¿Qué hay detrás del
interés de algunos vendedores ambulantes que acuden a la tutela para aferrarse al
espacio público a pesar de haber recibido ofertas laborales, alternativas de
reubicación y opciones de dignificación de su trabajo?
Esa es la pregunta a la
que tenemos que buscarle respuesta frente a la estrategia de una vendedora
informal de la calle 72 que a pesar de haber sido beneficiaria de un punto de
reubicación que le ofreció el Instituto de Economía Social (IPES)
interpuso una tutela para buscar que la administración tenga que volverla a
dejar ocupar el espacio público de la avenida Chile, que fue recuperada
recientemente para devolverles a los peatones el derecho a transitar tranquilos
en los andenes.
En mi labor de control
político he conocido por los informes del IPES que a ninguno de los vendedores
se les vulneró el derecho al trabajo. A los 235 que estaban invadiendo los
andenes les ofrecieron la opción laboral, quisco o punto en un centro
comercial, y en otros casos opciones en la formación y capacitación para el
trabajo.
Treinta ya tienen
asignada una solución y de ellos muchos han recibido ya el quisco para
ubicarse. Según el informe que obtuvimos anoche del IPES, otros 15 vendedores
están en proceso de vinculación para el trabajo.
El lío está en que 100
se han negado a aceptar alguna de las alternativas ofrecidas porque quieren generar
situaciones de hecho como las tutelas que no solo congestionan la justicia,
sino que se atraviesan en el proceso de defensa del interés general, protegido
por la constitución, de rescatar el espacio público.
En el caso específico de
la señora que puso la tutela, sabemos que había aceptado un punto de ubicación,
y había manifestado su satisfacción con la solución para dignificar su trabajo,
que ella misma eligió.
Quiero señalar que desde
el primer momento de la reubicación he estado vigilante de este tema de los
vendedores de la calle 72. He realizado los respectivos recorridos, he pedido
los informes, he hablado con varios de ellos y he sido exigente con la
administración para que por ningún motivo se les viole su derecho al trabajo, o
que alguno de ellos quede por fuera de una solución concertada.
Como concejales debemos
estar alerta de las maniobras que hacen los invasores profesionales del espacio
público que a toda costa intentan seguir ocupando los andenes con el único
propósito de llenar sus bolsillos a costa de explotar a los vendedores. No nos
que dejemos engañar, la que está en marcha es una estrategia planificada y
orientada a sabotear el derecho a la restitución del espacio público.
He hablado también con
los habitantes del sector de la avenida Chile, tengo sus testimonios y los de
las personas que trabajan y transitan en la zona. Coinciden en que es mucho más
segura, menos violenta, y el consumo y tráfico de drogas ha desaparecido de los
andenes.
Hoy nadie puede negar
que la calle 72, entre las carreras 7ª. y la avenida Caracas es transitable.
Las acciones en esta zona no corresponden a ningún tipo de desalojo sino a una
restitución del espacio público indebidamente ocupado.
Solo para recordar
quiero mencionar las alternativas que les han ofrecido a los vendedores:
procesos de formación y capacitación para el desarrollo de sus capacidades
laborales y empresariales; asesoría y acompañamiento en la creación o
fortalecimiento de unidades productivas en el marco de la economía popular, el
autofinanciamiento, el crédito, el microcrédito y la autogestión y alternativas
económicas y comerciales como puntos comerciales, ferias temporales, quioscos,
plazas de mercado o mecato social
Además se ha priorizado
a las personas que son víctimas del conflicto armado, la tercera edad, las
mujeres cabeza de familia o personas en condición de discapacidad.
Ahora desde todos los
frentes quieren obstaculizar de manera arbitraria hasta la forma de organizar
una calle para darle mayor seguridad y movilidad.
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