Cuando comprendes cómo se construye la información, sabes como decidir libremente

 

Veamos como opera en el tiempo una granja de bots.

Una precisión importante: 1.000 celulares no equivalen automáticamente a 1.000 personas ni a 1.000 votos. 

Esta investigación muestra que los bots pueden desempeñar un papel importante en las primeras fases de difusión, exponiendo el contenido a personas reales, que luego lo comparten; también intervienen los algoritmos, las cuentas influyentes y, eventualmente, otros medios.

LÍNEA DEL TIEMPO

Del bot a la percepción colectiva

FASE 0 — EL DISEÑO

Actor: el operador / arquitecto de la campaña

Antes de que aparezcan los 1.000 celulares existe una decisión humana: qué mensaje introducir, qué emoción provocar y qué objetivo político perseguir.

Aquí nace la narrativa: una afirmación, imagen, video, acusación, temor, esperanza o consigna diseñada para captar atención.

El Arquitecto de la Narrativa

FASE 1 — LOS 1.000

Actor: la granja de bots

Supongamos, como modelo didáctico, 1.000 dispositivos o cuentas automatizadas. No significa necesariamente que existan 1.000 individuos. Una misma estructura puede controlar numerosos perfiles.

Su función inicial puede ser generar simultáneamente:

• publicaciones;
• comentarios;
• respuestas;
• menciones;
• tendencias artificiales;
• interacción entre cuentas.

El objetivo de esta primera fase es conseguir algo fundamental: hacer que un mensaje parezca más popular de lo que realmente es.

La investigación de Nature Communications encontró que los bots pueden intervenir especialmente temprano en la difusión de contenidos de baja credibilidad y dirigir mensajes hacia usuarios con muchos seguidores.

Nombre: Núcleo de Simulación

FASE 2 — EL PRIMER ECO

Actor: los usuarios humanos expuestos

Aquí ocurre el salto decisivo. Una persona real encuentra el contenido y piensa: “Esto debe ser cierto; tanta gente lo está diciendo.” Lo comparte con sus contactos. Ya no estamos ante una difusión exclusivamente artificial.

El bot produce la primera señal; el ser humano comienza a reproducirla.

La investigación citada encontró precisamente este fenómeno: personas reales pueden volver a compartir contenidos inicialmente difundidos por cuentas automatizadas, produciendo una amplificación superior a la actividad de los propios bots.

Nombre: Amplificadores Humanos

FASE 3 — LA VALIDACIÓN SOCIAL

Actor: la red de confianza. El mensaje comienza a aparecer:

Bot → amigo → familiar → compañero → grupo de WhatsApp → comunidad → influencer.

Aquí entra un mecanismo psicológico y social muy poderoso: “Si muchas personas que conozco lo dicen, debe ser verdad.” No necesariamente se verifica la información; se valida socialmente.

Los estudios sobre cámaras de eco han encontrado que los rumores pueden propagarse con mayor rapidez y viralidad dentro de comunidades que comparten intereses o posiciones similares.

Nombre: La Cámara de Eco

FASE 4 — EL ALGORITMO. Actor: los sistemas de recomendación y distribución

Ahora aparece un actor que no necesariamente creó el mensaje: el algoritmo.

Cuando una publicación recibe muchas interacciones, puede obtener mayor visibilidad dependiendo del funcionamiento de la plataforma. Así puede producirse un circuito:

más interacción → más visibilidad → más exposición → más interacción.

La información deja de depender únicamente de los 1.000 dispositivos originales.

Nombre: El Multiplicador Algorítmico

FASE 5 — LOS SUPERDIFUSORES. Actor: influencers, cuentas grandes y líderes de comunidades

El mensaje llega a cuentas que tienen miles o millones de seguidores. Aquí se produce otro salto:

1 cuenta influyente → cientos de miles de personas potencialmente expuestas.

La investigación sobre bots encontró que estos pueden dirigirse precisamente hacia usuarios influyentes mediante menciones y respuestas.

Nombre: Los Superdifusores

---

FASE 6 — LA ECOLOGÍA MEDIÁTICA. Actor: medios digitales, tradicionales y creadores de contenido

Ahora puede ocurrir algo todavía más importante. Un periodista, portal, programa, influencer o medio detecta que un asunto está siendo muy comentado y decide cubrirlo. Entonces se produce:

granja de bots → usuarios → redes → tendencia → medios → nueva audiencia.

Y aquí aparece una paradoja: El medio puede estar informando legítimamente sobre algo que originalmente fue impulsado artificialmente. Es decir, la cobertura mediática puede convertirse involuntariamente en una nueva capa de amplificación.

Nombre: El Amplificador Mediático

FASE 7 — LA NORMALIZACIÓN. Actor: la opinión pública expuesta repetidamente

Después de recibir el mismo mensaje muchas veces, algunas personas pueden comenzar a percibirlo como familiar o ampliamente aceptado. Ya no recuerdan necesariamente dónde lo vieron por primera vez. La cadena original se vuelve invisible. “Lo he visto en todas partes.” Y esa percepción de omnipresencia puede ser más importante que el origen del mensaje.

Nombre: La Normalización de la Narrativa

FASE 8 — LA POLARIZACIÓN

Actor: comunidades y públicos segmentados

La narrativa puede ser adaptada a diferentes grupos:

• miedo;
• indignación;
• esperanza;
• identidad;
• rechazo;
• patriotismo;
• inseguridad;
• corrupción;
• religión;
• economía;
• nacionalismo.

La misma narrativa puede adquirir diferentes formas para distintos públicos.

Nombre: La Segmentación Emocional

FASE 9 — LA CONVERSIÓN. Actor: ciudadano expuesto

Aquí se produce el cambio fundamental: información → percepción → opinión → actitud → comportamiento.

Nombre: La Conversión de Percepción

FASE 10 — EL MOMENTO ELECTORAL. Actor: el elector

Llegamos finalmente al punto que interesa a la comunidad.

la decisión individual.

La cadena podría representarse así: 1.000 cuentas/dispositivos↓Núcleo de Simulación ↓ Amplificadores Humanos ↓Cámaras de Eco ↓Multiplicador Algorítmico ↓Superdifusores , Amplificador Mediático↓Normalización de la Narrativa↓Segmentación Emocional↓Percepción colectiva↓Decisiones individuales

Y aquí yo haría una distinción fundamental:

La granja no “elige” al candidato. Construye condiciones de visibilidad, percepción y conversación que pueden favorecer o perjudicar esta opción.

La fórmula de Dominio de MENTE

Podríamos resumir todo el proceso mediante una fórmula visual:

BOT → HUMANO → RED → ALGORITMO → INFLUENCER → MEDIO → SOCIEDAD → PERCEPCIÓN → CONDUCTA

O, en lenguaje más pedagógico: Lo que comienza como una señal artificial puede terminar pareciendo una opinión espontánea de la sociedad. Y esta sería, a mi juicio, una de las ideas centrales de la investigación.

