Por: Liney Paternina -UP depto. de Córdoba.
Montería. Las principales organizaciones de víctimas del conflicto armado existentes en Córdoba y las comunidades participantes en las diferentes rutas de Reparación Colectiva, plantearon la necesidad de democratizar los medios masivos de comunicación existentes en el país y exhortaron al periodismo colombiano a colocarse al servicio de la paz, en un vasto movimiento que involucre a toda la sociedad en este momento crucial y definitivo para el país.
Los voceros gremiales y sociales (sujetos de reparación colectiva), que han realizado varias actividades, analizando la situación que enfrentaron durante las últimas décadas, coincidieron en observar Córdoba padeció el flagelo de la mordaza colectiva, la información sesgada, la publicación de la verdad desfigurada, la estigmatización direccionada por núcleos de poder, así como el empoderamiento de actores armados del conflicto, propiciándose una cultura informativa y recreativa de violencia, que permeó todos los estratos sociales, creando un imaginario colectivo neofascista que todavía perdura.
Observaron que el paramilitarismo creó un grupo de prensa amigo, que tiene su cuota de responsabilidad en crímenes y atrocidades cometidas. Algunas personas actuaron como informantes, francotiradores, disociadores, consortes y estafetas reconocidos de jefes paramilitares. Hay quienes desempeñaron el papel de señaladores de víctimas, convirtiéndose en cómplices de amenazas, extorsiones y asesinatos. El paramilitarismo que extendió sus tentáculos de poder a entidades gubernamentales, prohibió, controló y acabó, la asignación de recursos de los rubros de impresos y publicaciones, que eran destinados a medios de comunicación independientes y alternativos, direccionándolos a medios a su servicio.
Reiteraron que hoy, amplias regiones del departamento viven postradas bajo el imperio del temor, donde comunidades enteras son testigas silenciosas del accionar de grupos armados ilegales, que violan derechos fundamentales, incluidos los de la libertad de conciencia, expresión e información. Allí, quien exponga el dictado de su conciencia, exprese su manera de pensar y oponga resistencia, es perseguido, amenazado, desplazado y en el peor de los casos, sentenciado a muerte. Muchos ven y oyen; pero están condenados a callar como condición obligada para salvar sus vidas. Hay pueblos que prefieren vivir sepultados en el olvido con los fantasmas del recuerdo, porque en el entorno rondan los mercenarios de la muerte.
Reconocieron la cuota de sacrificio que el periodismo de Córdoba ha aportado a lo largo del conflicto social armado, con periodistas secuestrados, asesinados, desplazados, amenazados, censurados, vetados y excluidos, debido a la victimización ejercida por actores oficiales, privados e ilegales. Recordaron que la cuota de sacrificio comenzó en 1.973 con el secuestro y asesinato de Germán Gómez Peláez, periodista empresario, propietario de La Voz de Montería. A este crimen, le siguieron los de José Cortés Soto (1.984); Oswaldo Regino Pérez (1.988); William Bendeck Olivella (1.989); Gabriel Cruz Diaz (1.997); Gustavo Rojas Gabalo (2006) y Clodomiro Castilla (2010).
A lo largo de los últimos años, el periodismo cordobés padeció y sigue padeciendo, los embates del conflicto social armado que ha soportado el país. Hay periodistas víctimas de amenazas, chantajes, desplazamiento, presiones indebidas, censura, autocensura, vetos y exclusiones. Hay victimarios armados y desarmados, que actúan en diferentes ejes de poder; un de manera abierta y sutil, otros de manera conspirativa y clandestina. Agremiaciones enteras fueron estigmatizadas y desarticuladas, como el Colegio Nacional de Periodistas seccional, a finales de los años ochentas. El directivo Oswaldo Regino Pérez fue asesinado; el afiliado William Bendeck Olivella, fue asesinado; el directivo Édgar Francisco Astudillo, fue objeto de un atentado; el directivo Jorge Enrique Rojas, fue amenazado y desplazado.
