La Secretaría Distrital de Gobierno (SDG) firmó un pacto con los comités departamentales para la lucha contra la trata de personas de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia y Meta, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), con el objetivo principal de proteger a niños, niñas y adolescentes de este delito, en cualquiera de sus modalidades: explotación sexual, turismo sexual, matrimonio servil, mendicidad, tráfico de órganos, entre otros.
El secretario distrital de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, insistió en que la meta de la Administración es prevenir, proteger y asistir a las personas con un alto nivel de vulnerabilidad y a las víctimas. En Bogotá, el 50 por ciento de ellas tienen entre los 12 y los 26 años y el 75 por ciento son de sexo femenino.
“Reiteramos nuestro compromiso firmando este pacto, con el ánimo de que podamos acabar con este flagelo que atenta especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Para el alcalde Enrique Peñalosa es fundamental acabar con este delito y disponer los recursos para que el número de víctimas llegue a cero. Es por esto que en nuestro Plan de Desarrollo, por primera vez en Bogotá, hemos dividido la atención, no solamente desde el punto de vista criminal, para capturar a quienes practican estas conductas, sino también hacia las víctimas”, precisó el secretario.
El compromiso de trabajar articuladamente
El pacto permitirá, de manera articulada con las secretarías de Gobierno, la Mujer, Educación, Seguridad, Salud, Planeación y Desarrollo Económico, así como con el ICBF, el Instituto Distrital de Turismo, la Alta Consejería para las Víctimas, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación, definir la hoja de ruta para adoptar acciones concretas y así luchar contra dicho fenómeno.
Para Diana Rodríguez, directora de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia, dependencia de la SDG que ha priorizado este tema desde que comenzó el año, “el pacto es un compromiso político, institucional y técnico, frente al tema de lucha contra la trata de personas, no solamente desde el punto de vista de criminalidad sino de atención, visibilización y prevención. Nos quedan grandes retos; es el establecimiento de una hoja de ruta para atender a las víctimas y luchar contra las grandes redes del delito que son quienes victimizan a estas personas”.
En Colombia, de acuerdo con cifras oficiales, entre el 2008 y el 2015 se registraron 593 casos de trata de personas. Asimismo en el país, así como en otras naciones donde se presenta el fenómeno, existe un alto subregistro de casos pues hay desconocimiento de su magnitud. De acuerdo con el Informe Global Sobre Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), de cada 10 casos identificados en el mundo, tres ocurren sobre menores de edad (dos niñas y un niño).
“Los departamentos y municipios que se hicieron presentes a la firma del pacto se comprometieron a implementar en el 2017 acciones en materia de identificación y prevención de casos. La trata continúa siendo un delito invisible, más aun cuando es sobre niños. Es un delito que poco se investiga académicamente, no conocemos aún muchos factores de riesgo asociados y, por eso, las administraciones se comprometieron a generar investigaciones y planes de contexto para entender cómo funciona, así como acciones en materia de investigación y judicialización. Esta es una manifestación del crimen organizado y el compromiso de las administraciones con las autoridades competentes es desarticular estas redes”, precisó Carlos Andrés Pérez, coordinador del Proyecto de Trata de Personas de la UNODC.
Por su parte, la directora del ICBF, Cristina Plazas, calificó la trata de niñas, niños y adolescentes como “un delito atroz” e insistió en la importancia de poner las acciones acordadas en marcha. “Necesitamos visibilizarlo y lograr que en el territorio, con la articulación de funcionarios, entidades y sociedad civil, paremos este delito. Las personas piensan que solo se trata de hechos relacionados con explotación sexual, pero tristemente hay muchas otras formas de cometerlo. Todos debemos tener más responsabilidad ante la protección de los niños, que son los más vulnerables”.
Los compromisos acordados por la SDG
Con este pacto, la Secretaría Distrital de Gobierno se comprometió específicamente en cuatro aspectos: articulación institucional, prevención, atención e investigación y judicialización.
• En lo que tiene que ver con la articulación institucional, la entidad diseñará e implementará mecanismos internos de articulación institucional, acompañamiento y seguimiento, desde las entidades que hacen parte del Comité Distrital, para garantizar el restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes que sean víctimas de la trata de personas.
• En cuanto a prevención, la SDG formulará una estrategia para esta población, que será implementada por medio de los equipos territoriales en las zonas priorizadas por el Comité Distrital.
• En atención, apoyará y fortalecerá la atención que entrega el ICBF.
• Y en lo que tiene que ver con investigación y judicialización, identificará posibles casos de menores víctimas de trata, para así brindarles acompañamiento durante la investigación, judicialización y acceso a la justicia.
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