- Tribunal Administrativo libró mandamiento de pago a favor de ETB y en contra de COMCEL.
- El monto es por $152.925.610.631, más los intereses moratorios que se calcularán de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio.
- La justicia imperó y los colombianos pueden confiar en ella, pese a los grandes intereses de los grupos económicos.
Bogotá, 5 de junio de 2012.- La justicia colombiana de nuevo dio la razón a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, ETB, S.A., E.S.P. al ordenar a la multinacional Comcel, hoy Claro, devolver el monto que la compañía de los bogotanos le canceló por tres laudos arbitrales declarados nulos en agosto del 2012.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca con fecha del 4 de junio de 2013, libró mandamiento de pago a favor de ETB y en contra de COMCEL, por valor de $152.925.610.631, más los intereses moratorios que se calcularán de acuerdo con lo dispuesto en el Código de Comercio.
La decisión fue adoptada por el tribunal, como consecuencia de la demanda ejecutiva interpuesta por ETB contra Comcel, reclamando la devolución de lo que la empresa de los bogotanos y de los colombianos le pagó en virtud de los tres laudos arbitrales anulados por el Consejo de Estado, en sentencias del 9 de agosto, y debidamente ejecutoriadas en septiembre de 2012.
Dispuso ese Tribunal en el auto que libró mandamiento de pago en contra de Comcel que, “en el presente caso tanto la parte ejecutante como la parte ejecutada tienen pleno conocimiento del monto a devolver toda vez que, la primera sabe con certeza cuál fue el valor cancelado y la segunda tiene conocimiento de cuál fue la suma recibida de parte de la ejecutante con ocasión de las decisiones contenidas en los laudos arbitrales”.
Con el mandamiento de pagó se desvirtúa lo que ha venido manifestando esa multinacional como mecanismo para no pagar los dineros que debe reintegrar a ETB y que está en mora de hacerlo desde que cobraron ejecutoria las tres sentencias del Consejo de Estado.
De esta forma, ETB declara que los colombianos pueden estar seguros de que la justicia impera finalmente, pese a las grandes presiones de las multinacionales y grupos económicos en contravía de la defensa del patrimonio público.
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