Partidos Políticos

PODEMOS CONSTRUIR COMUNIDAD
Progresistas no nació para llenar un espacio en la política tradicional. Estamos aquí para hacer gobierno y les demostramos que PODEMOS. Bogotá Humana transformó la ciudad y hoy seguimos proponiendo, sin miedo, mirando de frente el futuro, porque estamos apostando por un país verdaderamente democrático e incluyente.
Hace cuatro años éramos un movimiento ciudadano, hoy somos una fuerza política preparada para seguir construyendo políticas Progresistas y Humanas.  Nosotros nos diferenciamos de los partidos porque sabemos ganar, ya lo hicimos y ahora vamos a tomarnos el Concejo de Bogotá para devolverle la dignidad perdida a esta institución.
Durante 25 días recibimos el apoyo de más de cien mil personas que quieren que Renovemos el Concejo.
El Concejo de Bogotá ha sido manejado por ladrones y corruptos, nosotros no vamos a seguir permitiendo eso. Los Progresistas, en estos tres años y medio, hemos logrado que los bogotanos recuperemos nuestra dignidad y recuperemos la posibilidad de soñar.
Hoy los invitamos a acompañar esta campaña al Concejo, los invitamos a soñar; nosotros soñamos pero queremos volver realidad estos sueños.

PODEMOS CONSTRUIR UNA BOGOTÁ MÁS EDUCADA
Bogotá Humana ha invertido una suma superior a los 8 billones de pesos en educación; aunque esto significa un gran esfuerzo, la ciudad exige mayor inversión y mantener el compromiso que ha tenido el Alcalde Gustavo Petro para garantizar la educación para todas y todos los habitantes de esta ciudad.

En lo referente a la educación de primera infancia y primaria, Bogotá ha garantizado espacios más amables y más humanos para las niñas y niños que asisten a estas instituciones, además de profesionalizar la atención de quienes están educando a los niños en su primer acercamiento con los saberes; ahora bien, Bogotá ha sido pionera en la formulación de la Jornada Completa en los colegios públicos, propuesta que ha adaptado el Ministerio de Educación para llevar a todo el territorio nacional; en lo referente a la educación superior (caso 2013), de 52 mil egresados de grado undécimo, tan sólo ingresaron 3.773 a las universidades públicas.
Teniendo en cuenta lo anterior, desde el Concejo de Bogotá nos comprometemos a:
1.      Garantizar la profundización de las políticas humanas que ha liderado Gustavo Petro y esta Alcaldía Progresista.
2.      Impulsar la Educación Digital y garantizar que la Universidad Distrital sea la vanguardia en este tema.
3.      Promover la implementación en todos los colegios del Distrito de la Educación Media Fortalecida, pero construyendo escenarios  que permitan la movilidad de los estudiantes para garantizarles más y mejores herramientas para su posterior escogencia de carrera universitaria. Esto significa proveer la seguridad y los desplazamientos necesarios para los estudiantes, lo cual puede generar, además de los beneficios educativos, el desarrollo de buenas prácticas de convivencia.
4.      Hacerle control político a la Universidad Distrital, sin exigir prebendas a cambio, como es la costumbre en el Concejo. Abrir espacios a los trabajadores, profesores y estudiantes para que entre todas y todos sea posible realizar una veeduría efectiva a la gestión de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la universidad de Bogotá.


5.      Procesos de formación para docentes en el saber particular y en docencia, igualmente evaluación permanente aleatoria a los estudiantes para lograr evidenciar problemas.
6.      Promover la creación de 100 mil cupos nuevos anuales para la Universidad Pública y Gratuita.

PODEMOS CONSTRUIR UNA BOGOTÁ CON SEGURIDAD HUMANA
Bogotá Humana no le siguió el juego a la Policía, la mayor inversión se ha dado en prevención y en garantizarles a los más vulnerables, que han sido estigmatizados por los esquemas de seguridad de las fuerzas militares y de policía desde siempre, el disfrute de sus derechos.
Desde el Fondo de Vigilancia, entidad cooptada por politiqueros corruptos y ladrones, muchos de ellos involucrados en el Carrusel de la Contratación, que son hoy Concejales de Bogotá y han amasado su fortuna y construido sus caudales electorales con los dineros que sacaron de esta entidad, se hacen contrataciones por  montos exorbitantes y se compran a empresas, que son financiadoras de campañas, elementos que en el mercado están a un precio mucho menor. Atacar esto y solicitar la aprobación por parte del Concejo de Bogotá para la creación de la Secretaría de Seguridad fueron propuestas de Gustavo Petro y de la Bogotá Humana, pero los concejales corruptos no lo permitieron; sus fichas políticas atornilladas a unos cargos de planta dentro de la institución impidieron reformar el Fondo y desde el Concejo negaron la creación de la Secretaría. 
Bogotá no cuenta con el número de policías necesario para atender a una ciudad con casi ocho millones de habitantes y entre quienes están a órdenes de dicha institución, muchos


no cumplen su función, llegan tarde a los llamados de emergencias de forma intencionada, prenden sus sirenas para que los escuchen desde lejos, permitiendo o propiciando que huyan los delincuentes; en muchos casos, hay un acuerdo con la delincuencia para afectar a un sector, en general maltratan al ciudadano, persiguen y estigmatizan a algunos grupos poblacionales. La policía es una institución malquerida por la mayoría de los habitantes de esta ciudad.
A partir de lo anterior nos comprometemos a:
1.      Continuar y profundizar las políticas humanas y progresistas lideradas por Gustavo Petro.
2.      Promover la creación de la Secretaría de Seguridad para la ciudad.
3.      Crear en cada barrio, de ser necesario, una veeduría ciudadana que controle y exija a la policía que cumpla con su misión, respetando los derechos humanos de todas y de todos.
4.      Implementar buenas prácticas de convivencia entre la ciudadanía y la policía, a través de proyectos que obliguen a la policía a cumplir con funciones de cuidado del barrio.
5.      Hacerle un control político profundo a la contratación del Fondo de Vigilancia y determinar las relaciones de los concejales con esta entidad. De igual forma, es necesario que exista una veeduría en la contratación de personal, pues ésta  se ha caracterizado por ser un fortín burocrático desmedido.
6.      Garantizar la seguridad humana a través de proyectos de autorregulación y convivencia, que redunden en la consolidación de una ciudad más incluyente  y cada vez más humana.



PODEMOS CONSTRUIR UNA BOGOTÁ CULTURAL
Bogotá erigió escenarios artísticos y culturales que han permitido democratizar la cultura. A partir la Secretaría de Cultura se ha logrado implementar una serie de políticas que van en sintonía con la propuesta de la Bogotá Humana, pero, lastimosamente, desde Idartes se mantiene, además de su director, una serie de costumbres nefastas para el arte y la cultura, en particular las formas, no tan transparentes, de seleccionar a los artistas que participan en los festivales, por ejemplo.
De igual manera se ha impuesto un modelo de producto, sobre compra y venta que no favorece el crecimiento de las artes en la ciudad. Para presentarse a una convocatoria, ya no importa lo novedoso, lo estético o el impacto que se pretenda tener, tan sólo es saber la estrategia que quiere y pide el director de Idartes para ser beneficiado por los apoyos o ser seleccionado para participar en un evento; es decir, el que conozca los elementos tiene asegurado su beneficio. Por ello, durante la permanencia del director de Idartes se ha venido denunciando que siempre son los mismos grupos o personas que reciben los beneficios.
En lo referente a la lectura y las bibliotecas, Bogotá cuenta con un número importante de Bibliotecas Comunitarias, pero la mayor parte de ellas reciben un apoyo mínimo de la Secretaría, sin entender que estos escenarios son de vital importancia para el desarrollo de muchas poblaciones vulnerables.
La participación de los artistas, gestores, productores y demás integrantes del sector cultural en la toma de decisiones ha bajado ostensiblemente; en gran parte de los casos esto se ha convertido en un soliloquio de algunos directivos, que se consideran iluminados y no quieren escuchar ni trabajar con los artistas, su vinculación con muchos ámbitos del sector cultural se limita a entregar unos dineros para hacer un proyecto sin mayor impacto.

