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viernes, 24 de agosto de 2012

En 8 meses, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas del conflicto pasó de la Esperanza a los hechos


 Ley de Víctimas y Restitución de Tierras:
Bogotá- Agosto 23 de 2012.  Transcurridos ocho meses de creada, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pasó “de la esperanza a los hechos”, dijo hoy su directora, Paula Gaviria Betancur.
“Como lo demostramos esta semana en el primer informe anual del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas enviado al Congreso, la Ley de Víctimas no es letra muerta. En nuestros primeros 240 días de gestión, las víctimas del conflicto han encontrado una opción para dignificar su condición como ciudadanos con derechos y oportunidades”, dijo.
Sobre la reparación administrativa, la funcionaria recordó que la Ley de Víctimas ordenó darles prioridad a las personas que tenían un proceso de reparación pendiente, en el marco del Decreto 1290 de 2008. De este grupo, 55.653 personas han sido reparadas entre enero y julio 31 de 2012,  con recursos por $330 mil millones.
“Es razonable enfocar nuestros esfuerzos para ponernos al día con la reparación administrativa de quienes llevaban casi 4 años esperando. Heredamos ese rezago del gobierno anterior. Tal como lo establece la Ley, estas víctimas debían tener prioridad”, agregó.
No obstante, durante lo que queda de este semestre, la Unidad empezará a reparar a las nuevas víctimas, según lo establecido en la Ley  1448 de 2011.
Según la directora de la Unidad, “en la reparación a las víctimas se aplican los criterios de prioridad y gradualidad con los más vulnerables: madres cabeza de familia, niños y niñas, adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Ellos serán los primeros en recibir los beneficios de la atención y reparación integral”.
Adicionalmente, la funcionaria destacó que el trabajo desarrollado no ha consistido sólo en el registro de nuevas víctimas o indemnización a quienes habían hecho su solicitud antes de la vigencia de la ley sino también en la incorporación de factorescualitativos y de enfoques porque ahora las víctimas participan de su proceso de reparación y son acompañadas de forma personalizada
“La Unidad para las Víctimas implementó un modelo de reparación integral. En Medellín y en el Valle ya funciona un modelo de acompañamiento integral, que inicia con una carta de dignificación e incorpora un enfoque psicosocial. Así lo estamos replicando en más regiones. Los planes de reparación incorporan otras medidas como la atención en salud para la recuperación física y emocional de las víctimas, o la exención del servicio militar obligatorio” indicó.
Adicionalmente se están adelantando procesos de reparación colectiva en los que se repara a las comunidades, grupos y organizaciones afectadas colectivamente por el conflicto armado.
El Registro Único de Víctimas
Además de la creación y puesta en marcha del Registro Único de  Víctimas, se ha iniciado la valoración de solicitudes e inclusión de víctimas desde diciembre de 2011. Este registro tiene actualmente 31.000 personas incluidas, luego del respectivo proceso de valoración.
Como a la fecha hay 30.000 solicitudes pendientes de valoración e inclusión en el Registro, la Unidad estableció un plan de contingencia con la contratación de más personal. Este proceso estará al día el próximo 30 de septiembre.
Otras 60.000 mil solicitudes de inclusión de víctimas están en proceso de valoración, dentro del plazo de 60 días establecido en la Ley. Trabajo conjunto con los  Organismos de Control
Desde el mes de julio, de manera formal se trabaja con la Procuraduría General de la Nación en: el ajuste y validación del Formato Único de Declaración (FUD), que incluye el enfoque diferencial étnico; un acuerdo para la valoración de los casos difíciles, por ejemplo, cuando no hay certeza en la autoría del hecho victimizante; en fortalecimiento institucional para jornadas de capacitación a personeros/as del país;  y en la dotación de equipos que permitan recibir con mayor agilidad  las declaraciones a las víctimas en 85 municipios priorizados .
La Ley de víctimas está asegurada y tiene sostenibilidad fiscal
Gaviria aclaró que son inexactas informaciones de prensa según las cuales no se ha expedido aún un documento Conpes sobre la financiación necesaria para garantizar la sostenibilidad de la ley, el cual debía ser promulgado en un plazo de 6 meses.
Existen dos documentos CONPES aprobados. El primero, que es el plan de financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448 de 2011, destinó $54.9 billones para los 10 años de vigencia de la Ley su aplicación; y el segundo, fija los lineamientos, el plan de ejecución de metas, presupuesto y mecanismo de seguimiento para el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas que ya está reglamentado por Decreto.
Con esos documentos CONPES se aseguran recursos para la reparación integral a las víctimas, a través de medidas de indemnización, restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Estas medidas se acompañan de procesos de retorno y reubicación, atención con enfoque psicosocial, acciones para restablecer el tejido social afectado por el conflicto y un programa de acompañamiento para invertir de forma adecuada los recursos que reciben como indemnización.

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