Presidente Corporación Viva la Ciudadanía
Cuatro días completó el paro nacional cafetero que se inició desde el lunes 25 de febrero y que además de movilizar a decenas de miles de familias cafeteras incluyó también el bloqueo de vías afectando principalmente al sur del país y a los departamentos cafeteros de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío como también a Huila y el Caquetá. Como se sabe al paro cafetero se sumaron también los cultivadores de cacao en los Santanderes. El origen de la protesta está relacionado con los bajos precios del café, la exigencia de una reestructuración de la Federación Nacional de Cafeteros y el papel del Fondo Nacional del Café.
A la economía cafetera están vinculadas 560 mil familias distribuidas en 921 mil hectáreas en donde se generan cerca de 800 mil empleos directos equivalentes al 32% del total de los empleos rurales y en los municipios cafeteros viven 4.5 millones de personas. La producción cafetera se realiza esencialmente en pequeñas unidades productivas. 236 mil unidades productivas tienen entre 1.1 y 5 hectáreas y son operadas en gran medida con trabajo familiar.
Casi 300 mil productores cuentan con cédula cafetera, cabe decir, están habilitados para participar en las elecciones y los procesos institucionales de la Federación Nacional de Cafeteros. En 353 municipios y 17 departamentos existen comités de cafeteros. En gran parte de los 560 municipios cafeteros este es el principal renglón de su economía local aportando entre el 70 y el 80% del Producto Interno Bruto de sus municipios. Como lo señalará en su artículo en este mismo semanario Óscar Arango Gaviria este renglón de la actividad económica que ha perdido importancia entre otras razones por la baja en la producción en los últimos tres años y por los bajos precios internacionales, ha sumido en una profunda crisis social y económica a los cientos de miles de familias que están ligadas a la economía cafetera. (Óscar Arango Gaviria: Interrogantes sobre institucionalidad y política cafetera colombiana, Caja de Herramientas 2013).
Al paro se llegó por la imprevisión del Gobierno en el manejo de esta crisis. Como lo han señalado los caficultores están vendiendo la carga del café a un precio de 530 mil pesos la carga cuando los costos de producción superan los 650 mil pesos. Por ello han planteado de manera clara y nítida que debe fijarse un precio de sustentación. Colombia hoy importa para el consumo interno cerca de 4 millones de sacos para poder garantizar la venta del café colombiano en el mercado internacional. Un factor que afecta negativamente los ingresos cafeteros tiene que ver con la revaluación del peso con respecto al Dólar y al Euro. Muchas alternativas se han ventilado en estos días de paro por ejemplo que una buena parte de la producción se destine al consumo interno con base en un precio de sustentación que los líderes del paro han propuesto que se fije en 850 mil pesos la carga, que se renegocien las deudas de las familias cafeteras con los bancos, que se establezca un control de precios a los abonos y pesticidas y que se suspendan los proyectos mineros que se planean desarrollar en regiones cafeteras así como que se plantee una reestructuración de la institucionalidad cafetera en concreto de la Federación Nacional de Cafeteros y del Fondo Nacional del Café.
Inicialmente el Gobierno se concentró en la represión contra el movimiento que dejó un saldo de más de 80 campesinos lesionados por la intervención de la Fuerza Pública con lo cual y lejos de aminar la protesta lo que hizo fue ampliarla. Al momento de escribir estas notas se debe haber instalado la negociación entre el Gobierno y los cafeteros que debió de haber sido la respuesta oficial e inicial. Por fortuna, el Gobierno recapacitó y ofreció una mesa de negociaciones para discutir el pliego de solicitudes de los cafeteros. Pero, hay que insistir en que lo que se cuestiona de fondo es el manejo de la política y la ausencia de una política de industrialización del café que debería ser el punto central de la discusión entre el Estado y los caficultores. Hay que encontrar salidas de corto plazo pero ante todo hay que dotar al Estado colombiano de una política de largo plazo para un renglón de la economía que como se ha señalado tiene vinculados a más de 4.5 millones de colombianos.
Y finalmente, hay que insistir que Colombia adolece de grandes fallas en la política hacia el conjunto del sector agropecuario. Con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio otros sectores agropecuarios serán precipitados en una profunda crisis sin que el Estado haya formulado una política de largo aliento que proteja a los cerca de 12 millones de colombianos que viven y devengan su sustento de labores en el sector agropecuario. Este campanazo dado por los cafeteros, debería hacer reflexionar al Gobierno que anda firmando y negociando tratados de libre comercio sin reparar en los daños que puedan ocasionar a la producción nacional. Ojalá, esta movilización de decenas de miles de campesinos ligados a la industria cafetera haga reflexionar al Gobierno que además avanza en el proceso de negociación con la guerrilla de las FARC y en dónde uno de los puntos esenciales es precisamente el del sector agropecuario.
Tomado de Caja de Herramientas
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