Entendiendo que son muchos los cambios que debe tener la cultura, nos comprometemos a:
1.      Establecer y dinamizar el ejercicio de participación ciudadana para la toma de decisiones en lo referente a la inversión del presupuesto del sector cultural.
2.      Generar verdaderos debates de control político, pues en este campo, al igual que con la Universidad Distrital, se cambian debates en el Concejo de Bogotá por puestos en las entidades del sector cultura.
3.      Garantizar que los recursos para los artistas urbanos y en formación de las localidades queden dentro del Plan de Desarrollo y así cuenten con las mínimas garantías para poder continuar con su sueño de crear.
4.      Hacer un seguimiento pormenorizado a la inversión, información que en la mayoría de los casos es negada al ciudadano por entidades como Idartes, excusándose en triquiñuelas jurídicas.
5.      Replantear, con el acompañamiento del sector, los rumbos de los festivales al parque. Una ciudad como Bogotá debe contar con grandes eventos, pero en el caso de Rock al Parque se ha perdido tanto el rumbo que bandas como 1280 Almas debe pedir a los organizadores del festival que ya no la inviten más, pues ese espacio debe ser para promocionar nuevas bandas.
6.      Impulsaremos la creación de Bibliotecas Públicas en cada localidad; si ello no es posible, nos comprometemos a gestionar lo necesario para montar una Biblioteca Comunitaria en cada localidad, acudiendo al apoyo de la empresa privada.




PODEMOS CONSTRUIR UNA BOGOTÁ CON ECONOMÍA SOCIAL
Para nosotros la economía popular y social es la forma de re-organizar y distribuir los recursos de manera conjunta hacia una organización que optimice los mismos y que

permita a los grupos y/o asociaciones no sólo subsistir por medio de un incentivo económico que lo que hace es crear asistencialismo, sino salir adelante y recibir utilidades de una unidad productiva asociativa que sea capaz de construir un futuro próspero y estable mediante un acompañamiento permanente de las entidades distritales.

Está íntimamente relacionado con la economía solidaria y permite un trabajo mancomunado entre los grupos que hacen parte de la misma ya que creemos que mediante unas políticas económicas viables y que tengan como principal objetivo el ser humano y su desarrollo económico-social en la sociedad, se puede desarrollar un modelo de inclusión en todos los sectores de la economía y la industria, por que juntos PODEMOS Construir Comunidad.

1.      Hacer el control político para que los dineros de la Secretaria de Desarrollo Económico no se desvíen y lleguen a los emprendedores.
2.      Impulsar un programa de Convocatorias 1x3 (1 convocatoria en cada localidad cada 3 meses – 80 convocatorias anuales) para la consolidación de unidades productivas asociativas desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
3.      Los recursos e iniciativas de carácter económico no se deben enfocar sólo en capacitaciones, ya que las personas tienen muchos cartones colgados en la pared y pocos recursos para iniciar o fortalecer sus unidades productivas asociativas. Los recursos deben ser invertidos de la siguiente manera:


a. 50% para unidades productivas asociativas que tengan mínimo dos (2) años operando.
b. 30% para unidades productivas asociativas de emprendimiento (capital semilla) o que tengan menos de 2 años operando.
            c. 20% capacitaciones dirigidas y acompañamiento.
- Las unidades productivas asociativas que presenten utilidades y que desean un apoyo económico en el sentido que se ha descrito, pueden optar por un apoyo del 20% del total de sus utilidades netas, incentivando con esto el buen manejo de la unidad productiva asociativa.
4.      Tasas de interés con 5 puntos por debajo de la mínima del mercado, o 0% en los casos que según estudios resulten más riesgosos de acuerdo a su historial crediticio cuando este se tenga. Esto es contrario a cómo opera la banca privada ya que en ella entre más riesgoso sea un cliente o tenga algún reporte negativo, más intereses le aplican. Mientras que el Colectivo Construir Comunidad propenderá para que las personas con reportes que influencien de manera negativa una financiación y/o crédito, en algún programa y proyecto del Distrito Capital, sean las personas que tengan más oportunidades de conseguir un apoyo de este tipo, ya que las personas más vulnerables generalmente tienen algún reporte negativo en su carta crediticia, claro está, todo esto con el respectivo acompañamiento especializado en la materia. No hay que hacer más vulnerables a los vulnerables.
5.      Periodos de Amortización bimensuales o trimensuales después de un periodo de gracia de no menos de 6 meses. Esto se hace solo cuando hay tasas de interés muy bajas. Está comprobado que uno de los momentos más difíciles cuando se empieza una unidad productiva es entre el 1 y el 12 mes de operación, por este motivo la propuesta del Colectivo Construir Comunidad va encaminada a que las personas que hacen parte de una unidad productiva asociativa de emprendimiento del Distrito, no se tengan que preocupar por pagar sus cuotas cada mes sino cada

segundo o tercer mes según sea el caso (se premiara el comportamiento financiero para este criterio).
6.      Garantías: Hasta el 50% sin codeudor y 51% en adelante con codeudor, según sea cada caso y periodo de gracia sin pago de intereses de 0 – 6 meses o condonación de intereses después del primero año por buen manejo de la unidad productiva asociativa.







PARDO SE COMPROMETE A ERRADICAR
LA POBREZA EXTREMA EN BOGOTÁ.

El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Partido Liberal y el Partido de la U,  sostuvo que en las acciones sociales debe haber “más hechos que palabras”.

Propone una transferencia de 100 mil pesos mensuales para cada una de las 148 mil personas que viven hoy en la ciudad en condición de miseria.

En la  localidad de Los Mártires, Pardo dijo que este programa costaría 176 mil millones de pesos por año, el 1% del presupuesto de la ciudad.


Bogotá D.C.; abril 23 de 2015. El Candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Partido Liberal y el Partido de la U, Rafael Pardo, se comprometió hoy a poner en marcha una estrategia para acabar con la miseria en la ciudad, que agobia a 148 mil personas, en su gran mayoría menores de edad.


En un encuentro con ediles y voceros de la comunidad en la localidad de Los Mártires, Pardo dijo que pretende asignar una transferencia de 100 mil pesos mensuales a cada una de esas personas, condicionada a la adquisición de alimentos.


El programa costará 176 mil 300 millones de pesos anuales, aproximadamente el 1% del presupuesto de Bogotá, y permitirá que 148 mil personas abandonen la pobreza extrema y tengan adicionalmente, oportunidades laborales y entornos dignos.


“En materia social, debe haber más hechos que palabras y yo estoy seguro de que sí es posible acabar con la miseria en Bogotá, máxime cuando la pobreza extrema creció en la ciudad el año pasado en 0.3 puntos porcentuales, es decir, 28 mil personas”, agregó.


Pardo explicó que “el Distrito debe ofrecer una ayuda integral y oportunidades preferentes para generar ingresos familiares. En ese sentido, se otorgaría un beneficio de $100.000 mil pesos mensuales a cada miembro de hogar mayor de edad para gastos en alimentación. Los hogares beneficiarios asistirían a controles de nutrición y salud para poder hacer uso del incentivo económico”.

Además, facilitar la inserción de estos bogotanos en el mercado laboral, el Distrito firmaría un convenio con el SENA para priorizar convocatorias específicas, crear programas para validación de la Primaría y el Bachillerato así como el desarrollo de habilidades blandas tales como comportamiento en el trabajo, fianzas personales y uso de computadores.


Experiencias internacionales como Progresa México y Brasil sin Miseria demuestran que sí es posible reducir la pobreza extrema. En ambos programas, se han otorgado recursos en dinero sujeto a algún tipo de actividad relacionado con salud o educación.


En Los Mártires, los asistentes al encuentro acogieron la iniciativa, y clamaron por programas más concretos de salud y seguridad, así como estrategias integrales para enfrentar la problemática del habitante de calle en Bogotá.







“CADA VEZ MÁS CERCA DE LA GENTE Y DE LAS SOLUCIONES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA EN BOGOTÁ”



A través de la línea celular 304 5388680 por la aplicación WhatsApp, el candidato a la Alcaldía por el Partido de la U y el Partido Liberal, Pardo acude a la plataforma digital para intercambiar ideas de manera permanente con los habitantes de la capital.


Bogotá D.C.; abril 14 de 2015. El candidato a la Alcaldía de Bogotá por el Partido Liberal y el Partido de la U, Rafael Pardo, lanzó hoy la línea celular 304 5388680 por la aplicación de WhatsApp, para establecer un contacto directo y permanente con la ciudadanía en el propósito de construir acciones que permitan recuperar la capital y mejorar sus condiciones de vida.


Se considera que la comunicación de doble vía y la utilización de una herramienta tecnológica que permite compartir además audios y videos, le da más importancia al ciudadano y permite un contacto que no podría darse en otras circunstancias. “Es otra forma de relacionamiento social”, admitió Pardo.


En la presentación de la línea, Pardo recibió los primeros dos chats: uno relacionado con la necesidad de generar empleo para los Jóvenes y otro sobre el futuro del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.


Según el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el 81% de los usuarios de Internet en Colombia, se conecta a través de un celular.


Una publicación del diario El Tiempo destaca hoy que las redes sociales son el servicio que más usan los colombianos en Internet. En Colombia, el índice de penetración de los servicios de telefonía móvil supera el 115% con más de 55 millones de líneas activas a diciembre de 2014.


Muchas de las actividades de campaña de Rafael Pardo pueden ser comunicadas por este medio a la ciudadanía, con temas como agenda, proyectos, programas y debates relacionados con los aspectos que le son más sensibles de la comunidad.



