razones son realmente sorprendentes. Muchas razones llevan a calificar las decisiones de esta manera.

Pocos se han manifestado de manera tan vehemente en contra del actual proceso de paz, como el Sr. procurador Ordóñez. Él ha sido adalid de la exigencia de que este proceso no conduzca a la impunidad, idea que comparte la sociedad colombiana. Ante tal vehemencia se esperaría que utilizara la misma vara para juzgar a quienes han promovido la violencia, sea de extrema derecha o de extrema izquierda. El Sr. Procurador, sin embargo, podría ofrecer un sinnúmero de razones por las cuales es posible considerar más grave promover a los segundos que a los primeros. En primer lugar, por cuanto esto son, si son consecuentes con su marxismo, ateos. Seguramente este no es el argumento que propondría, pues lo colocaría en el ojo del huracán. Podría señalar que las guerrillas marxistas atentan contra la propiedad privada; pero, caramba, difícilmente podríamos señalar a los paramilitares como grupos respetuosos de la propiedad privada. Bueno, respetan las de sus amos y aquellas propiedades que les sirven; la propiedad de los pequeños campesinos es harina de otro costal. Tampoco cabe decir que unos y otros sean más o menos malos. La maldad o la estupidez de ambos grupos son infinitas. Ninguno, demás, aparece como virtuoso de los derechos humanos o del DIH. Ambos grupos han mostrado un desprecio absoluto por estos temas. En suma, nos quedamos sin nada.

La coherencia no es algo que se haya repartido igualitariamente en el mundo. Para bien o para mal, fue repartida de manera diferencial, de manera que se trata de un ideal al que se recurre para evitar la arbitrariedad (y para medirla). Seremos incoherentes en ciertos aspectos y en otros plenamente coherentes. La cuestión es hacia donde dirigimos el esfuerzo por ser coherentes. Al parecer el Sr. Procurador ha dirigido su “cuota” de coherencia hacia sus concepciones morales y religiosas y ha organizado su vida en torno a ello. No hay nada que decir, más que felicitarlo. Sólo que olvidó que, en tanto funcionario público, tendía la obligación de destinar una parte de su cuota a la vida pública. Pero bueno, nadie es perfecto.

Hace poco leí un artículo de un economista de apellido Cipolla, sobre la estupidez humana. Claramente el artículo, que se titula Allegro ma non troppo, se escribió dentro del contexto de las teorías microeconómicas y teniendo como objetivo cuestionar al Homo œconomicus. Pero, al margen de ello resulta sorprendente que este autor propusiese una explicación a la decadencia de las sociedades. En su concepto, existe una proporción E de personas estúpidas (aquellas que en sus actos no se benefician y tampoco benefician a nadie; por el contrario, generan un daño a sí y a los demás) que es constante. La cuestión es si ellas alcanzan el poder (lo que ocurre muchas veces) o si las personas inteligentes (aquellas que generan beneficios para sí y para todos) ocupan cargos o lugares claves en la sociedad, que les permita atajar a los estúpidos y, de paso, a los malvados (que sólo obtienen beneficios para sí y daño a los demás) y cándidos (que son lo contrario a los malvados) con tendencias estúpidas. Cuando las sociedades decaen, ocurre que esa proporción E de estúpidos alcanza puestos o lugares claves dentro de la sociedad y los demás, sean cándidos, malvados o inteligentes, no tienen más remedio que sufrir sus tonterías o seguirlos (muchos hacen ambas cosas).

Pues bien, aquí no se trata de calificar a nadie de estúpido, cándido, malvado o inteligente. De eso se encargan las mismas personas con sus actos. Lo que cuenta es evaluar la situación para definir si realmente es sorpresivo.