La evidencia disponible respalda especialmente las primeras fases: los bots pueden proporcionar un impulso inicial desproporcionado y los ciudadanos pueden convertirse en amplificadores posteriores. Además, investigaciones recientes sobre cascadas informativas muestran que la propagación combina mecanismos sociales y algorítmicos y puede adquirir una dinámica semejante a una “avalancha” informativa.

Una denominación general para todo el fenómeno. Para este Dominio de MENTE, podríamos llamarlo: LA CASCADA DE AMPLIFICACIÓN EMOCIONAL y dividirla en cinco grandes territorios:

SIMULACIÓN → CONTAGIO → AMPLIFICACIÓN → NORMALIZACIÓN → CONVERSIÓN

Eso nos permite pasar de la simple idea de una granja de bots a explicar cómo una señal artificial puede transformarse progresivamente en una realidad social percibida, que determina resultados.

Radiografía de una estafa democrática: El ascenso global y las operaciones ocultas de Fernando Cerimedo

 

Por: sala de redacción

Octubre, 2026

La trayectoria de los autodenominados estrategas de la comunicación política contemporánea suele estar blindada por relatos épicos. Sin embargo, en el caso de Fernando Cerimedo, figura clave en la extrema derecha regional, el andamiaje de su biografía pública se desmorona al primer contraste documental.

Durante años, Cerimedo ha difundido en diversas entrevistas un currículum internacional de alto vuelo: asegura haber recibido una beca en Harvard, estudiado en Puerto Rico, entrenado con los Navy Seals, cursado posgrados en la Universidad de Phoenix o participado en la campaña presidencial de Barack Obama. No obstante, ninguno de estos hitos resiste la verificación.

Registros oficiales confirman que su nombre brilla por su ausencia en las bases de datos de Harvard, los cuerpos de élite estadounidenses o los equipos demócratas. Su pasado real es mucho más terrenal: figura como empleado de una empresa de taxis en Mar del Plata, asesor de seguros, operario en una fábrica de plásticos y docente de enseñanza secundaria en la Ciudad de Buenos Aires.

El punto de inflexión en su suerte económica y política llegó en 2019 con la fundación de la consultora Numen. A partir de ese momento, su nombre comenzó a codearse con los círculos de poder de toda América. ¿Cómo se explica este vertiginoso despegue? Aunque la periodista argentina Natalia Volosín reveló que Cerimedo comparte sociedades con figuras oscuras de los servicios de inteligencia de su país, las preguntas sobre sus verdaderos patrocinadores siguen sin respuesta definitiva.

De las sombras al tablero geopolítico

Hoy en día, la especialidad indiscutida de Cerimedo es la creación y gestión de granjas de bots, infraestructuras digitales diseñadas para distorsionar el debate público y manipular la opinión en redes sociales.

Su despegue definitivo en el ecosistema de la consultoría internacional se consolidó tras operar en las campañas de Chile y Brasil, lo que le abrió las puertas para incidir en la campaña que llevó a Javier Milei a la presidencia de Argentina. Posteriormente, su ruta lo condujo al círculo de Donald Trump en Estados Unidos, con intervenciones destacadas en los procesos electorales de Honduras y Bolivia.

En una entrevista concedida a medios internacionales, el propio consultor ventiló parte de su red de negocios y alianzas transnacionales:

"Tengo una cadena de medios llamada Richa Diario, y en Estados Unidos soy socio ahora de una de las empresas de Trump, que es Sage Media, que tiene 135 estaciones de radio y 43 periódicos. Eso lo acompañamos con dos empresas más: Stateover y Núcleos. Esos son los sistemas que nosotros representamos en Latinoamérica. Nuestros servicios suelen ser caros..."

Detrás de estas alianzas se encuentra el estratega estadounidense Brad Parscale, fichaje clave de la campaña de Donald Trump en 2016 y pionero de la comunicación política digital basada en analítica masiva. La cercanía entre ambos quedó evidenciada cuando Cerimedo le agradeció públicamente durante la recepción de un premio en EE. UU.: "Thank you, Brad Parscale, for believing in me all the time and giving me technology and team down for fighting in Latin America against socialism."

 

Tecnología de intoxicación: El poder de las granjas de bots

La tecnología a la que alude Cerimedo se materializa en herramientas como Núcleos, una plataforma integrada con inteligencia artificial que opera como un centro de comando para gestionar campañas electorales y estrategias de recaudación de fondos. Estos servicios suelen dividirse en dos carriles: la contratación formal y pública, y los acuerdos oficiosos que operan en la opacidad.

El funcionamiento de las granjas de bots se divide en tres niveles de sofisticación tecnológica:

• Nivel básico (Operación manual): Cuentas agrupadas por lotes y operadas de forma manual. Su gran ventaja es la dificultad para ser detectadas por los algoritmos de las plataformas; su desventaja radica en que demandan alta intensidad de mano de obra real.
• Nivel semi-automático: Empleo de software comercial de gestión (community management) para programar publicaciones masivas, respuestas predefinidas y variaciones sintácticas mínimas para evitar bloqueos.
• Nivel avanzado (Inteligencia artificial): Modelos de lenguaje capaces de generar textos únicos e hiperpersonalizados para cada cuenta, imitando estilos de escritura e introduciendo errores tipográficos simulados para evadir los controles de autenticidad.

Para mantener estas operaciones activas fuera de los periodos electorales, las granjas simulan patrones de comportamiento orgánico y emplean redes privadas virtuales (VPN) y servidores proxy para enmascarar ubicaciones geográficas.

Un antecedente directo de estas tácticas es el Proyecto Alamo, ejecutado por Brad Parscale durante la primera campaña de Donald Trump. Su objetivo principal fue la supresión de votantes en sectores demográficos clave —como afroamericanos, jóvenes y liberales independientes— mediante la microsegmentación y la difusión de contenidos falsos diseñados exclusivamente para esos nichos.

Actualmente, estas capacidades técnicas se encuentran al alcance de la mano en el mercado digital. Existen dispositivos como Farmbox que, por un costo de 299 dólares, permiten interconectar decenas de teléfonos móviles para automatizar la interacción masiva en plataformas como YouTube, TikTok, WhatsApp e Instagram sin necesidad de manipular los aparatos de forma individual. Junto a esto operan simuladores virtuales capaces de replicar miles de terminales falsas mediante software.

El frente mexicano y la arquitectura del caos permanente

En el tablero geopolítico actual, las operaciones de estas redes han puesto su mira en México, donde coinciden con las políticas del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Recientemente, el diputado del partido Morena, Arturo Ávila, denunció públicamente que Cerimedo y su socio, Javier Negre, habrían sido contratados por el magnate Ricardo Salinas Pliego para activar un ecosistema digital dedicado a amplificar narrativas falsas. Según las estimaciones expuestas por Ávila, este entramado opera más de 500,000 cuentas falsas distribuidas estratégicamente entre América Latina, Estados Unidos y España.