DIEZ PROPUESTAS MÍNIMAS DE GARANTÍAS PLENAS A LAS ORGANIZACIONES GUERRILLERAS EN REBELIÓN Y A SUS COMBATIENTES PARA EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA EN EL EVENTO DE UN ACUERDO FINAL


EN DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA PARA LA DEMOCRATIZACIÓN REAL, LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL, SE PRESENTA EL SIGUIENTE CONJUNTO DE INICIATIVAS CORRESPONDIENTE AL TERCER PUNTO SOBRE GARANTÍAS PLENAS A LAS ORGANIZACIONES GUERRILLERAS EN REBELIÓN Y A SUS COMBATIENTES PARA EL EJERCICIO DE LA POLÍTICA EN EL EVENTO DE UN ACUERDO FINAL:

1. Cambios institucionales para la participación política.
2. Medidas excepcionales y transitorias de participación política.
3. Creación de la Jurisdicción especial de paz.
4. Conformación del movimiento político que surja del paso de las FARC-EP a la actividad política legal.
5. Financiación estatal del nuevo movimiento político.
6. Participación en el Consejo Nacional Electoral.
7. Acceso especial a medios de comunicación.
8. Garantías plenas de seguridad.
9. Otras formas de participación política y social
10. Comisión permanente de seguimiento a la participación política.

3.1. CAMBIOS INSTITUCIONALES PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
El tránsito de las FARC-EP al escenario de la lucha política legal estará precedido de la provisión de todos los cambios institucionales permanentes a que hubiere lugar para garantizar de manera efectiva, real y material, los derechos políticos de todos los integrantes de las organizaciones guerrilleras en rebelión contra el Estado, incluidos los presos políticos y los prisioneros de guerra. En especial se trata del reconocimiento y las garantías para la participación política y social, incluidos el derecho a elegir y ser elegidos, el derecho a conformar partidos o movimientos políticos y sociales, y el derecho a otras formas de participación política y social. Los cambios institucionales deben ser expresión de la voluntad del constituyente primario y comprometer a todos los poderes públicos, teniendo en cuenta la reconstrucción y el conocimiento de la verdad histórica sobre las causas, los efectos y las víctimas del conflicto político, social y armado a lo largo de las últimas seis décadas.


3.2. MEDIDAS EXCEPCIONALES Y TRANSITORIAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
En el evento de la firma de un tratado de paz, se proveerán los cambios institucionales excepcionales y transitorios que se requieran, para garantizar la participación directa en el poder legislativo, en las Asambleas departamentales y en los Concejos municipales durante los períodos que se determinen. Los cambios institucionales incluyen la eliminación permanente de cualquier prohibición o impedimento que pueda afectar el pleno ejercicio de cualquiera de esas investiduras por parte de los integrantes de las organizaciones guerrilleras. A las FARC-EP y a los partidos o movimientos políticos y sociales que surjan como resultado de la firma de un eventual acuerdo de paz se les asignará en forma directa un número de curules en las instancias parlamentarias. El acuerdo final contendrá definiciones precisas sobre la asignación de estas curules y de las que se pacten para Asambleas departamentales y Concejos municipales.


3.3. CREACIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN DE PAZ.
Se creará una Circunscripción especial de paz en el Congreso de la República para permitir y garantizar la participación de las FARC-EP y de los partidos o movimientos políticos y sociales que surjan como resultado de la firma de un eventual acuerdo de paz.La circunscripción tendrá la duración y el número de curules que se establezca en el acuerdo final.
Se proveerán los cambios institucionales del caso, incluyendo: la eliminación permanente de cualquier prohibición o impedimento que pueda afectar el ejercicio de cualquiera de esas investiduras por parte de los integrantes de las organizaciones guerrilleras; la definición del umbral electoral, y las garantías electorales tales como la financiación estatal de las campañas, el acceso a medios de comunicación y la seguridad. La Circunscripción de paz se creará sin menoscabo del otorgamiento extraordinario de curules.


3.4. CONFORMACIÓN LEGAL DE UN NUEVO MOVIMIENTO POLÍTICO.
En la eventualidad de la firma de un Tratado de Paz, se proveerán todos los cambios institucionales a que hubiere lugar para que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo puedan transformarse en un movimiento político legal.


3.5. FINANCIACIÓN ESTATAL DEL NUEVO MOVIMIENTO O DE LOS NUEVOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS.
Sin perjuicio de la financiación estatal que se establezca para todos los partidos políticos y movimientos políticos y sociales, el nuevo movimiento político que surja del paso de las FARC a la actividad política legal y los demás movimientos que surjan como consecuencia del Acuerdo de paz, contarán con una financiación adicional especial, equivalente al diez (10) por ciento de la financiación estatal total. Tal financiación tiene la función de proveer condiciones para cualificar la acción política del o de los nuevos movimientos, incluida la financiación de espacios de Investigación para el análisis y el seguimiento de las políticas públicas en todos sus ámbitos.


3.6. PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL.
El o los nuevos movimientos políticos tendrán participación directa en el Consejo Nacional Electoral con un representante.


3.7. ACCESO ESPECIAL A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Sin perjuicio del acceso a medios de comunicación que se establezca para todos los partidos políticos y movimientos políticos y sociales, el nuevo movimiento político que surja del paso de las FARC a la actividad política legal, y los demás movimientos que surjan como resultado de la firma de un Acuerdo de paz, contarán con condiciones especiales de acceso a los medios de comunicación impresos, de radio y televisión, y de internet, por el tiempo que se establezca en el acuerdo final. Por acceso se entiende el acceso a la propiedad y a la participación en los medios públicos estatales, incluida su programación. En todos los casos la financiación será estatal. En especial, se financiará un diario impreso, una revista de teoría y análisis político, una emisora y un canal de televisión de cobertura nacional. Se garantizará la participación directa de los nuevos movimientos políticos en el Consejo Nacional de Medios de Comunicación, institución que deberá crearse como parte de los cambios institucionales de participación política y social.


3.8. GARANTÍAS PLENAS DE SEGURIDAD.
El o los nuevos movimientos políticos, sus dirigentes y militantes, tendrán garantías especiales de seguridad. El diseño y la implementación de los mecanismos y dispositivos de seguridad colectiva e individual serán concertados. Se creará una Comisión especial de seguridad, con participación directa de representantes del o de los nuevos movimientos políticos, que contará con acompañamiento internacional.


3.9. OTRAS FORMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL.
Se proveerán las condiciones para la participación política y social del o de los nuevos movimientos, en todos los mecanismos de participación distintos a los del sistema político y de representación.


3.10. COMISIÓN ESPECIAL PERMANENTE DE SEGUIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA.
Como resultado de un eventual acuerdo de paz, se creará la Comisión especial de seguimiento a la participación política. La Comisión será de origen constitucional, contará con representantes de los poderes públicos, incluido el poder popular, y con representantes del o de los nuevos movimientos políticos. Su función principal consistirá en garantizar el cumplimiento de lo acordado en materia de participación política para los movimientos que surjan como para el conjunto de la ciudadanía.



SÁBADO, 14 DE JUNIO DE 2014

El voto obligatorio

Alberto Ramos Garbiras
Politólogo Universidad Javeriana, Profesor de ciencia política Universidad Libre



El potencial electoral está en 32.975.000 ciudadanos y sólo votaron 13.200.000 en la primera vuelta electoral del 2014, o sea un 60% de abstención. Esta cifra mueve a la reflexión inmediata, preocupa, inquieta y deja ver muchas imperfecciones subsistentes en la democracia colombiana. La abstención durante décadas no ha disminuido fluctuando entre un 48% y un 54% entre los años 1990 – 2010, pero esta subida del 6% más debe ser objeto de evaluación porque si no hay atracción para votar pese a los incentivos actuales del certificado electoral, ello significa: A) se necesita otra reforma de los partidos políticos, B) más reformas al sistema electoral, C) aumentó el cansancio con la clase política y se requiere un relevo, D) no hay propuestas para políticas públicas atractivas… pero, todo ello se ha intentado en los últimos 23 años.

La educación cívica y la instrucción escolar sobre el funcionamiento de las instituciones que conforman el Estado hay que implementarla gradualmente desde la etapa escolar, fortalecerla en bachillerato y continuarla con la cátedra de la Constitución que está prevista en el artículo 41 para la enseñanza universitaria. El ciudadano se hace a los 18 años, es decir se forma durante el paso de la primaria y la secundaria. Y existe el vacío de la enseñanza cívico institucional. Uno observa como en el primer año de los estudios de la carrera del derecho los alumnos llegan con lagunas temáticas inmensas. Entonces, no estamos formando a los ciudadanos. Y los que no logran acceso a la educación se quedan deambulando en una cultura política exigua porque ven el poder lejano y cuando eventualmente se acercan a instancias de poder no son bien tratados o son utilizados y reciclados.

