Por Antonio Sanguino
Léase bien, en Bogotá, existen 109 explotaciones mineras y sólo
siete de ellas son legales. Los principales títulos mineros están en manos de
dos grandes multinacionales, Cemex y Holsing, y la Fundación San Antonio.
Si el asunto lo midiéramos en pesos el desequilibrio ofende.
Mientras Bogotá recibe anualmente en promedio 138 millones de pesos en regalías,
según el Fondo de Emergencias del Distrito se gasta 2.200 millones en obras de
mitigación. Cifra a la que tendríamos que agregar lo que se invierte en los
programas de salud para atender la población afectada por la explotación minera
y lo que gastamos en la reubicación de las familias desplazadas por
deslizamientos y derrumbes. Solo el año pasado tuvimos que reubicar 73 hogares
en riesgo.
Pero el problema de la explotación minera en la capital no es
principalmente un asunto económico. Su alto impacto ambiental o la huella
ecológica que deja, en opinión de buena parte de las organizaciones
ambientales, no la justifica. Y seguramente tienen razón. Lo más grave ocurre
en el sur de la ciudad, en las localidades de Usme y Ciudad Bolívar. Allí el
impacto sobre la cuenca del río Tunjuelo es desgarrador. Un millón de personas
que habitan en la cuenca del río reciben diariamente el impacto de una
explotación que lleva décadas.
Varias veces se ha alterado el cauce del río por cuenta de la
explotación de gravilla y demás materiales para la construcción. Y como
consecuencia de ello, en el invierno del año 2002, las cárcavas creadas por la
explotación se inundaron cuando el rio se desbordó. Aún hoy esos huecos están
llenos de agua estancada con las consecuencias en salud pública que ello
genera. Y lo más indignante es que las empresas mineras han demandado al
Distrito ante los tribunales, solicitando indemnización por más de 400 mil
millones de pesos, alegando que por dichas inundaciones no han podido ejercer
sus derechos de explotación.
Pero todo esto ocurre porque existen circunstancias legales que
favorecen dichas explotaciones. Que primero se otorguen los títulos mineros y
luego se expidan las licencias ambientales parece por fuera de toda lógica.
Seguramente en la reforma al Código Minero habrá que revisar esta ruta para
evitar que las autoridades nacionales generen un derecho en quienes obtengan
los títulos antes de examinar la viabilidad y el impacto ambiental. Que en el
Plan de Ordenamiento Territorial se hayan autorizado tres parques de
explotación minera, dos de ellos en el perímetro urbano de la Capital, parece
un despropósito. Seguramente se quiso legalizar una explotación de más de 50
años. Pero ya es hora de eliminar la explotación minera en el casco urbano de
la ciudad y ello se puede hacer en la discusión y aprobación de las
modificaciones al POT que tendremos que hacer próximamente.
Y las autoridades deben intervenir con autoridad, aunque suene a
pleonasmo, ante la ilegalidad. Es inadmisible que explotaciones mineras
ilegales ocurran en las narices de quienes tienen la responsabilidad de
garantizarnos un medio ambiente sano.
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