A diferencia de los consultores tradicionales, cuya labor concluía una vez finalizados los comicios, esta nueva generación de arquitectos del caos concibe su trabajo como permanente e ininterrumpido, convirtiéndolos en una amenaza sistémica para la estabilidad democrática. La ofensiva digital ya no busca convencer con argumentos, sino colonizar el espacio público mediante la falsificación sistemática de la realidad.

¿Considera que los marcos regulatorios actuales de las redes sociales en América Latina cuentan con las herramientas técnicas necesarias para frenar estas operaciones de desinformación transnacional?

Agustín Ágreda, un líder indígena de Rafael Uribe que trabaja por su comunidad.

Agustín Ágreda, líder social y comunitario
del sector indígena de Rafael Uribe Uribe

 

Hablar con Agustín Ágreda es acercarse a una parte de Rafael Uribe Uribe que no siempre resulta visible para quienes recorren diariamente sus calles. Integrante del pueblo Inga y coordinador de la Mesa Local Indígena de la localidad, Agustín habla de los pueblos indígenas no como comunidades ajenas al territorio, sino como parte del tejido social que también construye la vida de esta localidad.

Su encuentro con NOTAS DE ACCIÓN se produjo durante los Cuartos Juegos Tradicionales, un escenario que, para él, tiene un significado que supera ampliamente la competencia deportiva.

“Queremos mostrarle a la comunidad de Rafael Uribe Uribe que somos parte de ese conglomerado de personas que existimos acá”, explica.

Y esa afirmación resume buena parte de su pensamiento.

Una localidad de muchos pueblos

Agustín explica que en Rafael Uribe Uribe confluyen pueblos indígenas procedentes de diferentes territorios del país. Habla de los Inga, Pastos, Witoto, Cubeo, Nasa y Yanacona, cada uno con sus propias tradiciones, conocimientos, lenguas y formas de comprender el mundo.

Los caminos que los llevaron hasta Bogotá tampoco son iguales. Algunos llegaron como consecuencia del desplazamiento o de situaciones de victimización; otros hacen parte de procesos migratorios de larga trayectoria.

En el caso del pueblo Inga, Agustín habla de una migración histórica que comenzó a hacerse visible en Bogotá desde finales de la década de 1950.

Así, detrás de cada comunidad existe una historia territorial que continúa expresándose en la ciudad mediante la medicina tradicional, los tejidos, la lengua, las celebraciones y los juegos ancestrales.

La propia normativa local reconoce la presencia de diferentes pueblos indígenas en Rafael Uribe Uribe. La Resolución Local 152 de 2021 creó formalmente la Mesa Indígena Local y reconoció procesos de organización comunitaria que venían desarrollándose desde años atrás.

Organizarse para ser escuchados

Para Agustín, uno de los principales logros de los líderes indígenas ha sido precisamente conseguir que esa presencia tenga un espacio formal de interlocución con la Administración Local.

La Mesa Indígena Local de Rafael Uribe Uribe fue creada mediante la Resolución Local 152 del 2 de septiembre de 2021 como instancia de consulta, concertación, diálogo, participación, articulación e incidencia entre los pueblos indígenas y la Administración.

Para Agustín, ese reconocimiento representa parte de una lucha que busca garantizar los derechos de las comunidades y abrir espacios para participar en las decisiones que afectan su vida colectiva.

Desde allí, explica, se trabaja alrededor de asuntos como cultura, salud, educación, mujer, territorio, hábitat y formas propias de organización.

La Mesa no es entendida únicamente como un espacio para reclamar derechos. También es, según su visión, un escenario para dialogar y concertar con las instituciones.

La violencia e integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes en Bogotá.

 

Rocío Dussan, concejala de Bogotá

La concejal Rocío Dussan socializa una problemática social de máxima gravedad que genera un repudio unánime: la violencia e integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes.

Desde una perspectiva de análisis institucional y social, la información destaca varios puntos clave:

• Exigencia institucional de celeridad y debido proceso: La activación inmediata de las entidades responsables es el camino institucional correcto. El ICBF debe priorizar las medidas de protección e intervención psicosocial para las presuntas víctimas, mientras que la Fiscalía General de la Nación debe realizar las investigaciones pertinentes respetando el debido proceso para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
• Alertas en entornos escolares: Los entornos educativos deben ser espacios absolutamente seguros. Cuando surgen denuncias en colegios (como el caso mencionado en la localidad de Antonio Nariño), se hace indispensable que la Secretaría de Educación revise y refuerce los protocolos de prevención, atención y activación de rutas de emergencia escolar (Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar).
• Magnitud de las cifras y el reto de la impunidad: El uso de datos atribuidos a Medicina Legal y al Ministerio de Justicia refleja una preocupación estructural que trasciende casos individuales. El alto número de exámenes médico-legales por presunto delito sexual en menores y las elevadas tasas de impunidad ponen de manifiesto barreras críticas en el sistema de justicia, como la baja denuncia, demoras probatorias o fallas en la cadena de custodia.

Es un llamado legítimo a la acción ciudadana e institucional para no normalizar la violencia contra la infancia y garantizar que la justicia y la prevención funcionen de manera efectiva.

 

Cuartos Juegos Tradicionales Pugliazunchi en Rafael Uribe Uribe

 

El deporte fue el punto de encuentro, pero la memoria, la identidad y el intercambio de saberes fueron los verdaderos protagonistas de los Cuartos Juegos Tradicionales Pugliazunchi, una jornada que reunió en Rafael Uribe Uribe a integrantes de diferentes pueblos indígenas que hoy hacen parte de la vida de la localidad.

Antonia Ágreda, integrante del pueblo Inga y encargada de la organización del encuentro, explicó que Pugliazunchi reúne a comunidades que conservan en sus juegos parte de la memoria de sus territorios de origen.

La jornada contó con la participación de representantes de los pueblos Inga, Yanacona, Cubeo, Pastos, Nasa y Witoto, comunidades que, desde diferentes regiones del país, han construido también una presencia en el territorio bogotano.

Cerimedo, redes y el nuevo poder de la comunicación electoral

La experiencia de Fernando Cerimedo y su entorno comunicacional abre interrogantes sobre las nuevas formas de disputar el poder político en América Latina

Durante las últimas campañas electorales latinoamericanas ha comenzado a adquirir importancia un fenómeno que va mucho más allá de la publicidad política tradicional: la utilización coordinada de medios digitales, redes sociales, contenidos virales, cuentas automatizadas y estrategias de comunicación destinadas a influir sobre la percepción de millones de personas.

Uno de los nombres que aparece asociado a esta transformación es el del consultor argentino Fernando Cerimedo, quien tuvo participación en la estrategia digital de Javier Milei y estuvo vinculado a La Derecha Diario, medio que se convirtió en uno de los componentes del ecosistema comunicacional de la nueva derecha latinoamericana. Investigaciones periodísticas han documentado también su actividad relacionada con campañas políticas en distintos países.