¿Tiene deudas el Sr. Procurador? No se trata de deudas monetarias, pues todos las tenemos o tenemos una tendencia a asumirlas. ¿Tiene deudas políticas? No podemos ser ingenuos y creer que en el H. Congreso de la República de Colombia se elige a los funcionarios –Procurador, Magistrados o Procurador- por sus excelsas calidades. En los últimos tiempos hemos visto cómo el H. Congreso se ha encargado de rebajar, por sus elecciones, la calidad de la defensoría del pueblo, que hoy no es sino la sombra de lo que alcanzó en otras épocas; cómo la elección de Magistrados a la Corte Constitucional en ningún momento se ha basado en las capacidades, conocimientos jurídicos y mérito moral de los aspirantes, sino por las triquiñuelas políticas; y, finalmente, cómo el Sr. Ordóñez fue relegido Procurador, a pesar de todas las sombras que sobre él pesan. Nunca ejercieron la función de control al momento de la elección. No hay contrapoder, sino “infestación” en otras ramas del poder.

Así las cosas, ¿tiene deudas el Sr. Procurador con algún sector político? Seguramente lo debe tener. De no ser así, no habría resultado elegido. Eso no debe sorprendernos, porque todos sabemos que el país tiene el mejor Congreso que puede elegir este país. Lo grave es que se desconocía con quién tenía deudas…

La Corte Suprema de Justicia ha condenado a algunos congresistas que ahora el Sr. Procurador viene a absolver en las causas disciplinarias. Para el Sr. Procurador las pruebas (no evidencia, pues fueron sometidas a contradictorio dentro de un juicio y, seguramente trasladadas al proceso disciplinario) que la Corte Suprema de Justicia valoró como indicativas de responsabilidad penal, no merecen consideración alguna. De hecho, considera que las afirmaciones de miembros de los grupos paramilitares o de grupos de narcotraficantes, no son creíbles. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo es posible que el uno diga una cosa y el otro lo contrario? Si las declaraciones que el Sr. Procurador rechaza son inadmisibles ¿son arbitrarios los Honorables Magistrados de la Sala Penal (que, recordemos, propusieron a este Procurador: toda buena acción tiene el respectivo castigo)?

Una vez la Corte Suprema de Justicia ha dictado sentencia, hay cosa juzgada. Tratándose de funcionarios públicos, la comisión de ciertos delitos (es decir, condena por ciertos delitos) implica el incurrir en falta disciplinaria. El hecho de que en Colombia se considere que son dos esferas distintas –la penal y la disciplinaria-, no quita el hecho de que la condena penal implica un señalamiento grave sobre la conducta de una persona y que lo disciplinario está atado a lo más grave. Así, pueden existir conductas penalmente inocuas, pero disciplinariamente relevantes, mientras que lo contario no tendría sentido. La valoración grave (penal) afecta la leve (disciplinaria), están atadas. Pues bien, al parecer al Sr. Procurador se le ocurrió que eso no era así. De manera que un criminal puede seguir siendo calificado como un funcionario ejemplar.

Esto es profundamente dañino para la sociedad. La seguridad jurídica y la certeza, que el Sr. Procurador considera valores importantes dentro del sistema jurídico, se van al traste cuando la condena penal –dada por la máxima autoridad en lo penal- es rebatida por un funcionario que ejerce funciones administrativas de control. No hay certeza para el ciudadano sobre el reproche. No hay certeza sobre la función judicial. La Corte Suprema de Justicia no es infalible, como no lo es ninguna autoridad. Pero es la que decide en materia penal. Y la sociedad requiere de seguridad en que sus decisiones son estables (claro está, salvo que violen derechos fundamentales y proceda la tutela).

Así las cosas, el Sr. Procurador ha tomado una decisión que favorece a algunos, pero que termina por dañar al grueso de la sociedad (pues mina la confianza en la justicia). Es posible que se haya beneficiado, pues saldó una deuda con un grupo en particular. No obstante, resultaría vergonzoso que sus deudas políticas fueran con personas condenadas por vínculos con el paramilitarismo. Si ello es así, poco o nada beneficioso logró para sí, pues “dime con quién andas y te diré quién eres”. Solo resta valorar globalmente la conducta del Sr. Procurador; eso le corresponde a la sociedad. Esa valoración también debería recaer sobre quienes lo apoyaron masivamente en eventos públicos.



Tomado de: Caja de Herramientas
 
 
Importante: Cada autor es responsable de sus ideas y no compromete el pensamiento de Viva la Ciudadanía. Se permite la reproducción de nuestros artículos siempre y cuando se cite la fuente.

No hay comentarios: