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| Rocío Dussan, concejala de Bogotá |
La concejal Rocío Dussan socializa una problemática social
de máxima gravedad que genera un repudio unánime: la violencia e integridad
sexual de los niños, niñas y adolescentes.
Desde una perspectiva de análisis institucional y social, la
información destaca varios puntos clave:
- Exigencia
institucional de celeridad y debido proceso: La activación inmediata
de las entidades responsables es el camino institucional correcto. El ICBF
debe priorizar las medidas de protección e intervención psicosocial para
las presuntas víctimas, mientras que la Fiscalía General de la Nación debe
realizar las investigaciones pertinentes respetando el debido proceso para
esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
- Alertas
en entornos escolares: Los entornos educativos deben ser espacios
absolutamente seguros. Cuando surgen denuncias en colegios (como el caso
mencionado en la localidad de Antonio Nariño), se hace indispensable que
la Secretaría de Educación revise y refuerce los protocolos de prevención,
atención y activación de rutas de emergencia escolar (Ruta de Atención
Integral para la Convivencia Escolar).
- Magnitud
de las cifras y el reto de la impunidad: El uso de datos atribuidos a
Medicina Legal y al Ministerio de Justicia refleja una preocupación
estructural que trasciende casos individuales. El alto número de exámenes
médico-legales por presunto delito sexual en menores y las elevadas tasas
de impunidad ponen de manifiesto barreras críticas en el sistema de
justicia, como la baja denuncia, demoras probatorias o fallas en la cadena
de custodia.
Es un llamado legítimo a la acción ciudadana e institucional
para no normalizar la violencia contra la infancia y garantizar que la justicia
y la prevención funcionen de manera efectiva.
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