Un informe publicado en agosto de 2026 por Chequeado documentó que La Derecha Diario difundió entre 2022 y 2023 diferentes contenidos que posteriormente fueron verificados como desinformación, entre ellos afirmaciones falsas sobre el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, las elecciones brasileñas, el cambio climático y otros asuntos políticos. El mismo informe recoge declaraciones de Cerimedo sobre la utilización de “campaña negativa” y granjas de trolls.

El caso brasileño también resulta relevante.

Investigaciones periodísticas señalaron la participación de Cerimedo en la difusión de contenidos que cuestionaban la legitimidad del sistema electoral de Brasil. Sin embargo, posteriormente se estableció que no fue acusado por el intento de golpe de Estado porque la Fiscalía no consideró probado que conociera la falsedad del documento que difundió.

¿Qué tiene que ver Colombia?

La relación con Colombia requiere especial cuidado.

No existe, hasta ahora, evidencia pública suficiente para afirmar que Fernando Cerimedo haya dirigido la campaña presidencial colombiana. Una investigación de La Silla Vacía señala expresamente que no encontró evidencia de una participación directa de Cerimedo en dicha campaña.

Pero existe otro vínculo documentado que merece atención.

Javier Negre, quien fue socio de Cerimedo y posteriormente asumió un papel central en La Derecha Diario, tuvo presencia en Colombia durante la campaña presidencial y estuvo relacionado públicamente con el candidato Abelardo de la Espriella.

La investigación de La Silla Vacía señala que La Derecha Diario Colombia comenzó operaciones en septiembre de 2025 y desarrolló una intensa actividad durante el período electoral. El medio produjo miles de publicaciones y, según esa investigación, difundió contenidos favorables a De la Espriella y contenidos cuestionados por su tratamiento informativo.

La propia investigación describe este fenómeno como parte de un nuevo ecosistema internacional de medios y actores digitales asociado con sectores de la nueva derecha latinoamericana.

De la propaganda a la construcción del entorno informativo

La transformación que representan estos casos consiste en que la comunicación electoral ya no depende exclusivamente de los espacios tradicionales de propaganda.

Una campaña puede intentar influir mediante discursos, entrevistas, publicidad y debates, pero también puede hacerlo mediante la construcción permanente de contenidos digitales que definan qué temas aparecen, cuáles se repiten, qué adversarios son objeto de ataques y qué interpretaciones de la realidad terminan circulando masivamente.

En este modelo, un mensaje puede aparecer simultáneamente en un portal de noticias, una cuenta de X, un video, un influencer, un grupo de mensajería y decenas de cuentas que reproducen o comentan el mismo contenido.

El efecto no depende necesariamente de que cada ciudadano crea literalmente cada mensaje.

Puede bastar con que determinadas ideas sean repetidas con suficiente frecuencia para que terminen ocupando un lugar predominante en la conversación pública.

 

Una investigación que apenas comienza

El caso Cerimedo y sus conexiones internacionales plantean una pregunta que Colombia deberá discutir con mayor profundidad:

¿Hasta dónde pueden llegar las nuevas arquitecturas digitales de comunicación política en la formación de percepciones electorales?

La pregunta no implica afirmar que una determinada elección haya sido manipulada mediante estas herramientas. Tampoco permite atribuir automáticamente a Cerimedo las actuaciones de personas o medios con los que tuvo vínculos anteriores.

Lo que sí puede investigarse es la existencia de redes transnacionales de comunicación política, sus mecanismos de funcionamiento, sus fuentes de financiación, sus relaciones empresariales, el uso de publicidad digital, la coordinación entre cuentas y medios, y la manera como determinadas narrativas logran alcanzar simultáneamente a grandes sectores de la población.

En un escenario donde buena parte de la conversación política ocurre en teléfonos celulares y plataformas digitales, conocer quién produce los mensajes, quién los financia, quién los amplifica y mediante qué mecanismos llegan a los ciudadanos se convierte en un asunto de interés público.

Porque la democracia no solamente se juega el día de las elecciones.

También se juega durante los meses y años anteriores, en el espacio donde los ciudadanos reciben información, forman opiniones y construyen su propia interpretación de la realidad.

HACIENDA LOS MOLINOS RECLAMA SOLUCIÓN POR COBROS DEL ACUEDUCTO

Habitantes del barrio Hacienda Los Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, realizaron un plantón para exigir al Acueducto de Bogotá una solución frente a los cobros que consideran injustificados y la devolución de los dineros pagados en exceso.

La jornada se cumplió como estaba prevista y tuvo como propósito llamar la atención de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) sobre la situación que, según los habitantes, ha afectado económicamente a varias familias del sector.

De acuerdo con un comunicado de la oficina de prensa de la concejala Rocío Dussán, la EAAB reconoció que su sistema presentó errores en el cálculo de los subsidios, situación que habría generado cobros superiores a los que correspondían en más de 125 cuentas contrato del barrio.

Según la misma información, los ajustes reconocidos por la Empresa superarían los 30 millones de pesos, mientras que en algunos casos los valores correspondientes a cada familia superarían los 900.000 pesos

Un barrio con particulares condiciones

Hacienda Los Molinos es señalado en el comunicado como un asentamiento de origen informal. De acuerdo con lo expuesto, sus habitantes no cuentan con una prestación formal del servicio de alcantarillado y reciben el agua mediante redes comunitarias construidas por ellos mismos, utilizando mangueras y conexiones artesanales.

En este contexto, los habitantes cuestionan que se hayan presentado errores en la facturación relacionados con el cálculo de los subsidios.

El problema con los subsidios

En respuesta a un derecho de petición, la EAAB habría reconocido que actualizó correctamente el número de unidades habitacionales de los predios. Sin embargo, según la respuesta citada por la concejala, el sistema no calculó correctamente el subsidio correspondiente al estrato 2.

Esto habría ocasionado que algunas facturas fueran liquidadas aplicando el subsidio y otras sin tenerlo en cuenta.

El documento relacionaría cerca de 30 millones de pesos en ajustes, correspondientes a más de 125 cuentas contrato, con casos individuales superiores a los 900.000 pesos.

Reclamo de los habitantes

Los residentes del sector denunciaron la situación y manifestaron su inconformidad por haber realizado pagos durante meses sin conocer que se estaban presentando inconsistencias.

“Llevábamos meses pagando de más sin que nadie nos explicara nada”, manifestó un habitante del barrio.

Otra residente reclamó la devolución completa de los recursos: “Queremos que nos devuelvan hasta el último peso, no un descuento a medias”.

Control político

La concejala Rocío Dussán anunció que realizará control político sobre el caso y solicitará a la EAAB un informe completo que permita establecer cuántas familias fueron afectadas en toda Bogotá y no solamente en Hacienda Los Molinos.

También solicitará explicaciones sobre las razones por las cuales se produjo la falla en el sistema de facturación y durante cuánto tiempo se presentó la situación.