Dirigentes de partidos políticos de izquierda, anotaron que la prensa de oposición fue proscrita. Esta es la hora que no se permite ni garantiza, la circulación libre de periódicos que en otras ciudades del país se venden de manera pública, como el caso del semanario Voz. Recordaron cómo en varias ocasiones, cuando revistas y periódicos de circulación nacional, denunciaron casos de corrupción y violencia en Córdoba, fueron recogidos y comprados en su totalidad por los implicados, evitando su libre circulación. Observaron que en una sociedad capitalista, dominada por el neoliberalismo y el consumismo, la libertad de prensa, llega hasta donde lo permite la libertad de empresa y que bajo estas circunstancias, garantizar las libertades de expresión, información y comunicación, es muy difícil, sobre todo en un medio donde el narcoparamilitarismo, la corrupción y el clientelismo político, obstruyen la poca y relativa libertad existente.
Los dirigentes y voceros de víctimas, abogaron por una legislación de prensa acorde con la real situación laboral y social del periodismo, que garantice a la sociedad, los derechos consagrados en la Constitución de 1991. Invitaron a los periodistas a unificar criterios y objetivos en la construcción de paz, a persistir en la lucha contra la corrupción y a luchar por la democratización real de la comunicación en el país. Respaldaron la labor de la prensa independiente y de oposición que desde la pluralidad, ejerce periodismo crítico, en medio de serias y complejas dificultades.
A un reciente conversatorio realizado en la Unidad de Víctimas,asistieron representantes de la Mesa Departamental de Víctimas, Mesa de víctimas de Montería, Anuc, Aspu seccional, reclamantes de tierra, Unión Patriótica, Defensoría del Pueblo, MAPP-OEA, Unisinú, Asociación de Parceleros Leticia, Fundación Alma Caribe, Asociación Cordobesa de Periodistas y Unidad de Víctimas.
La Asociación Cordobesa de Periodistas, propuso la declaratoria del espectro electromagnético, como un bien público de paz, inenajenable e imprescriptible, como punto de partida al desarrollo de una legislación y un plan especial de radio y televisión, que permita la creación de una red nacional de estaciones de radio y televisión, dedicada de manera exclusiva a la promoción, educación, recreación e información en todos los aspectos relacionados con la construcción de una cultura de convivencia integral y paz con justicia social. Red de comunicación que abarcaría medios digitales e impresos. Esta iniciativa como paso inicial a un proceso de real democratización de los medios masivos de comunicación.
Los representantes y voceros de las organizaciones sociales, políticas, comunitarias que son sujetos de reparación colectiva en los términos de la ley 1448, crearon la Red departamental de reparación colectiva por el derecho a la comunicación, la paz y la democracia.
Los voceros gremiales y sociales (sujetos de reparación colectiva), que han realizado varias actividades, analizando la situación que enfrentaron durante las últimas décadas, coincidieron en observar Córdoba padeció el flagelo de la mordaza colectiva, la información sesgada, la publicación de la verdad desfigurada, la estigmatización direccionada por núcleos de poder, así como el empoderamiento de actores armados del conflicto, propiciándose una cultura informativa y recreativa de violencia, que permeó todos los estratos sociales, creando un imaginario colectivo neofascista que todavía perdura.
Observaron que el paramilitarismo creó un grupo de prensa amigo, que tiene su cuota de responsabilidad en crímenes y atrocidades cometidas. Algunas personas actuaron como informantes, francotiradores, disociadores, consortes y estafetas reconocidos de jefes paramilitares. Hay quienes desempeñaron el papel de señaladores de víctimas, convirtiéndose en cómplices de amenazas, extorsiones y asesinatos. El paramilitarismo que extendió sus tentáculos de poder a entidades gubernamentales, prohibió, controló y acabó, la asignación de recursos de los rubros de impresos y publicaciones, que eran destinados a medios de comunicación independientes y alternativos, direccionándolos a medios a su servicio.
Reiteraron que hoy, amplias regiones del departamento viven postradas bajo el imperio del temor, donde comunidades enteras son testigas silenciosas del accionar de grupos armados ilegales, que violan derechos fundamentales, incluidos los de la libertad de conciencia, expresión e información. Allí, quien exponga el dictado de su conciencia, exprese su manera de pensar y oponga resistencia, es perseguido, amenazado, desplazado y en el peor de los casos, sentenciado a muerte. Muchos ven y oyen; pero están condenados a callar como condición obligada para salvar sus vidas. Hay pueblos que prefieren vivir sepultados en el olvido con los fantasmas del recuerdo, porque en el entorno rondan los mercenarios de la muerte.