La otra explicación para entender la enorme abstención es el alto nivel de marginalidad, precariedad, pauperización, indigencia, analfabetismo, población desplazada, informal y excluida de amplios sectores de la sociedad colombiana que nada tiene y nada les importa, entonces no participan. Ni siquiera las redes clientelares los tienen en cuenta.

El voto obligatorio suena a drasticidad y castigo, en la práctica no es obligatorio porque el ciudadano deba concurrir a la urna, pero no está obligado a votar por alguien, puede votar en blanco. Lo importancia de la concurrencia a los puestos electorales es darle más legitimidad a la escogencia porque tendrán una relación directa con el tarjetón y pueden ver las opciones que se presentan con candidatos de diferentes partidos y movimientos políticos. Con los abstencionistas no se sabe siquiera si estaban informados, si obtuvieron información sobre los programas de gobierno, o la buscaron; si leyeron sobre la jornada electoral o no hubo suficiente difusión; si son analfabetas y no existen canales de proselitismo para ellos. En cambio con los votantes en blanco(los blanquistas), al menos se deduce que estaban informados y llegaron a rechazar a todos los candidatos.

El voto obligatorio desbordaría el manejo que hacen las cúpulas de los partidos políticos y acabaría de ipso facto con la mayoría de las maniobras clientelistas. Con el voto obligatorio aprobado el número de votantes que llegaría a las urnas acabaría con los cálculos de los jefes de los partidos políticos y con sus feudos o parcelas electorales que ya no serían suficientes para salir elegidos porque dentro de las otras opciones, los votantes no amarrados ni comprados escogerían más libremente y se oxigenaría la democracia, surgirían nuevos liderazgos y podría haber más pluripartidismo.

Con la aprobación del voto obligatorio podría ocurrir que se configurara de verdad en Colombia el Estado-Pluricultural porque los movimientos indígenas, de afrodescendientes, el campesinado, los movimientos sociales coaligados, con candidatos capacitados y opcionados tendrían la oportunidad de ser competitivos sin invertir millonarios capitales en logística electoral, por ende elegidos, y podrían gobernar o cogobernar en municipios y departamentos, como ocurrió de manera excepcional con Floro Tunubalá en el Cauca. O hacia la presidencia como ocurrió con Evo Morales en Bolivia, y en Perú con Ollanta Humala y Alejandro Toledo, otra cosa es que no hayan sido consecuentes con su clase social. El voto obligatorio destronaría al monoculturalismo atávico, donde los presidentes son blancos o criollos de las castas oligárquicas o profesionales de la clase media, cooptados por empresarios y burgueses.

Es un drama para la democracia colombiana ver cómo de las elecciones cada cuatro años se reafirma la clase dirigente, o salen otros liderazgos hereditarios, las mismas familias enmarañadas en el clientelismo; salen de esas elecciones los mandatarios y los legisladores, sin que participe toda la ciudadanía que es parte esencial de la nación porque funda y refunda el Estado y sus entes territoriales cambiando a los gobiernos con solo la mitad de los votantes, un 85% de ellos amarrados por los partidos tradicionales y las formaciones de armadura, es decir los militantes de base y los favorecidos del clientelismo. Al no concurrir la totalidad de los votantes, así, la otra mitad no decide ni participa. De otro lado, los votantes de opinión, libres de esas ataduras por su situación económica al ejercer profesiones o el comercio con denuedo, deliberan pero no logran cambiar el statu quo que mantienen los partidos tradicionales transmutados con clientelas recicladas y nuevas promesas populistas de derecha.

Las encuestas, los sondeos de opinión y el resultado en las urnas permiten observar que en un país donde no existe el voto obligatorio, la mayoría de la población votante, que si participa, tiene un comportamiento que favorece a los partidos tradicionales o los nacidos por las mutaciones de estos. Se palpa una repulsa hacia los grupos de izquierda, por las identidades con los partidos socialistas o el comunista. La gente de derecha o tradicionalista los conecta con los grupos guerrilleros. Se colige que por la existencia de la guerrilla después de 50 años de acciones armadas, bloquea el crecimiento de los movimientos políticos y la formación de partidos de izquierda por los temores de la población a proyectos probablemente ligados a la lucha armada. Entonces, el atraso ideológico, la baja cultura política, la marginalidad creciente y la alta abstención electoral con todas las incógnitas que de ella se derivan, impiden o frustran a las fuerzas nuevas con capacidad de arrastre porque más del 50% de la población apta para ir a las urnas no vota. Con el voto obligatorio podrían decidir porque verían las opciones al deber concurrir a los puestos electorales.

La democracia colombiana imperfecta ha funcionado desde 1948 en medio de las violencias sucesivas. Cómo puede marchar una democracia con varias guerras que han torpedeado su interior, agostando la participación de la ciudadanía atemorizada por variados actores y señores de la guerra en los territorios que han producido intermitentes desplazamientos, vaciando el campo.

Colombia necesita avanzar en su cultura política aun imperfecta debido a los lastres y vicios anclados del bipartidismo de los siglos XIX y XX; por el clientelismo subsistente como una deriva del Frente Nacional(1958-1974) y el posfrente (1974-1991); por las nuevas formas que se han inventado las fracciones políticas bipartidistas transmutadas en “nuevos partidos” de fachada o de armadura para capturar el Estado en estos 14 años del siglo XXI, y por la criminalidad que se interconecta con las clases políticas instaladas en el aparato estatal, dispersas en municipios y departamentos. Colombia necesita la ampliación de la Democracia, reformando la justicia, algunas instituciones que contienen la salud, la educación y los defectos subsistentes del sistema electoral. Pero, sin lograr la PAZ continuará defectuosa la vida democrática porque la guerra interna y las otras violencias no dejan funcionar el derecho.Edición Caja de herramientas N° 00403 – Semana del 13 al 19 de Junio – 2014



SÁBADO, 14 DE FEBRERO DE 2015

Otra democracia en Colombia es posible

Felipe Pineda Ruiz
Publicista Politécnico Grancolombiano, activista social,
colaborador Fundación Democracia Hoy



Política, arte de lograr acuerdos, de dirimir discordancias, espacio donde la disputa por la conquista del sentido común de las mayorías, en teoría, tendría que tomar lugar, pero ¿qué sucede cuando esas mayorías no tienen interés en ella? ¿Cuál es el precio que las sociedades tienen que pagar por su apatía hacia la política?

Vivimos sumergidos en una modernidad líquida, en el amplio sentido conceptual que Zigmunt Bauman le ha dado en su amplia bibliografía, en donde la memoria y el antes desaparecen como por arte de magia y el hambre por lo nuevo termina convirtiéndonos en rehenes de la anti-política y sus abanderados de turno. Nos situamos en una etapa singular en donde los partidos políticos institucionalizados y los declarados independientes han sido secuestrados por los viejos vicios, los dogmas antiguos, las componendas y las trapisondas.

En casos como el colombiano, el juego democrático se dirime en la actualidad en la cancha del bloque de poder, con sus árbitros y hasta con sus propias porristas. El presente nos encuentra atrapados en una falsa contienda entre uribismo vs santismo, y adportas de la instauración de un peligrosísimo bipartidismo de largo alcance. El viejo chiste que recorría los círculos políticos norteamericanos parece aplicar al paradigma colombiano “Estados Unidos tiene un partido político único (el de los negocios) que tiene dos facciones (Demócratas y Republicanos)”.

La Colombia de hoy en día no solo cohabita con una crisis de representatividad, persiste anclada en los rezagos del colonialismo y el atraso a espaldas de un siglo XXI protagonizado por la multipolaridad, la diversidad, la ruptura con las religiones dominando la política, el aumento de la consciencia ambiental y la defensa de las libertades individuales. Somos presididos por intermediarios al servicio de gigantescos negociantes de lo divino y lo humano, nos gobiernan títeres del suprapoder.

La actual hecatombe no es simplemente coyuntural, es sistémica y ligada a un problema eminentemente estructural. La ausencia de representatividad de las mayorías suplantadas por una minoría ha subyugado la participación de las multitudes hacia lo meramente nominal. El divorcio entre representantes y representados pareciese el único contrato social y político que toma lugar en la Colombia contemporánea.

El alejamiento entre electores y elegidos se acentúa merced al “microempresariado electoral” y la “cartelización” de los partidos políticos que se mantienen en contienda. Para que dicha “cartelización" se cumpla, como lo señala Juan Carlos Monedero en su más reciente libro curso de política para gente decente “Es necesario la rebaja ideológica de los partidos que compiten electoralmente con posibilidades de gobernar en algunos de los niveles de la administración. Esa rebaja ideológica desemboca en el cinismo, el oportunismo o el miedo señalados como rasgos propios de la época”1.