“Devolver lo cobrado de más no puede depender de que el ciudadano descubra el error; la Empresa tiene que decirle a Bogotá cuántas familias fueron afectadas, cuánto dinero les debe y cuándo y cómo lo va a devolver”, afirmó la concejala.

Dussán también manifestó que los recursos de los usuarios no deberían permanecer en las cuentas del Distrito cuando correspondan a cobros realizados de manera incorrecta.

La exigencia

La concejala Rocío Dussán, junto con la comunidad, lidera una firmatón relacionada con un derecho de petición dirigido a la EAAB, mediante el cual se exige una solución frente a los sobrecostos y la devolución de los recursos a las familias afectadas.

Los habitantes de Hacienda Los Molinos esperan una respuesta de la Empresa de Acueducto que permita establecer con claridad el alcance de los cobros, los valores que deben ser reconocidos y la forma en que se dará solución a la situación.

Más allá de las posiciones expresadas por las partes, el caso deja sobre la mesa una pregunta que corresponde responder a la empresa pública: si el sistema de facturación cometió un error, ¿cómo y cuándo serán restituidos a los usuarios los recursos cobrados de más?

¿UNA SOLA VOZ DESDE EL GOBIERNO?

 

Las decisiones que inquietan a la prensa colombiana

Bogotá. Una pregunta comienza a tomar fuerza en distintos sectores del periodismo colombiano: ¿está el nuevo Gobierno modificando su relación con los medios de comunicación hasta el punto de restringir el acceso de la prensa a sus funcionarios y reducir los espacios para las preguntas?

La inquietud no surge de un solo episodio. En las últimas semanas se han producido varias decisiones y anuncios que, vistos por separado, pueden tener explicaciones administrativas o empresariales, pero que juntos han abierto un debate sobre la libertad de información y el papel de los medios en una democracia.

Uno de los primeros episodios fue la suspensión temporal de la programación regional e informativa de las 20 Emisoras de Paz. Desde el 18 de agosto esas emisoras dejaron temporalmente sus contenidos habituales y pasaron a una programación centralizada. La medida generó cuestionamientos de organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa, la MOE y AMARC.

Posteriormente, 16 de esas emisoras retomaron su programación local desde el 7 de septiembre, aunque bajo una nueva denominación: Emisoras de la Reconciliación. La propia administración de Inravisión sostiene que la renovación busca fortalecer la relación con las comunidades, la participación y la construcción de paz.

Es decir, no puede afirmarse que las emisoras hayan sido definitivamente silenciadas. Pero tampoco puede ignorarse que durante varias semanas las comunidades perdieron sus espacios habituales de producción y difusión de información territorial.

Una nueva controversia: ¿quién puede preguntar?

El segundo episodio es quizá más delicado.

Una investigación de la Unidad Investigativa de Caracol Radio reveló el contenido de un acta de reuniones entre responsables de comunicaciones de diferentes ministerios y la oficina de comunicaciones de la Presidencia.

Según esa publicación, se impartieron instrucciones para que, por el momento, no se concedieran ruedas de prensa ni entrevistas a medios considerados “no amigos”, salvo cuando se tratara de asuntos estratégicos previamente autorizados por la Presidencia.

La misma directriz habría establecido que los ministros podrían hacer declaraciones durante eventos y recorridos oficiales, pero sin responder preguntas de los periodistas. También se habría restringido la participación de viceministros como voceros del Gobierno.

De confirmarse plenamente el alcance de estas instrucciones, el asunto tendría una dimensión que va más allá de una estrategia de comunicación institucional.

Porque una cosa es que un Gobierno organice sus mensajes y determine quiénes serán sus voceros. Y otra muy diferente es seleccionar a qué medios se les permite preguntar y cuáles quedan excluidos por no ser considerados “amigos”.

La diferencia es sustancial.

La comunicación como mensaje controlado

La investigación periodística también señala que la Presidencia habría establecido una narrativa común para las comunicaciones gubernamentales, con expresiones destinadas a transmitir esperanza, reconstrucción y la idea de una “Patria Milagro”.

Además, los ministerios deberían canalizar su información mediante sus cuentas institucionales y someter determinados contenidos a una cadena de revisión antes de su divulgación.

Una estrategia de comunicación coordinada no es, por sí misma, antidemocrática. Todos los gobiernos tienen derecho a organizar su comunicación institucional.

El problema aparece cuando la coordinación se convierte en control de las preguntas, selección de periodistas o exclusión de medios por razones políticas.

Ahí la discusión deja de ser solamente comunicativa y entra directamente en el terreno de la libertad de prensa.

¿Y Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo?

La denuncia también menciona la salida del aire de las periodistas Camila Zuluaga y Ana Cristina Restrepo.

Aquí es necesario hacer una precisión fundamental.

Ambas hacían parte de Mañanas Blu, programa de Blu Radio. La programación continuó hasta finales de agosto y existen registros del programa conducido por Zuluaga hasta el 31 de agosto.

Por tratarse de un medio privado, no sería correcto afirmar sin pruebas que el Gobierno las “sacó del aire”.

Podrían existir presiones políticas, decisiones empresariales, razones económicas, cambios de programación u otras circunstancias. Para establecer una relación causal con el Gobierno sería necesario contar con pruebas concretas.

La prudencia periodística exige, por ahora, mantener ese asunto como una pregunta abierta y no como una conclusión.

El debate que no podemos eludir

Hay, sin embargo, una cuestión que permanece.

La Constitución colombiana protege la libertad de expresión y el derecho a informar y recibir información. En una democracia, la relación entre Gobierno y periodistas no debería depender de la simpatía política del medio.

El periodista no está para ser amigo del Gobierno.

Está para preguntar.

Y precisamente porque puede incomodar, cuestionar, confrontar cifras, investigar decisiones y poner en duda las versiones oficiales, la prensa cumple una función democrática que no puede sustituirse por comunicados institucionales ni por mensajes cuidadosamente preparados.

Un Gobierno puede decidir quién habla en su nombre.

Lo que resulta mucho más problemático es que pretenda decidir quién puede preguntarle.

¿Estamos ante un intento de controlar la información?

Todavía sería apresurado afirmar que Colombia se encuentra ante una política sistemática de censura.

Pero tampoco sería responsable ignorar las señales que están apareciendo.

La suspensión temporal de la programación territorial de las Emisoras de Paz, la profunda reestructuración del sistema de medios públicos y, especialmente, las directrices reveladas sobre el relacionamiento con medios considerados “no amigos” justifican que periodistas, organizaciones de libertad de prensa y ciudadanía mantengan una vigilancia democrática sobre la actuación del Gobierno.

La pregunta no debería ser si un Gobierno tiene derecho a defenderse de medios críticos.

Naturalmente que lo tiene.

La verdadera pregunta es otra:

¿Puede un Gobierno democrático escoger qué periodistas tienen derecho a preguntar y cuáles deben limitarse a escuchar?

