El Observatorio Local de Derechos Humanos – Rafael Uribe Uribe (OLDH-RUU), organización que defiende y promociona el cumplimiento efectivo de éstos derechos; emitió un comunicado en el que DENUNCIA Y RECHAZA los hechos ocurridos los días 18 y 19 de enero del 2012, cuando más de 60 familias, de más de un centenar existentes, fueron desalojadas de sus viviendas por funcionarios de la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe, miembros de la Policía Nacional del Escuadrón Móvil Antidisturbios – ESMAD y en presencia de otras dependencias estatales del orden distrital; en cumplimiento de orden judicial .
Como ha sido de conocimiento público, el sector denominado “Hacienda Molinos” en la Localidad Rafael Uribe Uribe, estaba siendo habitado por más de un centenar de familias en condición de vulnerabilidad y otras quizá no que fueron estafadas por urbanizadoras “Piratas”, quienes, valiéndose de la necesidad de los pobladores, vendieron estos lotes, además en una zona no dispuesta para tales fines.
Ante ésta situación expresamos nuestra solidaridad con los pobladores del sector, no sin antes hacer observación crítica tanto a la administración local, como a las demás dependencias del orden distrital por la actitud desmedida en fuerza y policiva con la que actuaron, contrariando los objetivos de una ciudad equitativa, incluyente y digna, según lo anunciado por la actual administración “Bogotá Humana, Ya”; debido a que se dio prioridad a una querella defendiendo “presuntamente” un bien particular (propiedad privada) sobre la protección de los derechos fundamentales de cientos de mujeres, ancianos, niños y demás personas (población vulnerable y personas en situación de desplazamiento) que, como lo ha dicho la Corte Constitucional en reiteradas ocasiones, merecen un trato diferencial.
Igualmente nos identificamos, con la medida cautelar impuesta por la sala sexta de revisión de la Corte Constitucional, toda vez que esta decisión fue la única salida para proteger los derechos fundamentales de las personas de esta comunidad que se encontraban en debilidad manifiesta; pero de igual manera hacemos observación crítica al sistema de justicia colombiano por la falta de celeridad para resolver y por el contrario dejar acumular las tutelas interpuestas por éste caso; de ahí que invitamos y sugerimos a la Corte Constitucional colombiana; fallar de fondo a favor del derecho a la vivienda digna de los colombianos en general y de éstos pobladores en particular -estafados por “mafias” y posteriormente desalojados de su “territorio” por parte del distrito en el marco del cumplimiento de una orden judicial-.
Exigimos a las autoridades competentes; se abra investigación con carácter penal, a las “constructoras” que ofrecieron y desarrollaron proyectos ilegales de vivienda en el sector en mención; de igual manera disciplinaria y penalmente (por omisión o extralimitación de autoridad o funciones -si hubiere mérito-) a las autoridades del orden local y distrital que participaron en el procedimiento efectuado por la policía nacional; donde presuntamente resultaron heridos y lesionados varios habitantes del sector.
Exigimos a la alcaldía de la Localidad de Rafael Uribe Uribe y la administración distrital de la “Bogotá Humana Ya”, asuma la responsabilidad de reparar los daños ocasionados, y se resuelva, de manera inmediata, la crisis humanitaria que ha dejado sin vivienda y sin servicios públicos a un número importante de familias de dicho sector.
Observatorio Local de Derechos Humanos OLDH – RUU
Bogotá D.C., 27 de enero de 2012
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