Por: Rodrigo Acosta B.*[1]

Fue así como en
Bogotá por iniciativa de los medios comunitarios y no de partido alguno, en primer lugar promovimos la implementación
de artículos en los Planes de Desarrollo y la normativa que integra la política
pública de comunicación comunitaria: los Acuerdos 292 de 2007 y sus Decretos
reglamentarios 149 y 158 de 2008 vigentes, cuando se encontraba de alcalde Luis
Eduardo Garzón.
La actividad
continuó y en la Mesa Distrital de la
política pública de Comunicación Comunitaria, se discutió y aprobó el
Lineamiento para la creación y funcionamiento de las mesas locales y espacios
de participación de los medios comunitarios en los territorios, y por primera vez se eliminaron las agencias
intermediarias y a finales del 2011
durante el gobierno de Clara López, se
estableció la tabla de tarifas
actualizables al IPC vigente hoy.
Ya en el gobierno
de Gustavo Petro se realizaron los convenios marco con Secretaria General y ETB para la
gestión de los planes de medios y la contratación de los medios comunitarios y
alternativos para desarrollar el derecho de participar en los gastos de
difusión de la gestión pública de Bogotá, además de los proyectos de
fortalecimiento en las localidades, varios de los cuales están en ejecución
durante el 2017 y 2018.
Lamentablemente en
el Plan de Desarrollo actual del gobierno de Peñalosa, Acuerdo 645 de 2016, no aparece ningún
artículo, y menos de los que habíamos luchado en más de una década y aunque
realizamos las audiencias públicas con
el apoyo del Consejo Territorial de Planeación y se presentaron al Concejo de
Bogotá iniciativas, todas fueron negadas por la administración. Las
consecuencias de esa actitud antidemocrática han sido desastrosas: el 100% del
pautaje fue a parar solo a los medios comerciales de radio, prensa y
televisión; con lo cual se viola el mandato legal además de una actitud
claramente excluyente.
Naturalmente las
aves de mal agüero salieron a decir que si había un artículo y que un concejal
del centro democrático lo garantizaba; pues todo es mentira a lo largo del
Acuerdo 645 de 2016 del Plan de Desarrollo, no aparece un solo artículo y solo en el
documento de motivación habla de la importancia de los medios comunitarios
quedándose en solo un planteamiento demagógico.
La situación llevó
a que con propuestas radicadas a la mano y con la prueba de las respuestas de
los derechos de petición demostráramos en forma personal y diaria, ante el Concejo de Bogotá, en el marco del debate del
Presupuesto de Bogotá para el 2018, que
la pauta se había concentrado ilegalmente y que se estaba dando exclusivamente
en un 100% y por millonadas a los medios comerciales y cero para los medios
comunitarios y alternativos.
Fue así como los concejales
ponentes incluyeron nuestra iniciativa, por cuanto de los medios comunitarios
en nada se acordó la administración del alcalde Peñalosa y menos los
funcionarios del IDPAC, todo lo cual se puede observar del vacío, en el
proyecto de acuerdo en su presentación inicial. Nuestra insistencia, el apoyo
de todas las bancadas del Concejo y la presencia entusiasta de los medios
comunitarios, llevó a que el hoy artículo 43 del acuerdo 694 del 28 de
diciembre de 2017, sea una realidad escrita, conforme a la ponencia de la concejal María
Victoria Vargas el cual establece que: “Los
órganos y entidades que conforman el Presupuesto Anual del Distrito Capital, el
Ente Autónomo Universitario, Los Fondos de Desarrollo Local, Las Empresas
Industriales y Comerciales y las SubRedes Integradas de Servicio de Salud –ESE,
para sus programas, proyectos y planes de divulgación, comunicación y
publicaciones promoverán la
democratización del acceso a los medios de comunicación comunitarios y
alternativos, legalmente inscritos en el Instituto de la Participación y Acción
Comunal- IDPAC. establece que las entidades deben garantizar la democratización
del acceso a los medios de comunicación comunitarios y alternativos, legalmente
inscritos en el IDPAC”. Los
funcionarios del IDPAC perdieron la partida aunque insistieron ante los
concejales y ponente principal para modificar el texto no lo pudieron hacer y el
Concejo votó en bloque del articulado incluido el artículo logrado.
Ahora todas las
entidades y los funcionarios quedan obligados a cumplir, no como un favor o una
dádiva sino como un desarrollo de la política pública: democratizar no solo los
gastos de divulgación sino también las comunicaciones y todo tipo de
publicaciones.