La respuesta debería preocuparnos a todos, independientemente de la posición política.

Porque la democracia no consiste en que el Gobierno hable y los ciudadanos escuchen.

La democracia necesita múltiples voces, preguntas incómodas, contradicción, investigación y acceso a información diversa.

Cuando solamente una voz decide qué se informa, quién lo informa y qué preguntas pueden hacerse, el problema ya no pertenece solamente a los periodistas.

Pertenece a toda la sociedad.

Y por eso esta discusión merece continuar, con hechos comprobables, documentos sobre la mesa y sin convertir la defensa de la libertad de prensa en una bandera partidista.

Porque la libertad de informar no pertenece a la izquierda ni a la derecha. Pertenece a la ciudadanía.

EMISORAS DE PAZ: ENTRE LA REORGANIZACIÓN OFICIAL Y EL DERECHO DE LAS REGIONES A SER ESCUCHADAS

  

La decisión del nuevo Sistema de Medios Públicos abrió un debate nacional sobre libertad de información, comunicación territorial y cumplimiento del Acuerdo de Paz

Bogotá. Lo que comenzó el 18 de agosto como una suspensión temporal de la programación habitual de las Emisoras de Paz terminó convirtiéndose en uno de los primeros grandes debates sobre libertad de información durante el nuevo Gobierno.

La medida fue impartida por la nueva administración de Inravisión —antes RTVC—, encabezada por Ángela María Mora Soto. La instrucción había sido comunicada el 17 de agosto y significó que las 20 Emisoras de Paz dejaran temporalmente sus espacios informativos, culturales, pedagógicos y regionales para transmitir una programación musical centralizada desde Bogotá. La decisión también alcanzó a 11 emisoras descentralizadas de Radio Nacional de Colombia.

No se trató, técnicamente, de un apagón de las frecuencias. Las emisoras continuaron transmitiendo. Lo que cambió fue su contenido: las voces producidas desde los territorios dejaron de ocupar temporalmente el espacio habitual en la programación.

Y allí aparece la pregunta de fondo: ¿puede una reorganización administrativa de los medios públicos terminar afectando el derecho de las comunidades a recibir información desde sus propios territorios?

Emisoras nacidas de la paz

Las 20 Emisoras de Paz no son unas emisoras públicas convencionales.

Su origen se encuentra en el punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz de 2016, que contempló herramientas de difusión y comunicación destinadas a fortalecer la información regional, la pedagogía sobre el Acuerdo, la convivencia y la reconciliación.

Estas emisoras fueron instaladas precisamente en territorios profundamente afectados por el conflicto armado y tienen entre sus propósitos dar espacio a comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, víctimas, organizaciones sociales y procesos comunitarios.

Para la FLIP, la suspensión de la programación informativa y territorial restringió el acceso a información local de más de 463.000 personas en municipios PDET. La organización, junto con otras entidades defensoras de la libertad de prensa, reclamó el restablecimiento de la programación.

La Defensoría del Pueblo también pidió reevaluar la decisión y destacó la importancia de mantener la programación regional de estas emisoras.

¿Por qué el Gobierno tomó la decisión?

La nueva administración de Inravisión argumentó que recibió un Sistema de Medios Públicos que debía ser revisado integralmente.

Entre las medidas anunciadas estuvo la revisión de contenidos, contratos y formatos, con el propósito declarado de transformar el sistema y evitar que los medios públicos fueran utilizados como instrumento político.

La nueva administración sostuvo que la futura programación tendría como pilares la cultura, el arte y la educación, y que buscaría reconocer la diversidad regional y dar espacio a las diferentes voces del país.

El Gobierno también cuestionó aspectos administrativos y contractuales de la anterior administración. Sin embargo, una cosa es investigar posibles irregularidades y otra diferente es demostrar que las Emisoras de Paz, como tales, hayan incurrido en ellas.

Precisamente por eso, la discusión pública no puede confundirse: la revisión administrativa de un medio estatal no elimina el derecho de las comunidades a recibir información.

La alerta de quienes defienden la libertad de prensa

La Fundación para la Libertad de Prensa expresó preocupación no solamente por la suspensión de la programación, sino también por las afirmaciones de funcionarios y dirigentes políticos que calificaron las Emisoras de Paz como instrumentos de propaganda de las antiguas FARC o del ELN.

La FLIP advirtió que este tipo de señalamientos puede estigmatizar a periodistas y comunidades y aumentar los riesgos para quienes trabajan en regiones afectadas históricamente por la violencia.

El entonces director de Radio Nacional de Colombia, Alexei Castaño, también defendió públicamente la importancia de la radio pública territorial, especialmente en momentos de emergencia, cuando la comunicación con las regiones puede ser determinante para las comunidades.

La justicia intervino

El debate llegó a los tribunales.

El senador Iván Cepeda promovió una acción de tutela argumentando una posible vulneración de los derechos a la libertad de expresión, información y paz.

El Juzgado 32 de Ejecución de Penas de Bogotá, sin embargo, negó la tutela. Según la información divulgada por el Ministerio TIC y por Inravisión, el despacho consideró que no existió un acto administrativo destinado a eliminar o clausurar las Emisoras de Paz, que las señales nunca dejaron de transmitirse y que el cambio correspondió a un esquema transitorio de reorganización de la programación.

Este elemento es fundamental: la justicia no calificó la medida como censura.

Por ello, periodísticamente no sería correcto afirmar que quedó demostrado que el Gobierno incurrió en censura.

Pero tampoco desaparece la discusión sobre el derecho a la información.

Las emisoras regresaron, pero con otro nombre

La situación tuvo una nueva modificación en septiembre.

Desde el 7 de septiembre, 16 estaciones que anteriormente eran conocidas como Emisoras de Paz comenzaron una nueva etapa bajo el nombre “Emisoras de la Reconciliación”, con programación local renovada, según informó oficialmente Inravisión.

Sin embargo, cuatro estaciones —Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta— quedaron sometidas a un cese de emisión debido, según la explicación oficial, a problemas relacionados con los requisitos legales de sus concesiones.

Inravisión sostiene que esas cuatro emisoras fueron puestas en funcionamiento en 2024 sin que hubiera culminado el trámite de las concesiones correspondientes y que permanecerán fuera del aire hasta que se subsane la situación jurídica.

El verdadero debate

Más allá de la disputa política entre el Gobierno anterior y el actual, existe una pregunta que interesa a todos los colombianos:

¿Qué papel deben cumplir los medios públicos en una democracia?

El artículo 20 de la Constitución Política garantiza la libertad de expresar y difundir el pensamiento y las opiniones, pero también reconoce la libertad de informar y recibir información veraz e imparcial.

Por eso, cuando una emisora pública llega a territorios donde existen pocas alternativas informativas, su importancia no puede medirse únicamente por el número de personas que la escuchan.

Una emisora territorial puede convertirse en puente entre una comunidad y el Estado; puede informar sobre una emergencia, denunciar una necesidad, divulgar una decisión administrativa, visibilizar a una organización comunitaria o simplemente permitir que una población escuche su propia voz.

