La amenaza sobre la autonomía municipal se concentra en distintas medidas legales y reglamentarias que invaden las competencias de las autoridades locales, en temas variados que van desde el ordenamiento territorial hasta aquellos relacionados con la financiación de proyectos.
“Durante el pasado gobierno nacional se desarrolló un número grande de proyectos que afectó la autonomía de las entidades territoriales, otorgada por la Constitución de 1991. Esta situación ha dificultado la toma de decisiones y una gestión autónoma por parte de los municipios”, manifestó el Secretario de Planeación, Gerardo Ardila Calderón.
Uno de los temas que dificulta la gestión en materia de planeación es la Ley Antitrámites. Al establecer la aplicación del silencio administrativo positivo para suscribir planes parciales, en un corto plazo, se desconoce la realidad de las complejidades técnicas que tiene aprobar o improbar un plan parcial.
“Eso quiere decir que le quitan al alcalde y a las secretarías de planeación de los distintos municipios, autonomía para decidir si los proyectos presentados por los desarrolladores urbanos convienen o no a sus ciudades, y si cumplen o no con los criterios y políticas que hayan fijado los correspondientes gobiernos en sus respectivos POT”, subrayó el funcionario.
La Ley, además, excluye algunas actividades de la obligación de obtener licencia urbanística como es la explotación de recursos, la infraestructura militar y de policía, entre otras. Esta exclusión dificulta el trabajo de los municipios, pues las entidades de planeación no tienen lugar a definir la viabilidad y conveniencia para los municipios o distritos de obras como éstas que tienen grandes impactos.
Por otra parte, en relación con el tema de las regalías, se refirió a la aprobación de la Ley de Presupuesto que condiciona la aceptación de los proyectos que las regiones presenten en los OCAD (Órganos Colegiados de Administración y Decisión), al voto positivo por parte del gobierno nacional. Es decir que si los municipios y los departamentos de una región quieren aprobar un proyecto, pero a alguna entidad de nivel nacional no le gusta, la administración nacional puede negar la autorización de ese proyecto.
La inquietud manifestada por la Asociación de Secretarios de Planeación, también se refiere a la falta de autonomía municipal frente a las alianzas público-privadas (APP), ya que todo desembolso de esos proyectos está sujeto al análisis de riesgo, que debe hacerse con la metodología que definen las autoridades nacionales y sólo es válido el resultado entregado por el Ministerio de Hacienda.
“Ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, tienen especialistas para hacer tales análisis, o tienen recursos para contratar las evaluaciones, pero no lo pueden hacer o si lo hacen pierden los recursos, porque sólo cuando el Ministerio de Hacienda hace el análisis de riesgo, se entenderá que la APP cumple con las condiciones de ley”, anotó finalmente el Secretario de Planeación.
Los cuatro secretarios acordaron seguir trabajando en el tema para producir un documento conjunto que evidencie las dificultades que generan estas normas y reglamentaciones en la autonomía de los municipios. Así mismo, los secretarios buscan proponer alternativas frente a cada tema para negociar con el gobierno nacional y lograr soluciones que respondan a la noción de Estado unitario pero con autonomía de las entidades territoriales que consagra la Constitución de 1991.
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