El Gobierno del presidente Gustavo Petro trabaja para garantizar que en los territorios el PAE sea un derecho de niñas, niños y adolescentes.
Bogotá, 27 de agosto de 2025
El Gobierno nacional, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro Urrego, reafirmó su compromiso indeclinable por la protección de la niñez colombiana y, entre 2022 y 2025, ha incrementado de manera sostenida los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), con un enfoque claro en ampliar su cobertura y mejorar la calidad del servicio en los territorios.
Los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN), canalizados a través de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), pasaron de 1,2 billones de pesos en 2022 a 2,1 billones en 2025, lo que representa un aumento del 68%. En el 2026 se destinarán 2,9 billones de pesos para la implementación del PAE en el país.
El diagnóstico fue revelado por el ministerio de Educación, que recordó que la operación del PAE está bajo la responsabilidad de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), lo que implica la planificación integral del servicio de alimentación escolar y la ejecución oportuna de los procesos de contratación.
Esta responsabilidad incluye garantizar la prestación del servicio desde el primer día del calendario académico y sin interrupciones durante todo el año escolar, en función de las necesidades locales y las condiciones operativas específicas de cada territorio.
Estancamiento territorial
A pesar de este esfuerzo fiscal sin precedentes del Gobierno nacional, persisten preocupaciones sobre la capacidad de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) para garantizar su implementación efectiva y oportuna en los territorios. Algunas decisiones adoptadas por las ETC que han impactado negativamente el PAE son:
• Los aportes propios de cofinanciación por parte de algunas ETC han registrado una tendencia decreciente desde 2021, en contravía del mandato establecido en la Ley 2167 de 2021, que exige un incremento anual en términos reales de dichos recursos. Esta disminución compromete la sostenibilidad financiera del programa y limita su capacidad de respuesta frente a las necesidades territoriales.
• Se evidencian deficiencias en los procesos de planeación por parte de algunas ETC, lo que se traduce en niveles de cobertura estancados o incluso decrecientes, a pesar del incremento sostenido en el financiamiento nacional.
• Las decisiones adoptadas en torno a los procesos de contratación y la distribución de los complementos alimentarios no responden adecuadamente a los criterios de priorización definidos por la UAPA ni a las condiciones particulares de cada territorio, lo que limita el uso eficiente de los recursos asignados al PAE.
• Persisten debilidades en la definición de los costos asociados a la prestación del servicio, lo que reduce la capacidad de ampliar la cobertura estudiantil o de extender el número de días de atención durante el calendario académico
• Los procesos de contratación que no promueven la articulación del programa con la economía local desconocen la producción regional, las costumbres alimentarias y las dinámicas socioculturales del territorio. Esta desconexión incrementa los costos logísticos y de intermediación, afectando la eficiencia del uso de los recursos públicos. Preocupa al ministerio que, en varias Entidades Territoriales Certificadas (ETC), se observe una reiterada selección de los mismos operadores, lo que limita la competencia, la innovación y la inclusión de actores locales en la cadena de valor del programa.
• Estas decisiones sumadas a anteriores practicas institucionales de fragmentación de la asignación de los recursos a las ETC, por las que se esperaba que el Gobierno nacional en el segundo semestre realizara una nueva asignación, han generado unas condiciones de riesgo de la continuidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar, sea por acciones administrativas relacionadas con lo contractual o por una posible falta de recursos de financiación lo que podría afectar a más de 500.000 estudiantes en los próximos meses.
• Adicionalmente, a pesar del esfuerzo presupuestal sin precedentes por parte del Gobierno Nacional, no se ha logrado una cobertura proporcional en el Programa de Alimentación Escolar (PAE), en 82 Entidades Territoriales se presenta una disminución de la cobertura del programa en 421.514 estudiantes, lo que genera inequidades y limita el acceso efectivo al derecho a la educación y a la alimentación para millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes vinculados al sistema educativo.
Decisiones
Según se informó, se delegará a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender (UApA), la Inspección y Vigilancia de los recursos asignados por el Gobierno nacional al Programa de Alimentación Escolar buscando garantizar el uso eficiente de los recursos del PAE en las ETC.
Se exigirá a las ETC el cumplimiento estricto del parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 2167 de 2021, que ordena incrementar los aportes propios en términos reales.
Se impulsará, en coordinación con los entes de control, la aplicación de las medidas correspondientes a quienes incurran en irregularidades en la gestión de recursos, garantizando que estos fondos, fundamentales para el bienestar de la niñez colombiana, sean utilizados de manera íntegra y transparente.
Se implementarán mecanismos de publicidad y trazabilidad para fortalecer la participación ciudadana y el control social, para que la sociedad civil, las familias y las comunidades educativas puedan ejercer veeduría activa sobre el PAE.
El Gobierno del Cambio continuará avanzando en la garantía de derechos, dignificando la vida de la infancia colombiana, y no tolerará retrocesos derivados de la ineficiencia o la falta de compromiso de los gobiernos territoriales.
Con información del ministerio de Educación
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