Ese es, precisamente, el valor que está en juego.

¿Reorganización o riesgo para la información territorial?

La suspensión de agosto no terminó con el cierre definitivo de las Emisoras de Paz. La decisión judicial tampoco encontró demostrada una vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Pero los cuestionamientos de la FLIP y de la Defensoría del Pueblo muestran que el asunto no puede reducirse a una discusión administrativa.

La radio pública tiene una responsabilidad particular: garantizar que las regiones también puedan hablarle al país y que el país pueda escucharlas.

Por eso, más que preguntar solamente si hubo censura, conviene mantener abierta una pregunta todavía más profunda:

¿Puede existir una verdadera democracia informativa si las comunidades pierden la posibilidad de producir y difundir desde sus propios territorios la información que les afecta?

La respuesta a esa pregunta no corresponde únicamente al Gobierno de turno.

Corresponde a toda la sociedad colombiana.

Hacienda Los Molinos: comunidad reclama devolución de cobros que atribuye a errores del Acueducto

Habitantes de Hacienda Los Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe, realizarán este 8 de septiembre un plantón para reclamar a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) la devolución de dineros que, según denuncian, habrían sido cobrados de más en sus facturas.

La situación se originó a partir de una respuesta de la EAAB a un derecho de petición, en la que, según la información divulgada, la Empresa habría reconocido inconsistencias en el cálculo de los subsidios correspondientes a usuarios del sector.

De acuerdo con la denuncia, aunque la EAAB actualizó el número de unidades habitacionales de algunos predios, el sistema de facturación no habría aplicado de manera correcta el subsidio correspondiente al estrato 2, ocasionando diferencias en los valores cobrados.

La información conocida señala que los ajustes superarían los 30 millones de pesos y comprometerían más de 125 cuentas contrato, con casos individuales en los que el valor a ajustar superaría los 900.000 pesos por familia.

Una comunidad que reclama respuestas

Hacienda Los Molinos es un sector de origen informal de Rafael Uribe Uribe. Sus habitantes han manifestado históricamente dificultades relacionadas con la prestación de los servicios públicos y, según la denuncia, buena parte de la comunidad utiliza redes construidas por los propios residentes para acceder al agua.

Para los habitantes afectados, el problema no se limita al valor económico de las facturas. También cuestionan que hayan tenido que descubrir por iniciativa propia una situación que, según consideran, debió ser identificada oportunamente por la Empresa.

La concejala Rocío Dussán, quien ha asumido la denuncia y anunció acciones de control político, sostiene que la EAAB debe explicar cuántos usuarios fueron afectados, cuánto dinero se habría cobrado de más y cuál será el mecanismo para realizar los ajustes o devoluciones correspondientes.

Dussán también ha anunciado una solicitud de información para establecer si situaciones similares se presentaron en otros sectores de Bogotá.

Plantón y firmatón

Como parte de las acciones anunciadas, la concejala y habitantes del sector promoverán mañana una firmatón y un plantón frente a la situación denunciada, con el propósito de solicitar a la EAAB respuestas y medidas concretas frente a los posibles cobros realizados de manera incorrecta.

La comunidad reclama que, si se confirma que hubo cobros superiores a los que correspondían, los recursos sean reconocidos y devueltos en su totalidad a las familias afectadas, de acuerdo con los procedimientos que establezca la Empresa.

Por ahora, corresponde a la EAAB precisar oficialmente el alcance de la situación, el número total de cuentas afectadas, los valores involucrados y la forma en que se realizarán los ajustes.

Notas de Acción continuará atento al desarrollo del plantón y a las respuestas que entreguen tanto la Empresa de Acueducto como las autoridades distritales y la comunidad de Hacienda Los Molinos.

LOS QUE VUELVEN A ROCK AL PARQUE 2026:

 

Por: Cristian Albeiro Pulido Melo. @cristianpulidomelo - michincalceta@gmail.com

Treinta años regresan al Simón Bolívar

El cartel ya empezó

Rock al Parque ya tiene fecha, lugar y buena parte de su ruido anunciado. El 10, 11 y 12 de octubre de 2026, el Parque Metropolitano Simón Bolívar recibirá la edición número 30 del festival. La entrada será gratuita y el cartel reúne a más de sesenta agrupaciones de distintos países y escenas. Todavía faltan horarios por tarima y otros detalles, pero Bogotá ya empezó a hacer lo de siempre: discutir.

—¿Usted sí se va a ver a Mon Laferte?

Mon Laferte

—Uy, Apocalyptica otra vez.
—Falta metal.
—No, marica, mire ese poco de bandas.

Tan pronto circuló el cartel, comenzaron las rutas imaginarias. Uno hace captura de pantalla, otro marca nombres, alguien declara que solo irá por dos bandas y otro ya está armando parche. Yo lo abrí y no vi únicamente programación: vi años.

No puedo contar los treinta años de Rock al Parque porque llegué tarde a esa historia. Mi primer festival fue en 2005. Tenía diecisiete años, pelo largo, uñas negras y la brillante idea de llegar hasta la primera valla. Ese año tocaban Apocalyptica e I.R.A. Con Mayli, mi novia de entonces, quedamos apretados contra una multitud que empujaba desde atrás mientras unos tipos con chelos hacían sonar el metal desde un lugar que yo no había imaginado. Ella empezó a quedarse sin aire. Unos desconocidos abrieron espacio. Respiró. Seguimos.

El Simón Bolívar que recuerdo de entonces también tenía otra escala para mi cuerpo. Yo no veía operación, infraestructura ni logística: veía una tarima enorme al fondo y una sola tarea, llegar lo más adelante posible. Aquella edición abrió por primera vez con más de cuarenta mil personas y terminó reuniendo alrededor de 210 mil asistentes durante los tres días. Yo no sabía nada de esas cifras. Lo que conocía era la presión de una valla contra el abdomen, el calor de otros cuerpos pegados a la espalda y la música golpeando desde adelante.

Veintiún años después, Apocalyptica e I.R.A. vuelven a estar en el cartel.

“Hay bandas que uno vuelve a escuchar y le devuelven una edad completa.”

Una ciudad dentro del archivo

En 2007 vi a Los Bunkers. Yo venía metido en el metal, el hardcore y el rock pesado, y ellos me movieron el piso: melodía, atmósfera, amor, política, tristeza; una puesta en escena que iba más allá de tocar canciones. Ese Rock al Parque también quedó marcado por una granizada que suspendió la primera jornada: Bogotá recordándonos que aquí el clima también programa.

En 2008 llegó Gondwana. El reggae todavía podía sentirse extraño dentro de las fronteras mentales de algunos rockeros. A mí me abrió otra puerta: brincar, sí, pero también bajar revoluciones, pensar en el amor, en la espiritualidad y en una vida menos acelerada. Los he escuchado después en Bogotá, pero en 2026 vuelven como maestros.

