Condiciones de seguridad han impedido que el primer proceso de retorno, el correspondiente a las comunidades procedentes del Chocó, comience este 25 de noviembre, fecha inicialmente prevista.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha acompañado a las comunidades Embera que se encuentran desplazadas en Bogotá y ha adelantado todas las acciones de coordinación que le competen, tanto a nivel nacional como territorial, para validar la existencia de los principios de voluntariedad, seguridad y dignidad que se requieren para acompañar estos procesos.
La entidad ha sostenido reuniones de concertación con las autoridades indígenas territoriales y los líderes y la comunidad desplazada en Bogotá, en la que estos últimos han hecho explícito su deseo de retornar.
Se les ha brindado permanentemente información y concertado con ellos acerca de los planes, programas y proyectos orientados a la atención y reparación integral para generar condiciones de dignidad necesarias para lograr su arraigo y estabilización socioeconómica en su retorno.
Sin embargo, la evaluación de las condiciones de seguridad, necesaria para adoptar la decisión final de acompañar su traslado desde Bogotá al territorio en las fechas previstas, no se ha definido aún en el marco de los Comités Territoriales de Justicia Transicional respectivos.
Este es el escenario previsto en la ley para realizar la evaluación de las condiciones de seguridad que permitan acompañar el proceso. No se puede adelantar un retorno que ponga en mayor riesgo a la comunidad y que no cuente con la evaluación de las condiciones de seguridad establecida en los términos que el Decreto ley 4633 de 2011 exige para estos procesos.
La entidad continuará trabajando junto con las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para que este retorno se pueda llevar a cabo con todas las condiciones de seguridad necesarias.
El segundo proceso de retorno, de las comunidades procedentes de Risaralda, está programado para el 10 de diciembre. La información preliminar con que se cuenta indica que las condiciones de seguridad son más favorables, pero la decisión final deberá tomarse en el Comité Territorial de Justicia Transicional que se llevará a cabo en los próximos días en Pereira.
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