Reconocieron la cuota de sacrificio que el periodismo de Córdoba ha aportado a lo largo del conflicto social armado, con periodistas secuestrados, asesinados, desplazados, amenazados, censurados, vetados y excluidos, debido a la victimización ejercida por actores oficiales, privados e ilegales. Recordaron que la cuota de sacrificio comenzó en 1.973 con el secuestro y asesinato de Germán Gómez Peláez, periodista empresario, propietario de La Voz de Montería. A este crimen, le siguieron los de José Cortés Soto (1.984); Oswaldo Regino Pérez (1.988); William Bendeck Olivella (1.989); Gabriel Cruz Diaz (1.997); Gustavo Rojas Gabalo (2006) y Clodomiro Castilla (2010).
A lo largo de los últimos años, el periodismo cordobés padeció y sigue padeciendo, los embates del conflicto social armado que ha soportado el país. Hay periodistas víctimas de amenazas, chantajes, desplazamiento, presiones indebidas, censura, autocensura, vetos y exclusiones. Hay victimarios armados y desarmados, que actúan en diferentes ejes de poder; un de manera abierta y sutil, otros de manera conspirativa y clandestina. Agremiaciones enteras fueron estigmatizadas y desarticuladas, como el Colegio Nacional de Periodistas seccional, a finales de los años ochentas. El directivo Oswaldo Regino Pérez fue asesinado; el afiliado William Bendeck Olivella, fue asesinado; el directivo Édgar Francisco Astudillo, fue objeto de un atentado; el directivo Jorge Enrique Rojas, fue amenazado y desplazado.
Dirigentes de partidos políticos de izquierda, anotaron que la prensa de oposición fue proscrita. Esta es la hora que no se permite ni garantiza, la circulación libre de periódicos que en otras ciudades del país se venden de manera pública, como el caso del semanario Voz. Recordaron cómo en varias ocasiones, cuando revistas y periódicos de circulación nacional, denunciaron casos de corrupción y violencia en Córdoba, fueron recogidos y comprados en su totalidad por los implicados, evitando su libre circulación. Observaron que en una sociedad capitalista, dominada por el neoliberalismo y el consumismo, la libertad de prensa, llega hasta donde lo permite la libertad de empresa y que bajo estas circunstancias, garantizar las libertades de expresión, información y comunicación, es muy difícil, sobre todo en un medio donde el narcoparamilitarismo, la corrupción y el clientelismo político, obstruyen la poca y relativa libertad existente.
Los dirigentes y voceros de víctimas, abogaron por una legislación de prensa acorde con la real situación laboral y social del periodismo, que garantice a la sociedad, los derechos consagrados en la Constitución de 1991. Invitaron a los periodistas a unificar criterios y objetivos en la construcción de paz, a persistir en la lucha contra la corrupción y a luchar por la democratización real de la comunicación en el país. Respaldaron la labor de la prensa independiente y de oposición que desde la pluralidad, ejerce periodismo crítico, en medio de serias y complejas dificultades.
A un reciente conversatorio realizado en la Unidad de Víctimas,asistieron representantes de la Mesa Departamental de Víctimas, Mesa de víctimas de Montería, Anuc, Aspu seccional, reclamantes de tierra, Unión Patriótica, Defensoría del Pueblo, MAPP-OEA, Unisinú, Asociación de Parceleros Leticia, Fundación Alma Caribe, Asociación Cordobesa de Periodistas y Unidad de Víctimas.
La Asociación Cordobesa de Periodistas, propuso la declaratoria del espectro electromagnético, como un bien público de paz, inenajenable e imprescriptible, como punto de partida al desarrollo de una legislación y un plan especial de radio y televisión, que permita la creación de una red nacional de estaciones de radio y televisión, dedicada de manera exclusiva a la promoción, educación, recreación e información en todos los aspectos relacionados con la construcción de una cultura de convivencia integral y paz con justicia social. Red de comunicación que abarcaría medios digitales e impresos. Esta iniciativa como paso inicial a un proceso de real democratización de los medios masivos de comunicación.
Los representantes y voceros de las organizaciones sociales, políticas, comunitarias que son sujetos de reparación colectiva en los términos de la ley 1448, crearon la Red departamental de reparación colectiva por el derecho a la comunicación, la paz y la democracia.
