MinJusticia invirtió más de 500 millones de pesos este año para reconocer la capacidad jurídica y los derechos de las personas en condición de discapacidad

Bogotá, 29 de noviembre de 2016. En 2016, con el fin de fortalecer y dar pleno reconocimiento a la capacidad jurídica y el acceso a la justicia de las personas en condición de discapacidad, el Ministerio de Justicia y del Derecho invirtió $535.354.461 en proyectos de fortalecimiento, investigación y capacitación relacionados con esta materia.

Esta cifra se dio a conocer durante un acto de rendición de cuentas, en el que se informó sobre el trabajo que se adelanta con las universidades en programas de educación inclusiva. “Con la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla se suscribió un convenio gracias al cual el Ministerio, a través de la Universidad de Los Andes, construyó un programa de formación que dicho centro educativo  imparte en todos sus programas. También conformamos la Red de Formadores de la Escuela, un grupo élite conformado por magistrados y jueces de todo el país que tendrá la obligación de replicar sus conocimientos a los demás funcionarios judiciales, afirmó Tatiana Romero, funcionaria de la Dirección de Justicia Formal.

También se informó que el Ministerio ha desarrollado acciones de la mano de Asodown Colombia, la Liga Colombiana de Autismo, Profamilia y la Universidad de Los Andes; y ha ofrecido  jornadas e capacitación a jueces de Medellín y Barranquilla sobre derechos sexuales y reproductivos y capacidad jurídica.

Además, ha capacitado a notarios sobre los derechos de las personas con discapacidad en el marco del derecho notarial, y a los administrativos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) sobre capacidad jurídica e inclusión de las personas con discapacidad en el país.

En el acto de rendición se destacaron los logros de la Red Universitaria para el Reconocimiento y la Defensa de los Derechos  de las Personas con Discapacidad (Rundis), que vincula a 53 facultades de derecho del país con consultorio jurídico, las cuales trabajan como aliadas de la cartera de Justicia en el reconocimiento de la capacidad jurídica de estas personas.

“En 2015 aplicamos una encuesta a todas las facultades de derecho del país y la gran mayoría no conocía la Ley 1618 (sobre derechos de las personas con discapacidad en Colombia), por lo que no era un tema que se abordara con prioridad en la educación de los estudiantes. Por ello en  los consultorios jurídicos no existía una atención inclusiva y no se hablaba de accesibilidad. Eso nos llevó a conformar la red Rundis”, indicó Tatiana Romero.