Pero aquí no paran
las cosas, alguien quedó bravo en algún momento y se juntaron los intereses,
veamos: por rueda de prensa convocada por el IDPAC se informa por medios
comerciales y sin citación a los medios comunitarios que la administración
actual le puso un “tate quieto a los medios comunitarios”. Asunto de por si
injusto e ilegal por cuanto como hemos probado ésta administración de Peñalosa
a la fecha no han otorgado en la práctica derecho alguno de divulgación, salvo
$180 mil pesitos que le dieron por la campaña de pólvora en diciembre, a unos pocos amigos.
Y es que si bien
por solicitud nuestra se pidió a la Veeduría Distrital que adelantará una
investigación que concluye que no se está preservando la base de datos conforme
a la Ley de archivo que permita la trazabilidad, asunto aplicable a la anterior
y a la actual administración, tampoco es
cierto lo afirmado por los medios Cm& y otros a partir de la información
dada por el Director del IDPAC quien afirma:
“Había una base de datos que
realmente necesitábamos revisar y se hizo un proceso de caracterización
objetivo y técnico que arrojó que hoy de
500 y algo que encontramos inicialmente realmente tenemos 260 medios que
se presentaron para ser caracterizados y de esos hoy en día en Bogotá podemos
decir que hay 150 medios de comunicación alternativa y comunitaria activos y
sirviendo a la ciudadanía… la depuración se hizo durante el año 2017 en asocio entre la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor y el Instituto de la
Participación con una Universidad especializada en éstos procesos…” Y se afirma en noticias Uno que: Por lo menos 500 medios que se
acreditaban como comunitarios recibieron millonarios recursos del Distrito a
través de pauta. Solo en la administración pasada se giraron más de 4.317 millones
de pesos. Y pasa a decir a la voz : ”había una base de datos en la organización absolutamente manipulable,
una cantidad de gente que no es medio de verdad que no está cumpliendo…“
Las imprecisiones que parecieran más bien calumnia o
desconocimiento del novato director quizás por información mal aportada por sus
flamantes asesores, indica cifras que
rayan con la verdad, veamos:
1. El pautaje dado por la anterior
administración entre el 2012 y el 2015
fue de $2.834.829.452 y no de $4.317 millones.
2. Dicho pautaje no se dio a 500 medios
comunitarios como en forma imprecisa se manifiesta, por cuanto los recursos se entregaron previo el cumplimiento
de labores encomendadas de divulgación de la gestión pública a solo 181 medios
comunitarios que es la cantidad de medios que habían suscrito contratos con ETB
quien actuó como agencia de medios.
3. De lo que si no hablan es que en la anterior
administración el pautaje alcanzó la suma de $200 mil millones de pesos que se
entregaron precisamente a los medios comerciales, de tal forma que esos
recursos a los medios comunitarios no son sino el 1,4% del total (apenas un
poco más del 1%)
4. Y finalmente, si bien la anterior
administración poco dio, nunca causó tan injusta y mala imagen a los medios
comunitarios. Pero hoy si entregan millonadas a los medios comerciales… las
sumas podrían superar al final del gobierno incluso los $250 mil millones en
pagos directos e indirectos.
5. Tampoco es cierto que hayan recibido una base
de datos de 500 o más medios, si nos atenemos a los contratos legales suscritos
con ETB son solo 181 medios los que recibieron pauta. Todo ello aunque
aparecieran 364 medios en la base de datos del IDPAC de los cuales se anotó
públicamente que 165 no habían hecho actualización, conforme a la base de datos
del 30 de noviembre de 2015.
A pesar de las voces de las aves de paso, los
medios comunitarios y alternativos continuaremos cumpliendo con nuestra labor
periodística, con independencia, con análisis crítico constructivo promoviendo
los derechos y desde luego difundiendo la gestión pública de las localidades y
entidades; nosotros llegamos a los territorios y a las poblaciones con temas y
revindicando la gente y su cultura, informamos
en forma masiva y creativa donde los medios comerciales nunca llegarán
porque su enfoque es netamente lucrativo.
Es la comunidad la que agradece y dignifica
la labor de todos los medios comunitarios y alternativos, que en forma diaria
hacemos éste esfuerzo comunicativo esencial para la construcción de la paz con
justicia social, contra la corrupción y
por la democracia.
[1] Rodrigo H.
Acosta B: es Administrador de Empresas, tecnólogo en Administración de Sistemas
de Información, investigador en telecomunicaciones, director de Bogotá Social
Medio comunitario alternativo y Presidente de la Central de Comunicación
Comunitaria y Alternativa
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