sábado, 27 de febrero de 2016

Muchos gremios y poca ciudadanía.




Antonio Madariaga Reales
Director Ejecutivo Corporación Viva la Ciudadanía


La aproximación que muchas organizaciones sociales tienen hoy a los acuerdos de La Habana son limitadas, cuando no verdaderamente inconscientes. En muchos casos parten de dos supuestos, a nuestro modo de ver, completamente errados. El primero de ellos es que la negociación del fin del conflicto armado, solo compete al gobierno y a las FARC y no toca para nada la vida de las organizaciones. El segundo es que dado que la agenda de La Habana es acotada, por ello es poco significativa frente a la llamada “Agenda histórica” de los Movimientos Sociales.

Si bien es de sentido común, y aquí lo hemos escrito, que la negociación de La Habana es para poner fin al conflicto y que la construcción de la paz va más allá de los acuerdos y que los acuerdos siempre serán imperfectos, tenemos que poner la lupa a aquellos aspectos en los que el remedio puede ser peor que la enfermedad y que en general las perspectivas de participación de la sociedad civil podrían ser mayores, resulta necesario recalcar que la negociación de La Habana no termina con la firma del acuerdo final. Las fases de refrendación, reglamentación o adecuación normativa e institucional y de implementación, forman parte integral de los acuerdos y no pueden ser separados de la negociación misma.

Por eso es indispensable poner en perspectiva lo que eso significa, aun a riesgo de no ser políticamente correctos y generar malestares. Los acuerdos logrados comprenden múltiples aspectos que tocan de distintas maneras la vida institucional, la vida política y la vida social de Colombia.

El acuerdo titulado, “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, desde el título, anuncia un proceso complejo y de mediano plazo. Cuando se enuncian los aspectos que ese acuerdo contiene, se empieza a comprender su magnitud. Va desde el acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola, zonas de reserva campesina, desarrollo con enfoque territorial, infraestructura y adecuación de tierras, asistencia técnica, subsidios, créditos, mercadeo, formalización laboral y políticas alimentarias, hasta los relacionados con la reparación y restitución de tierras y la provisión de bienes públicos como agua potable, infraestructura educativa, de vías, etc.

En general, se trata de un acuerdo para revitalizar la economía campesina en su conjunto y disminuir la brecha urbano-rural, lo que implica la creación de un sistema de seguimiento y monitoreo a la implementación de leyes, políticas y programas relacionados con políticas agrarias y rurales, con una perspectiva de Derechos Humanos, en el que se incluya, entre otros, el Plan Nacional de Desarrollo, la Ley Forestal, la Ley 975, la Ley de Desarrollo Rural, la Ley de ZIDRES, entre otras. Habrá necesidad de crear una jurisdicción agraria eficiente, que permita resolver en derecho y de manera oportuna todas las disputas y conflictos por la tierra. A su vez para la puesta en marcha del Fondo de Tierras que contiene el acuerdo, es necesario realizar y hacer público un inventario de tierras baldías, tierras en disputa, tierras ocupadas ilegalmente y tierras abandonadas y despojadas. Sólo los asuntos mencionados, y hay mucho más en el acuerdo del punto uno, representan una gran oportunidad para las organizaciones sociales y las agrarias en particular y no pueden ser mirados con desdén o ignorados, dejando el campo libre para que intereses contrarios a las reivindicaciones de los sectores rurales empobrecidos, dominen estos asuntos.

En lo que refiere a participación política y social se destacan; la ampliación democrática para que surjan nuevas fuerzas en el escenario político y se fortalezca el pluralismo político; la proscripción de la violencia como método de acción política; el reconocimiento tanto de la oposición que ejercen los partidos y movimientos políticos, como de las formas de acción de las organizaciones y movimientos sociales que incluye la creación de una Comisión de Diálogo entre el Gobierno y las Organizaciones y Movimientos sociales; el apoyo a los medios de comunicación comunitarios; una aproximación a la reconciliación y cultura de paz con la creación de un Consejo Nacional para la Reconciliación y la Convivencia y una cátedra de cultura política para la reconciliación y la paz; la lucha contra la corrupción y la promoción de veedurías ciudadanas, la Planeación y Presupuestación Participativa; la promoción de una mayor participación electoral y de una cultura política democrática, la creación de Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz y finalmente la Participación de la Mujer y el enfoque de género en los acuerdos. Todos estos son temas de gran importancia que requerirán esfuerzos importantes en ajustes institucionales, pedagogía y movilización social. En general el acuerdo va en dirección a la ampliación y profundización de la democracia lo que concomitantemente implica una ciudadanía de alta intensidad. ¿Pueden las organizaciones sociales considerar insignificante esta agenda o contraria a la “agenda histórica” de los movimientos sociales?