Esa renuncia a la expresión ideológica de los partidos y movimientos colombianos, ha desembocado en la consolidación del centrismo o “lugar común” donde las diversas agrupaciones disputan un lugar gaseoso, ambiguo y caótico, sin límites ni propuestas, y mucho menos proyectos claros, un “lugar común” donde los candidatos y partidos con plataformas de derecha o izquierda niegan su verdadera esencia para no perder el favor de nuevos electores. El engaño como regla, el “divide y vencerás” como canto de victoria.

La violencia en Colombia cimenta sus raíces en la ausencia de política diversa en los escenarios institucionales y no institucionales. En su momento, no hubo una resolución positiva de las diferencias y la exclusión de facto por parte del establecimiento a nuevas alternativas diferentes al binomio Liberal-Conservador terminaron por llevarnos a un callejón sin salida en donde las expresiones políticas armadas se rebelaron contra ese "centrismo" colmado de arbitrariedad.

El proceso continuó con una paulatina fractura en la médula política de las mayorías, que terminaron delegando su poder de decisión en intermediarios dudosos, como lo son la mayoría de políticos, que sucumbieron ante la hábil y efectiva estrategia de los funcionarios del poder quienes al final cumplieron con su cometido: lograr hacerse elegir en los cargos de elección popular con índices de abstención que en promedio se aproximan al 40%.

Esta ruptura entre gobernantes y gobernados y entre diversos grupos de interés que coexisten en el seno de la nación, ha terminado por encontrar pilares más sólidos gracias al narcotráfico y su cultura individualizante, contraria a la construcción de tejido social.

La crisis no ha devenido en hecatombe debido a las descomunales cantidades de dólares que los narcóticos inyectan a la economía nacional. El bloque hegemónico ha contado con la suerte del jugador, al recibir un salvavidas que le ha permitido no naufragar y perder su chapa de régimen.

Lo anterior le ha evitado a la oligarquía tradicional el asumir responsabilidades individuales y de minoría, sobre el desastre social que sitúa al país en los últimos lugares de distribución del ingreso, movilidad social y estabilidad laboral.

Sumado al “traquetismo” que permeó todos los ámbitos de la sociedad, contamos con un influjo mediático que lucha a muerte contra la razón de las mayorías: novelas de prepagos, apologías a la prostitución, el narcotráfico, el dinero fácil y el paramilitarismo como forma de ejercer la justicia por cuenta propia son el común denominador de esta histeria psicológica.

El rol de los medios y el establecimiento ha sido el de crear nuevos enemigos instalados en los vulnerables imaginarios colectivos como manera efectiva de despolitizar y privatizar los sufrimientos del conglomerado social, confinando estas realidades a la esfera privada de cada quien.

El vaciamiento de la democracia se ha dado porque los vasos comunicantes entre los diferentes actores sociales, que permitía un juego plural, de visiones disímiles e intereses muchas veces similares, ha sido reemplazado por un lugar no común, desértico, en donde un 1%, de manera distante y arrogante, difunde su credo particular de manera monopólica, por encima de un 99% restante al que persuade de que solo la arité2puede trazar la ruta y ser la voz unisonante en la sociedad.

Pero no es momento de llorar sobre la leche derramada y llenarnos de sentimentalismos autorreferenciales, no es momento de olvidarnos del mundo y sus múltiples redes de solidaridad y esperanza que nos enseñan que es posible soñar y poder lograr el cambio.

La coyuntura precisa un nuevo papel de las mayorías en la edificación de una nueva sociedad, sujeta a una nueva multiplicidad capaz de superar el estado insular preponderante. El hoy nos sitúa a las puertas de la irrupción de un nuevo sujeto político capaz de acudir al "somos" antes que al “soy”, reivindicando a un “nosotros” que busca transformar antepuesto a un “ellos” que intenta, a capa y espada preservar. Es momento de hacer públicos y multitudinarios los sufrimientos confinados al ámbito privado.

El presente nos convoca a seguir construyendo ese imaginario de lo alternativo, que acude a un acumulado semiológico alimentado por las narrativas de la lucha contra la corrupción, el no todo vale, la dignificación del agro, la defensa de lo público y la disputa por una educación pública y de calidad.

No hay que seguir sintiendo miedo de juntarnos con otros para decirle si a los cambios, en plural y en coincidencia. Es necesario no solo un nuevo orden social, sino un nuevo orden social posible. El orden social de la Colombia contemporánea es insostenible porque es contrario a la lógica del bienestar, del buen vivir, es imposible porque carece de sentido común, es no solo imposible sino inviable por su incapacidad de resolver la disyuntiva entre consumidor/cliente en contraposición a la noción de ciudadano.

La lucha de clases merece no ser reeditada, pero si la disputa entre poderes fácticos y pueblos soberanos. La tarea cobra un solo sentido utópico: otra democracia en Colombia es posible.

Adenda: Un grupo de jóvenes, entre los que me incluyo, hemos venido construyendo una plataforma de articulación y dialogo político y social ininterrumpido, denominado Somos Ciudadanos (http://alturl.com/s9uhi). En twitter pueden encontrarnos como @somosciudadania. Los resultados del proceso han desbordado nuestras propias expectativas.

Twitter: @pineda0ruizEdición N° 00434 – Semana del 13 al 19 de Febrero – 2015 Caja de Herramientas



VIERNES, 31 DE ENERO DE 2014

Solo dos sedes políticas han cumplido con las normas de publicidad exterior en Bogotá

SDA, 31/01/2014.- La Secretaría Distrital de Ambiente ha tenido que desmontar a la fecha, 2.980 afiches que estaban instalados sin cumplir con los requisitos establecidos para adelantar propaganda electoral en la ciudad.
Los partidos políticos que más están incumpliendo son el Polo Democrático con 2.109 elementos, el Partido Liberal con 768 afiches y las comunidades negras con 100 elementos, que fueron desmontados.
Solo en el sector de Chapinero y Teusaquillo, sitios en donde proliferan las sedes políticas, se les ha hecho requerimiento a 11 sedes de igual número de candidatos, que tiene elementos de propaganda electoral que sobrepasan los autorizados.
Las sedes políticas visitadas tienen un plazo de 5 días hábiles para adecuar su publicidad exterior, so pena de incurrir en multas y sanciones, por parte de la SDA y el Consejo Nacional Electoral.
La Secretaría de Ambiente, junto con las Alcaldías Locales, son las encargadas de los desmontes. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral impondrá las multas y castigos, que para esta temporada electoral, de acuerdo con la Ley 130 de 1994, van desde $12.500.000 hasta $130.000.000.
Con el fin de dejar en claro las normas establecidas por el Decreto 564 de 2013 que establece los lineamientos sobre el uso de publicidad exterior visual en Bogotá y adicionalmente explicar las restricciones sobre el tema, la Secretaría Distrital de Ambiente se reunió con los representantes de los partidos y movimientos políticos.
Cada partido y movimiento político puede anunciar en máximo 40 vallas comerciales. Sin embargo, los partidos deben comunicarle a la Secretaría de Ambiente el número de estructuras en las que han instalado la publicidad, con ubicación y número de registro. Está prohibida la propaganda a través de vallas o pantallas electrónicas en la ciudad.
Máximo 10 vehículos por partido político pueden ser utilizados para instalar publicidad, con previa autorización de la SDA. Esta publicidad deberá ser como una unidad integral en un costado vehicular, por lo cual no se permiten afiches, carteles o elementos adicionales; los carros o motos vallas tampoco podrán ser utilizados para este fin.
En cada sede de campaña sólo se permite un aviso, totalmente adosado a la fachada, que no debe superar los 48 metros cuadrados, ni el 30 por ciento del total de la fachada; tampoco podrá ser instalado por encima del antepecho del segundo piso.
Está prohibida la instalación de afiches, pasacalles y pendones en el espacio público, sostenidos por personas y en los paraderos de los buses. Así mismo se prohíbe la instalación de afiches o pendones publicitarios en zonas verdes, redes eléctricas, murales y cerramientos.
Para los afiches, pieza muy utilizada por los políticos, cada candidato sólo podrá pegar hasta tres elementos por partido, en los mogadores o carteleras locales de cada Alcaldía Local y estarán allí por un plazo máximo de cinco días.
“Estamos haciendo operativos por toda la ciudad para desmontar la publicidad que no cumple, tanto en el espacio público, como en las diferentes sedes políticas”, manifestó Néstor García Buitrago, Secretario Distrital de Ambiente.
Una vez hecho los operativos se les informará a los partidos políticos si han incurrido eno alguna infracción a la norma. Pasados 5 días habrá una nueva visita y en caso del no cumplimiento de la ley, inmediatamente se dispondrá con la policía ambiental a hacer el desmonte de los afiches a que haya lugar, con las sanciones económicas y legales establecidas por el Consejo Nacional Electoral.
En resumen, no podrá instalarse publicidad política en vías principales y metropolitanas, en postes de redes eléctricas y telefónicas, puentes, torres eléctricas, estructuras del Estado, zonas históricas, edificios, sedes de entidades públicas, embajadas, áreas de reserva natural, y en lugares donde se obstaculice el tránsito peatonal.


