El director general del Instituto para la Economía Social –IPES, Jorge Eliécer Racero Ceballos solicitó una auditoria especial a la Personería y Contraloría de Bogotá, frente a la contratación de la entidad realizada por la Administración anterior.
Durante varios meses de revisión jurídica, técnica y financiera de los contratos, en el proceso de armonización administrativa se encontraron inconsistencias y debilidades que se empezaron a evidenciar desde el mismo proceso de empalme.
Del 1 al 25 de Enero de 2012, fecha en que fue posesionado el nuevo director, se firmaron 179 contratos de prestación de servicios por $2.900 millones; de los cuales 146 fueron suscritos el 25 de Enero por un valor de $2.200 millones.
Del año 2007 al 2011 se firmaron 92 convenios por más de $58.000 millones; de los cuales 16 tienen la competencia vencida para realizar su liquidación (mayor a 30 meses) y se encuentran en etapa judicial, 6 han superado el plazo de 6 meses para su liquidación unilateral y los restantes se encuentran en alerta por vencimiento de tiempo para liquidar, por lo tanto la entidad perdería la competencia para realizar el trámite y se deben iniciar las correspondientes acciones penales, disciplinarias y fiscales a los implicados.
“En la verificación de las carpetas de los convenios y contratos se ha evidenciado falta de requisitos, documentos y presuntas facturas adulteradas, lo cual se esta verificando para iniciar las acciones correspondientes”, aseguró Racero.
La presente administración del Instituto para la Economía Social –IPES- evidenció la debilidad de la supervisión de los convenios y contratos, el incumplimiento de la normatividad vigente en la liquidación de los mismos y por ello solicitó a los órganos de control tomar las medidas correspondientes para esclarecer esta situación.
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