En lo que hace al punto del tema de drogas, el acuerdo alcanzado se centra en la sustitución y erradicación de los cultivos de uso ilícito en la medida que promueve la sustitución voluntaria de los mismos, con generación de condiciones de bienestar para quienes derivan su subsistencia de estos cultivos, incluye un Programa de Sustitución de Cultivos y Desarrollo Alternativo de alcance nacional en consonancia con la Reforma Rural Integral acordada; un Plan de Atención Inmediata y Desarrollo de Proyectos Productivos: un enfoque de derechos humanos y salud pública para el problema de consumo con enfoque diferencial y de género que incluye a su vez, un Programa Nacional de Intervención Integral frente al Consumo de Drogas Ilícitas. Este punto de los Acuerdos contiene tal vez un relativo bajo desarrollo comparado con los otros, se enfrentará además al reto de concitar acuerdos internacionales y está atravesado por el tema de la extradición. ¿Es un acuerdo de poca monta?

Por otra parte el acuerdo que crea la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, contiene una serie de temas que van desde la conformación de la Comisión de Escogencia de los 11 Comisionados, la metodología para elegir a estos comisionados, el asunto del acceso a los archivos y la preservación de los mismos, la Comisión de Búsqueda, los incentivos para la comparecencia a la Comisión, los métodos y estrategias para la investigación en terreno, la relación con la estructura de la Jurisdicción Especial para la Paz, en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y en general un amplio mandato que busca esclarecer y promover el reconocimiento de las prácticas y hechos que en el conflicto constituyen graves violaciones a los Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) considerando el impacto humano y social en la sociedad; valorando el contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto armado y los asuntos que contribuyeron a mantenerlo e intensificarlo. Pueden insistir organizaciones sociales en que esta Comisión vaya hasta la Colonia o peor aún que se deben mantener o desarrollar esfuerzos paralelos de comisiones de la verdad bajo el pretexto, ¿“la verdad es un territorio de disputa”?

En otra dimensión de los elementos que se encuentran en el Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, el de la Jurisdicción Especial para la Paz, se destacan unos principios o criterios orientadores sumamente sugestivos como verdad exhaustiva y detallada y cero impunidad; una aproximación sumamente compleja a una combinación de justicia restaurativa y retributiva con varios niveles y salas, incluida una sala de revisión de procesos y sentencias; un sistema de investigación y juzgamiento totalmente nuevo e independiente de la justicia ordinaria. Es decir, un sofisticado y muy interesante sistema.

A nuestro juicio los asuntos reseñados ponen de presente la apertura de una agenda sumamente amplia y compleja en la que la participación activa y decidida de las organizaciones sociales es pertinente y necesaria.

Por eso resulta incomprensible escuchar una y otra vez el “reclamo” porque “nuestras necesidades no se tuvieron en cuenta” o porque “nuestra participación fue insuficiente”, o porque en ese punto “nosotros tenemos unas exigencias mayores” y un largo rosario de críticas que terminan deslegitimando los acuerdos y haciendo imposible que se pueda hacer efectiva la declaración de muchas organizaciones sociales, “respaldamos la negociación” o “queremos la paz”, y contribuir a la refrendación y al éxito en la implementación de los acuerdos.

En resumen, a pesar de la magnitud de los retos y oportunidades que los acuerdos contienen, la mirada centrada en las propias reivindicaciones, en los intereses gremiales y no en los intereses generales, en la consecución efectiva del mayor de los bienes públicos, la paz, nos demuestran que en muchas organizaciones sociales hay mucho gremio y poca ciudadanía.

Edición 484 – Viva la Ciudadanía - Semana del 26 de Febrero al 3 de Marzo de 2016

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