JUEVES, 12 DE FEBRERO DE 2015

Secretaria de Gobierno rechaza atentado a sede del partido político ‘Opción Ciudadana



Bogotá, D.C., 11 de febrero de 2015.- La secretaria distrital de Gobierno, Gloria Flórez Schneider, condenó el atentado del que fue víctima, la noche de ayer, la sede del partido Opción Ciudadana. "Rodear de garantías a todos los partidos políticos es primordial para la ‘Bogotá Humana ´También anunció el reforzamiento y adopción de nuevas medidas de seguridad para que los partidos políticos puedan desarrollar con tranquilidad su ejercicio.


“Todas las entidades distritales estamos en alerta máxima para garantizar que estos hechos no afecten el normal desempeño de las labores que desarrollan los partidos políticos colombianos. Vamos a actuar con dureza frente a cualquier hecho que afecte la democracia y la paz en Colombia”, señaló Flórez Schneider.


Rechazó enfáticamente el acto vandálico, que “va en contravía del proceso de paz que se adelanta en el país y de las políticas de convivencia y tolerancia en que está empeñada la administración distrital”.


Si bien no hubo personas afectadas en su integridad física, la funcionaria hizo un llamado a la tranquilidad ciudadana y a que se denuncie ante las autoridades cualquier hecho sospechoso.
Así mismo señaló que desde anoche mismo se adelantó un censo para determinar el estado de salud de los vecinos del lugar, así como las afectaciones a los respectivos inmuebles. Dicha revisión determinó que ninguna persona resultó afectada y que las viviendas aledañas sufrieron la rotura de vidrios.


Por su parte, el comandante de la policía metropolitana, General Humberto Guatibonza señaló que se adelantan exhaustivas investigaciones para identificar y capturar a los responsables del hecho.


Puntualizó que se están recogiendo testimonios, revisando videos de las cámaras del sector y adelantando pruebas periciales que permitan determinar con precisión quienes realizaron este acto vandálico, y las causas del mismo, “ que lo único que busca es generar zozobra, pero no lo lograrán, porque estamos trabajando intensamente en la investigación, mancomunadamente con las diferentes autoridades de la ciudad”.


SÁBADO, 9 DE FEBRERO DE 2013

Desmercantilizar la democracia

Antoni Aguiló - Filósofo político y miembro del grupo de investigación Política,
Trabajo y Sostenibilidad de la UIB - Tomado de Caja de Herramientas



Uno de los efectos más perversos del neoliberalismo, junto con la destrucción de lo público y lo social, es la mercantilización de cada vez más dimensiones de la vida individual y colectiva: la educación, la cultura, la salud, la ciencia, el suelo, el ocio, etc. La mercantilización es hoy una de las principales señas de identidad de la Europa en crisis, una experiencia tan intensa como el aumento de las formas capitalistas de explotación en el siglo XIX. Ya en 1848 Marx y Engels destacaron la tendencia intrínsecamente expansionista del capitalismo y su afán de crear un mercado mundial "cuyos productos encuentran salida en todas las partes del mundo". Una idea que conecta con la del economista Franz Hinkelammert, para quien la esencia última del proyecto civilizatorio del neoliberalismo dominante consiste en la "totalización del mercado" capitalista y sus principios: desigualdad, insolidaridad, individualismo posesivo, competencia, cálculo económico, consumismo, privatización, etc. No en vano decía Karl Polanyi que hemos pasado de sociedades con islas de mercado a un gran mercado con islas de sociedad.

La democracia representativa no es una excepción. Sometida desde los años ochenta del siglo XX a gobiernos y políticas de signo neoliberal, parece haberse convertido en un mercado político en el que opciones subordinadas a los grandes poderes económicos compiten a sangre y fuego por obtener los máximos beneficios electorales. Es la democracia de libre mercado, con objetivos, conceptos y procedimientos propios de la economía capitalista libre y competitiva. Esta perspectiva, inspirada en los planteamientos de Schumpeter, Downs y Buchanan, entre otros teóricos de las concepciones económicas y elitistas de la democracia, traslada el modelo de la sociedad de consumo a la política. La democracia, así, funciona como un mercado político donde los consumidores-electores "compran" las mercancías (programas electorales) que mejor satisfacen sus intereses egoístas. Los candidatos a representantes actúan como proveedores que se enfrentan en el libre mercado electoral por seducir al electorado y acumular poder mediante el voto individual como mecanismo de legitimación. Detrás de esta concepción subyace la antropología del homo economicus en la que se apoya el liberalismo económico, según la cual las personas son básicamente agentes de cálculo egoísta que buscan maximizar los lucros y minimizar las pérdidas. De este modo, los intereses privados de los consumidores-electores se imponen sobre las virtudes cívicas, sólo relevantes cuando sirven para optimizar los beneficios particulares.

La mercantilización de la política y la democracia representativa en la época de la globalización neoliberal se manifiesta de múltiples maneras. He aquí algunas:

1) La financiación de los partidos políticos y de las campañas publicitarias y electorales por empresas privadas, hecho que convierte a los partidos en lacayos del poder económico.

2) La compraventa de votos con dinero público o privado (una de las formas más flagrantes de corrupción y mercantilización) y otras prácticas clientelares afines.

3) La transformación de la política en un espectáculo de masas de ínfima calidad, observable en fenómenos como la teatralización (al estilo de Berlusconi) y la patetización de la democracia parlamentaria (el "que se jodan" de la diputada Andrea Fabra, gritado en el Congreso al aprobar los recortes en las prestaciones de desempleo, es un ejemplo elocuente, pero no el único).

4) La desposesión de derechos económicos y sociales de los ciudadanos, lo que recorta el campo de la democracia social y económica y lo limita a la democracia política (voto y representación).

5) El vaciamiento de la esfera pública como espacio de deliberación y acción cívico-política, que pasa a ser comprendida como un espacio privado de consumidores que utilizan los medios públicos para satisfacer y proteger sus intereses particulares. Deliberar y decidir en común proyectos de sociedad son cuestiones secundarias en la esfera pública de mercado, que promueve una ciudadanía despolitizada y articulada sobre el deseo de acumular y consumir.

6) La privatización de la democracia representativa. ¿Se imaginan acudir a las urnas y que en las papeletas electorales en lugar de partidos políticos aparecieran instituciones financieras y empresas multinacionales como candidatas a representantes? Pues no se lo imaginen porque ya ocurre de alguna manera. La privatización de la democracia se traduce en dos procesos. El primero es su transformación en un nido de intereses privados encubiertos por un simulacro electoral en el que los votantes refrendan políticas impuestas por una élite minoritaria y en su beneficio. El segundo es la banalización del voto: la pérdida de la capacidad real de elegir de la ciudadanía. La influencia del poder económico sobre la política es tan grande que el derecho a voto termina siendo el derecho a elegir los representantes específicos de la clase dominante que nos "representarán" y oprimirán en el Parlamento a través de partidos-marioneta. De aquí la importancia de distinguir los partidos que verdaderamente defienden intereses públicos, sociales y colectivos. En Europa, la austeridad ha sido el pretexto para privatizar la democracia y entregar a pocos lo que es de todos. En Italia y Grecia la privatización se llevó a cabo de manera tan obscena que condujo a la suspensión de la democracia electoral y a la imposición de tecnócratas procedentes de Goldman Sachs. No sería extraño que, en su delirio privatizador, el neoliberalismo promoviera una reforma electoral que fijara una tasa obligatoria (una especie de sufragio neocensitario) como requisito para votar. De ser así, podríamos ahorrarnos la participación en la comedia (o drama) electoral.

Ante este panorama, las actuales luchas por la democracia están llamadas a ser luchas por la desmercantilización de todas las esferas de la vida. Son luchas emprendidas por una pluralidad de sujetos políticos (movimientos sociales, sociedad civil no organizada, ONG, partidos, etc.) comprometidos con la "eliminación del lucro como categoría" (Wallerstein) rectora de las relaciones humanas. Desmercantilizar la democracia, en este sentido, significa impedir que el enfoque de mercado y sus valores se apoderen de ella. La democracia no es el procedimiento que legitima una disputa electoral de las élites en el mercado de votos. Es el resultado de luchas históricas que construyen relaciones, procesos y condiciones (espacios, tiempos, sujetos, saberes, instituciones, formas de sociabilidad) que aspiran a la igualdad real en la diversidad y al poder compartido en cualquier ámbito. Todos los avances en materia de democracia política y social logrados desde el siglo XIX fueron conquistas de luchas populares en reivindicación de sus derechos. La experiencia histórica muestra que las luchas sociales son un factor de humanización de la política y la sociedad.