I.R.A. y Skampida aparecen en varios momentos de esa memoria. Su recurrencia dice algo del propio festival: algunas bandas dejan de sentirse invitadas y se vuelven parte de la casa. I.R.A. mostró otras formas de habitar el punk y el hardcore, otra relación con el mosh y con el cuerpo. Skampida tiene una pedagogía más sencilla: suena el brass y uno cambia de ruta. Puede estar comprando una camiseta o terminando una cerveza, escuchar que arrancaron en otra tarima y pensar: “vamos solo un rato”. Después termina brincando.

El parque también se recuerda por debajo de la música. Por el olor de la tierra recién abierta por la lluvia y el pasto convertido en barro; por la cerveza, el cigarrillo y la comida mezclándose en el mismo aire; por ese bajo que uno alcanza a sentir desde lejos antes incluso de reconocer qué banda está tocando. Hay tardes en que el pantalón se va humedeciendo desde abajo y los zapatos pesan cada vez más. El cuerpo también aprende el mapa: sabe cuánto falta para otra tarima por el cansancio de las piernas, no por los avisos.

Desorden Público me devuelve a 2015: amigos, muchachos de procesos de formación, ska, cerveza, marihuana, política y una sensación fuerte de reencuentro. Mon Laferte me lleva a 2017 y a otra clase de aprendizaje. Llegué prejuicioso y salí callado. No conocía bien sus canciones, pero su voz, su cuerpo y su capacidad performática me desmontaron el sesgo que traía. A veces uno va a Rock al Parque a descubrir que estaba equivocado.

“Cada asistente fabrica un festival distinto con el mismo mapa.”

Los maestros vuelven

  

Mientras yo vivía en Medellín, Bogotá siguió haciendo su festival.

Y eso también modifica una relación. Durante esos años Rock al Parque pasó de ser una cita a la que iba, a convertirse en algo que miraba desde lejos: aparecía el cartel, veía las fotos, escuchaba quién había tocado, quién la había roto, quién había decepcionado. Había algo extraño en saber que el Simón Bolívar estaba lleno y yo estaba en otra ciudad. Uno descubre que también puede extrañar un festival.

Pero Medellín me enseñó a mirar ese tipo de eventos desde otro sitio. Allí entré con mayor profundidad en la producción, la gestión y la creación alrededor de grandes encuentros musicales, especialmente Altavoz. Empecé a ver lo que antes permanecía detrás del escenario: tiempos, pruebas, desplazamientos, técnicos, artistas esperando, cables, camerinos, montaje, desmontaje. Cuando regresé a Rock al Parque ya no podía mirar una tarima únicamente desde adelante.

Cuando regresé en 2022 encontré un Rock al Parque más amplio, capaz de poner en escena cruces que años atrás parecían menos naturales. Y el propio festival regresaba también después de más de tres años de ausencia: dos fines de semana, cuatro jornadas, tres tarimas, 87 agrupaciones y más de 300 mil asistentes. La escala ya no era solo una impresión. La ciudad temporal se había ensanchado.

Allí escuché a Lucio Feuillet y esa conversación entre rock, músicas tradicionales, territorio y memoria latinoamericana. La frontera se había movido.

El rockero mayor

Por eso el cartel de 2026 funciona como un archivo abierto. Apocalyptica nos sitúa en 2005. Los Bunkers, en 2007. Gondwana, en 2008. I.R.A. y Skampida atraviesan varias estaciones. Desorden Público evoca el 2015; Mon Laferte, el 2017; Lucio, el 2022. No se trata de vivir de la nostalgia; se trata de volver a escuchar a esos músicos mientras ellos, nosotros y la ciudad vamos madurando.

Y también ha cambiado la materialidad del festival. Para hacerse una idea: la edición de 2025 necesitó 18 días continuos de montaje, más de 400 toneladas de equipos técnicos, más de 300 camiones y más de dos mil personas trabajando para levantar sus tres escenarios y toda la operación que los rodeaba. Para los treinta años ya se anuncia, además, un nuevo escenario de experiencias.

A los diecisiete años yo quería llegar a la valla y quedarme ahí. Ahora miro el mapa, calculo distancias, sé cuándo correr y cuándo no vale la pena. Uno también puede medir veinte años de festival en las rodillas, la espalda y la cantidad de parque que está dispuesto a atravesar para alcanzar otra tarima.

Yo nunca he vivido Rock al Parque como una planilla que haya que completar. Soy selectivo. Paso mucho tiempo en los puestos de comida, la cerveza, la feria, encontrando gente y caminando. Si una tarima no me interesa, me voy. Este año probablemente caminaré todavía más: hay demasiados reencuentros distribuidos por el parque. Y entre uno y otro quiero escuchar también nombres que hoy no significan nada para mí. Sería bastante triste llegar a la edición 30 convertido en el señor que solo persigue sus recuerdos.

Octubre todavía no ocurre 

Para quien quiera ir, lo confirmado es sencillo: sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre, Parque Metropolitano Simón Bolívar, Bogotá, entrada gratuita. Los horarios y las condiciones finales de acceso deberán revisarse en los canales oficiales cuando sean publicados.

Lo demás pertenece al conocimiento acumulado de cualquier sobreviviente del Simón Bolívar: zapatos cómodos, nada de correas, impermeable, protector solar, transporte público, cuidar el celular y llegar con tiempo. Bogotá puede ofrecer sol, aguacero y barro en la misma tarde con una eficiencia admirable.

Pero uno también llega al festival antes de atravesar la entrada. Empieza en la masa que camina hacia el parque, en las camisetas negras que empiezan a multiplicarse en los buses y en el sonido que, a medida que uno se acerca, va apareciendo por encima del tráfico. Adentro, las frecuencias de las distintas tarimas se mezclan mientras uno camina. Después de la lluvia, el parque huele a tierra removida, pasto triturado y ropa mojada.

Y al cerrar la noche ocurre el movimiento contrario. Miles de cuerpos salen por la calle 63, buscan la Avenida 68, se separan en grupos, preguntan por el TransMilenio, llaman un carro, se despiden, siguen cantando. El volumen del escenario va quedando atrás, pero durante un rato todavía se siente algo en el pecho y en los oídos. La ciudad vuelve a tragarse al festival persona por persona.

No hace falta intentar escuchar todo. Marque las bandas que de verdad no quiere perderse, pero deje huecos. Coma. Camine. Mire los puestos. Hable con desconocidos. Permita que una tarima le arruine el itinerario. En Rock al Parque, perder el plan puede ser la mejor parte del plan.

El festival todavía no ha empezado y, sin embargo, la ciudad ya está recordando.

En octubre sabremos qué sobrevivió en esas canciones, qué cambiaron los músicos y qué cambió en nosotros. Por ahora queda la invitación: volver al Simón Bolívar y comprobar, cuerpo presente, si la música que guardó nuestras edades todavía sabe dónde tocarnos.