Bogotá D.C., abril 24 de 2014. Con 4 intervenciones que estuvieron a cargo del Secretario Distrital de Planeación, Gerardo Ardila; el secretario de Planeación de Cundinamarca, Andrés Romero; el Secretario Privado de la Gobernación del Meta, Carlos Osorio; y el Asesor de la Gobernación del Tolima, Ismael Molina; y otras 9 a cargo de representantes de la academia, gremios y de las mismas entidades territoriales, se llevó a cabo la audiencia pública en la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado de la República que buscó recoger aportes frente al proyecto que permitirá constituir la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE) - Región Central.
Según el Secretario Distrital de Planeación, Gerardo Ardila, la constitución de esta figura de integración regional “es el mecanismo fundamental para lograr la descentralización en el país, para cumplir no sólo con una ley sino con una obligación constitucional. Nosotros tenemos que contribuir a esa descentralización y a ese país de regiones que siempre lo mencionamos, pero que cuando tenemos que tomar decisiones para esa construcción nos vamos en reversa porque nos da miedo el cambio”.
Para el departamento de Cundinamarca significa poder avanzar hacia unos niveles de planificación que superen los niveles de las entidades territoriales favoreciendo así la sostenibilidad regional. De acuerdo a lo expuesto por el Secretario de Planeación de Cundinamarca, “este es el mejor esquema de pensarnos en conjunto y aprovechar una región con semejantes posibilidades. Esta región representa el 40% del PIB del País, el 30% de la población del País y atrae cada vez más inversionistas. Es por lo tanto, el principal motor de la economía nacional”.
Mauricio Molina, Director de Gestión Regional en Cámara de Comercio de Bogotá, afirmó en su intervención que “la consolidación de una RAPE Región Central como se concibe puede ser una buena plataforma de cooperación, no solamente para el desarrollo sostenible sino para la construcción de la paz, que es un eje transversal clave de esta iniciativa. La formulación de políticas y acciones territoriales traducidas en proyectos priorizados, focalizados, concretos, en un marco de alianzas bajo objetivos específicos también permitirá abordar adecuadamente la reducción de disparidades y desequilibrios regionales, logrará el crecimiento económico y sostenible, inclusivo y equitativo y la atención a poblaciones vulnerables”.
De acuerdo con Viviana Barberena, de la Federación Nacional de Departamentos, la RAPE se constituye en la primera posibilidad realmente seria en ordenamiento territorial, que servirá como ejemplo para otras regiones de Colombia, ya que “supera la idea de institucionalismo que tiene el país en la que el ordenamiento sólo es el departamento, la nación y el municipio. Se deben romper las fronteras para entender que el desarrollo va mucho más allá de los límites regionales, que hay cosas más grandes que se tienen que resolver y que son más grandes que lo departamental”.
Durante la audiencia también estuvo presente el Gobierno Nacional, representado por Carlos Aparicio, Director de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación, para quien la RAPE “es un ejercicio que propone una visión integral de territorio en donde se tienen en cuenta las funcionalidades y actividades alrededor de la región. Esto nos posibilita tener como nación una concepción diferente de ordenamiento territorial, así como la articulación de Planes de desarrollo departamental que no hemos tenido antes en Colombia. Podemos empezar a materializar estos ejercicios que se hacen alrededor de la RAPE en el país”.
¿Qué sigue para lograr la consolidación de la RAPE?
Posterior a esta audiencia pública, la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República deberá elaborar un concepto y hacerlo público. Los ponentes designados por la COT para ésto son los senadores Álvaro Asthon Giraldo, Aurelio Iragorri Hormaza, Germán Villegas Villegas y Jorge Eliécer Guevara. Desde el pasado 2 de abril, fecha en que se radicó el proyecto, van contando los 60 días que por ley se tienen para que den respuesta ante la solicitud.
Luego el proyecto será presentado ante las Asambleas Departamentales y el Concejo de Bogotá para que se autorice la creación de la RAPE
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