El poder sin control del mercado puede ser más destructivo para la democracia que el de un ejército en armas. Las luchas por la desmercantilización y la desprivatización de la democracia son luchas por alterar el predominio de la economía sobre la política, fortalecer el control social, alejar la democracia del cálculo electoralista, ampliarla y llevarla allí donde aún no ha llegado. Son luchas para que la pequeña y frágil barca de la democracia atraque en nuevos puertos sin naufragar en el intento.


SÁBADO, 31 DE MAYO DE 2014

Las dinámicas políticas en la segunda vuelta

Héctor Alonso Moreno Parra
Profesor asociado Universidad del Valle



Los partidos políticos tradicionales en Colombia, han tenido a lo largo de su historia una dinámica fraccional en la cual los llamados jefes naturales con un gran liderazgo nacional han estimulado las controversias políticas alrededor de las elecciones regionales y presidenciales en función de sus intereses particulares. Los elementos programáticos e ideológicos que caracterizan las identidades partidarias han sido relegadas por estos jefes naturales a simples consideraciones agitacionales en épocas de campañas electorales, como quiera que la esencia de sus activismos políticos, siempre han sido la de estimular las redes clientelares y la política transaccional en busca de sus mejores dividendos político-electorales.

Esta dinámica fraccional es la que les ha permitido a las elites conformar de manera transitoria ciertas redes de poder electoral afines a sus interés y lo que los ha estimulado a conformar partidos de armadura, producto no de su vocación política partidaria, ideológica y programática, sino de la necesidad del reacomodo de sus liderazgos nacionales con el propósito de cooptar el Estado para su propio provecho.

Así, en la vida política nacional, en particular en los años posteriores a la Constitución de 1991, se ha visto como en el escenario político han surgido partidos estimulados por esos grandes jefes nacionales con vocación presidencialista, herederos de la vieja configuración política nacional y regional del bipartidismo de los “ismos”. Movimientos y Partidos como el Partido de la Unidad Nacional, Cambio Radical, Primero Colombia, Centro Democrático, etc.; son apenas unas siglas de esa dinámica fraccional no ideológica ni programática en que han convertido algunos líderes nacionales del viejo bipartidismo Liberal- Conservador las estructuras partidarias del siglo XXI.

Para esos líderes nacionales lo que está en juego, hoy día, es el mantenimiento de sus redes de poder clientelar y sus reacomodos políticos en las nuevas dinámicas del mercado y la política, marcados por la globalización y el neoliberalismo. En tal sentido, mantener una situación de violencia y de conflicto político armado en la periferia del poder político, hoy como ayer, les resulta demasiado funcional para sus propósitos e interés de clase.

De tal manera, que ni el bipartidismo de ayer, ni las facciones partidarias de los movimientos y partidos de armadura de hoy, han sido históricamente los abanderados de la paz con justicia social. Ellos, hoy como ayer, tienen una gran responsabilidad histórica por los años de dolor y sufrimiento en que ha vivido parte de la población colombiana en los últimos sesenta años.

Pero, algo nuevo surge en el bosque en esta coyuntura electoral de la segunda vuelta presidencial, algo que la espesura de los arboles pareciera no dejar ver muy claramente y es el hecho que en Colombia también ha existido históricamente otra dinámica; ya no la fraccional de las elites políticas, sino, una moderna, integradora y democrática a favor de la construcción de una paz con justicia social, dinámica que ha venido ganado espacio de manera escalonada desde la propia Constitución de 1991. Los procesos anteriores de paz y las conversaciones con los gobiernos posteriores a la Constitución de 1991, incluido los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, con sus pactos con sectores del paramilitarismo y el narcotráfico, han ido fortaleciendo y estructurando esta nueva dinámica integradora democrática a favor de la paz y la solución negociada del conflicto político armado. Esa es la dinámica que marca el carácter de la época, es la que expresa la vocación de paz con justicia social de millones de colombianos que no han conocido un día de tranquilidad y paz en los últimos sesenta años.

Esas son entonces las dos dinámicas que se confrontan y están en juego en esta coyuntura electoral de la segunda vuelta presidencial. Definir la tendencia de estas dos dinámicas políticas en la presente coyuntura, dependerá de la gran capacidad que tengamos los colombianos de estimular la dinámica integradora en favor de la paz que tiene en la agenda de La Habana su programa de gobierno a través de unos puntos temáticos ya acordados, y que contiene acuerdos fundamentales definidos alrededor de la política de tierras, participación política y narcotráfico.

Estos temas, aún sin resolver, son parte de lo que ha constituido el alma o la esencia de los diferentes periodos de las violencias en los últimos sesenta años. Es importante recordar que la violencia de las épocas de Gaitán tenía, entre otras causas, en el problema de la distribución, uso y explotación de la tierra un gran combustible. De igual manera, la violencia que antecedió al pacto del frente nacional fue estimulada, en gran parte, por el tema de la ausencia de participación política y la falta de garantías políticas y ciudadanas e igualmente el tema del narcotráfico contribuyó en los años ochenta del siglo pasado a juntar en una sola las diferentes dinámicas de todas las violencias.

Son los diversos orígenes que expresan los temas de las violencias los que hoy día están siendo examinados programáticamente por delegados del gobierno y la insurgencia armada con miras a su posible superación por medio del diálogo civilizado con la vigilancia y acompañamiento, por supuesto, en gran parte de la Comunidad Internacional Latinoamericana, la Comunidad Europea y los propios Estados Unidos.

Ahora bien, la agenda que hoy discute el gobierno del presidente Santos con parte de la insurgencia armada, no es otra cosa, que la agenda irresuelta por parte de las élites a lo largo de los tres periodos de violencia anteriormente descritos. Esa agenda acordada, recoge la esencia de lo que ha sido parte del combustible que ha estimulado y alimentado el conflicto político armado en el país. Esos temas de la agenda de La Habana, que ha avanzado en más del 60%, es la propuesta para la solución de gran parte del histórico conflicto político armado en Colombia.

De ahí, que la coyuntura electoral de la segunda vuelta presidencial que se avecina no nos debe poner en una gran disyuntiva de lo que debemos defender en las calles y en las urnas el próximo domingo 15 de junio. O le permitimos continuar a sectores de los jefes naturales de los partidos de armadura el juego de su política histórica de la dinámica fraccional para cooptar el Estado con su teoría fascista del Estado comunitario a favor de sus intereses; o avanzamos con el pueblo colombiano, con los campesinos, los obreros, los estudiantes, las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, la comunidad Gay, los intelectuales y la izquierda democrática, junto a sectores democráticos y progresistas de todos los partidos y movimientos políticos, hacia la dinámica democrática integradora de la paz que es el mejor camino que nos permite continuar construyendo y afianzando una gran coalición democrática por la ampliación de la democracia y la paz con justicia social; y trabajar juntos por la consolidación de un verdadero Estado Social de Derecho tal y como lo diseñó la Constitución de 1991. Votar por Juan Manuel Santos, contribuye en la coyuntura a ese gran propósito nacional. Tomado de Caja de herramientas - Viva la ciudadanía. Edición N° 00401 – Semana del 30 de Mayo al 5 de Junio – 2014


MIÉRCOLES, 7 DE AGOSTO DE 2013

DESARROLLO DEL PUNTO 4 DE 10 PROPUESTAS MÍNIMAS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA


EN LAS NEGOCIACIONES ENTRE GOBIERNO Y FARC QUE SE DESARROLLAN EN LA HABANA, EL TEMA DE LAS COMUNICACIONES TAMBIÉN FUE ABORDADO
DIEZ PROPUESTAS MÍNIMAS PARA LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN Y DE LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN
En desarrollo de las propuestas para la Participación política para la democratización real, la paz con justicia social y la reconciliación nacional, las FARC-EP presenta el siguiente conjunto de iniciativas correspondiente al cuarto punto sobre Democratización de la información y la comunicación y de los medios masivos de comunicación:
1. Participación social en el diseño, puesta en marcha y control de políticas de información y comunicación
2. Democratización de la propiedad sobre los medios de comunicación y fortalecimiento de la propiedad pública estatal y comunitaria
3. Democratización del espectro radioeléctrico y distribución equitativa de frecuencias de radio y televisión
4. Derecho a la información veraz y oportuna, responsabilidad ulterior y derecho de réplica
5. Acceso a los medios de comunicación de la oposición política y social
6. Acceso especial a los medios de comunicación de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y de sectores sociales excluidos, en especial de las mujeres los jóvenes y la comunidad LGTBI.
7. Financiación estatal y privada de medios de comunicación alternativos y comunitarios
8. Acceso universal a las tecnologías de la información y las comunicaciones
9. Mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la información y la comunicación
10. Programa especial de información y comunicación para la reconciliación y la construcción de la paz con justicia social

4.1 PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DISEÑO, PUESTA EN MARCHA Y CONTROL DE POLÍTICAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Por representar bienes comunes de la sociedad, la información y la comunicación exigen regulaciones especiales que hagan prevalecer el interés público y social sobre la ganancia y el lucro. La información y la comunicación deben promover la cultura, la educación y la recreación; en especial, contribuir al desarrollo y la promoción de una cultura democrática y participativa, política y social, y de defensa de la soberanía nacional. Se requiere diseñar una política de información y comunicación que atienda esos propósitos. Para tal efecto, se conformará el Consejo Nacional de Políticas de la Información y la Comunicación, en el que además de la participación de las instituciones del Estado y de sus medios de comunicación, se garantizará la participación de representantes de los medios de comunicación privados, comunitarios y alternativos, de los partidos políticos, de los movimientos políticos y sociales, de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y de otros sectores sociales excluidos, en especial de las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGTBI. Así mismo, se diseñarán y pondrán en marcha mecanismos para garantizar la veeduría y el control social y popular sobre los medios de comunicación. Se expedirá la ley estatutaria de regulación democrática y participativa de la información y la comunicación.


4.2 DEMOCRATIZACIÓN DE LA PROPIEDAD SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PROPIEDAD PÚBLICA ESTATAL Y COMUNITARIA
La democratización de la propiedad sobre los medios de comunicación y el acceso a ellos por parte de los partidos políticos, de los movimientos políticos y sociales y de los sectores sociales excluidos constituye uno de los pilares de la participación política y social. Por tanto, se emprenderán medidas tendientes a su desconcentración y se establecerán regulaciones especiales para impedir que grupos económicos monopolicen la propiedad y abusen de su posición dominante. Se promoverá el fortalecimiento de los medios de comunicación del Estado, en nivel nacional y regional. Para tal efecto, se dispondrán los recursos necesarios. Se proveerán las condiciones tecnológicas del caso y se garantizará que su programación y contenidos respondan a propósitos nacionales y no a intereses propagandísticos del gobierno de turno. Se estimulará la propiedad comunitaria y de sectores sociales excluidos sobre los medios de comunicación.


4.3 DEMOCRATIZACIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN EQUITATIVA DE FRECUENCIAS DE RADIO Y TELEVISIÓN
La democratización de la propiedad y del acceso a los medios de comunicación conlleva la provisión de condiciones estructurales efectivas para hacerla realidad. Ello implica la implementación de medidas para la democratización del espectro radioeléctrico, esto es del medio por el cual se transmiten las ondas de radio electromagnéticas, las cuales permiten hacer uso de medios de comunicación. De manera especial se garantizará la participación social en la definición del Cuadro Nacional de Atribución de Bandas de Frecuencias-CNABF, instrumento clave de la gestión, la administración y el control del espectro radioeléctrico. Las frecuencias de radio y televisión se distribuirán por partes iguales entre el sector público, el sector privado y el sector social, entendiendo por éste los medios comunitarios y alternativos, los medios de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y de sectores sociales excluidos, especialmente de mujeres, jóvenes y de la comunidad LGBTI. Este propósito se alcanzará de manera progresiva. Se reservarán las frecuencias todavía libres para los sectores público y comunitario y se reutilizarán frecuencias donde sea posible. En todo caso, deberá impedirse la concentración de frecuencias; éstas serán intransferibles y su uso no podrá ser arrendado.


4.4 DERECHO A LA INFORMACIÓN VERAZ Y OPORTUNA, RESPONSABILIDAD ULTERIOR Y DERECHO DE RÉPLICA
Se expedirán regulaciones para garantizar una producción de información y comunicación transparente, equilibrada y veraz. Se pondrán en marcha medidas tendientes a garantizar la responsabilidad sobre la información y la comunicación, incluida la responsabilidad ulterior, sin perjuicio alguno de la libertad de expresión y opinión. Se fortalecerá el derecho de réplica, cuando a ello hubiere lugar, en las mismas condiciones en las que se produjo la información.


4.5 ACCESO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y SOCIAL
Se proveerán condiciones especiales a la oposición política para el acceso a la propiedad sobre medios de comunicación impresos, de radio y televisión, y de internet. Tales condiciones se refieren a la asignación de frecuencias, en el caso de los medios que hacen uso del espectro radioeléctrico, así como al otorgamiento de créditos blandos y a la cofinanciación estatal, especialmente a través de las pautas publicitarias, entre otros. Se garantizará el acceso a los medios de comunicación del Estado, radio y televisión, nacional y regional, mediante la asignación de franjas de programación. Se definirán espacios en cadena en los medios concesionados a operadores privados.


4.6 ACCESO ESPECIAL A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE COMUNIDADES CAMPESINAS, INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES Y DE SECTORES SOCIALES EXCLUIDOS, EN ESPECIAL DE LAS MUJERES LOS JÓVENES Y LA COMUNIDAD LGTBI.
Las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes y los sectores sociales excluidos organizados, en especial las mujeres, los jóvenes y la comunidad LGTBI, gozarán de condiciones especiales para acceder a la propiedad sobre medios de comunicación impresos, de radio y televisión, y de internet. Tales condiciones se refieren a la asignación de frecuencias, en el caso de los medios que hacen uso del espectro radioeléctrico, así como al otorgamiento de créditos blandos y a la cofinanciación estatal, especialmente a través de las pautas publicitarias, entre otros. Se garantizará el acceso a los medios de comunicación del Estado, radio y televisión, nacional y regional, mediante la asignación de franjas de programación. Se definirán espacios en cadena en los medios concesionados a operadores privados.


4.7 FINANCIACIÓN ESTATAL Y PRIVADA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVOS Y COMUNITARIOS
Los medios de comunicación alternativos y comunitarios gozarán de especial atención y apoyo por parte del Estado. Con el propósito de promover el acceso a la propiedad y garantizar la información y comunicación alternativa y comunitaria, además de la asignación de frecuencias, en el caso de los medios que hacen uso del espectro radioeléctrico, se creará el Fondo especial de financiación de medios alternativos y comunitarios. El Fondo estará conformado por aportes del Gobierno nacional provenientes de la reducción del gasto en seguridad y defensa y de la contratación de un tercio de la pauta publicitaria de las instituciones del Estado con dichos medios. El sector privado contribuirá con la contratación del diez por ciento de su pauta publicitaria.


4.8 ACCESO UNIVERSAL A LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
Se garantizará el acceso universal y gratuito a las tecnologías de información y comunicación, especialmente con conectividad a internet de banda ancha y uso de software libre, a través de un programa especial de instalación de puntos de acceso público, que privilegiará los sectores populares y marginados de los centros urbanos, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, los niños, niñas y jóvenes, estudiantes de educación básica, media, tecnológica y universitaria. Se emprenderá dotación masiva y gratuita o subsidiada, según el caso, de computadores portátiles a estos sectores de la población.


4.9 MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS TRABAJADORES DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN
Se mejorarán las condiciones laborales de los trabajadores de la información y la comunicación. Se propenderá por el trabajo digno y bien remunerado, así como por el acceso al aseguramiento en salud, pensiones y riesgos profesionales; prevalecerá la contratación laboral. Se proveerán por parte de los patrones los recursos económicos, técnicos y materiales suficientes para el adecuado ejercicio de la profesión y de las tareas periodísticas encargadas, así como para las labores de investigación. Se promoverá el desarrollo profesional y la capacitación técnica, para lo cual se darán las facilidades del caso. Se garantizará la protección del Estado en caso de amenazas derivadas de la actividad como comunicadores. Se proveerán coberturas de riesgo a cubrirse con seguros privados de vida, de accidentes, de daños a terceros, de asistencia jurídica, de pérdida o robo de equipos.


4.10 PROGRAMA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA RECONCILIACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL
Se diseñará e implementará de manera conjunta un Programa especial de información y comunicación para la reconciliación y la paz con justicia social orientado a la población en general. Tal programa tendrá como contenido principal la difusión y explicación amplia de los Acuerdos entre las FARC-EP y el Gobierno, así como la promoción de una cultura para la reconciliación nacional y la paz con justicia social en medios impresos, en radio y televisión e internet. En el caso de la radio y la televisión estatal, nacional y regional, se definirán franjas especiales de programación. En el caso de la radio y la televisión privada se realizarán programas en cadena nacional. En el caso de los medios comunitarios y alternativos se harán diseños especiales considerando sus condiciones técnicas y tecnológicas. Se diseñarán separatas para los medios impresos y se promoverá la difusión amplia en internet. El Programa especial tendrá un componente destinado a las instituciones de educación, públicas y privadas, en el nivel básico, medio, tecnológico, y universitario. Se establecerá de manera permanente una cátedra de Cultura política para la reconciliación y la paz con justicia social.

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