jueves, 16 de junio de 2016

Función Pública reveló un completo diagnóstico para garantizar la igualdad de oportunidades de un Estado diverso e incluyente Recibidos x

ü  El diagnóstico fue realizado por aliados estratégicos del sector público, privado y de la academia, como el Ministerio del Interior, el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de Los Andes, DeJusticia y el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de USAID operado por ACDIVOCA.


Bogotá, junio 16 de 2016. Un completo diagnóstico sobre la situación de diversidad en el empleo público en Colombia reveló el Departamento Administrativo de la Función Pública realizado en alianza con el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. El estudio estableció entre otros aspectos importantes que el 1.5% de los servidores son indígenas, el 6.6% afrodescendientes, el 4% son personas en condición de discapacidad y el 3% de la participación corresponde a personas con orientación sexual e identidad de género diversos (población LGBTI).

Esta primera caracterización sociodemográfica de servidores públicos fue realizada por la Universidad de los Andes y cuenta con un margen de confiabilidad del 90%. Sus resultados buscan determinar la participación de poblaciones tradicionalmente excluidas como los afrodescendientes, los indígenas, las personas en situación de discapacidad y la población LGTBI en el empleo público de la rama ejecutiva del nivel nacional, así como las barreras que estas poblaciones enfrentan.

Con este estudio el Estado colombiano cuenta con un primer diagnóstico que le permitirá diseñar políticas más efectivas para garantizar la igualdad de oportunidades y el derecho de participación en el empleo público en el país, y avanzar así en la consolidación de un Estado diverso e incluyente, que genere confianza en todos los sectores de la población colombiana en un eventual escenario de posconflicto.

De acuerdo con Liliana Caballero, directora de la Función Pública contar con este diagnóstico es solamente un primer paso para entender la situación real de la diversidad y la inclusión en el empleo público para así poder diseñar e implementar políticas más efectivas para mejorar estos indicadores. “A través de este proyecto, estamos generando herramientas muy importantes para mejorar los niveles de inclusión en el empleo público. Además de capacitaciones y campañas de sensibilización en temas de diversidad e inclusión, estamos incluyendo un componente de diversidad muy importante en la Política Integral de Empleo Público y el Plan Estratégico de Empleo Público 2015-2025. También difundiremos en breve una guía metodológica para que todas las entidades del país puedan aumentar sus niveles de inclusión e incorporar dentro de sus procesos el enfoque de diversidad”, afirmó Caballero.

En cuanto a la participación del 1.5% de la población indígena y el 6.6% de los afrodescendientes, el nivel está por debajo del promedio de la población general en Colombia, que según los datos del DANE (2005), se ubican en 3.4% para los indígenas y 10.6% para los afrodescendientes.

La encuesta encontró que los dos sectores con mayor participación de afros son deporte y cultura. Esto, según el profesor César Rodríguez Garavito, director de Dejusticia y coordinador de la investigación, “envía un mensaje contundente sobre el poder de los imaginarios sociales y su influencia directa en la participación y las barreras de acceso o no, que enfrenta una población determinada en el empleo público”. Para nadie es un secreto que en Colombia los imaginarios sociales alrededor de los afros se concentran en sus capacidades para el deporte y la cultura, dejando muchas veces de lado su formación y experiencia en otros ámbitos.

Las personas en condición de discapacidad aportan el 4% de los funcionarios, siendo los principales tipos de discapacidad la visual y la física. Este resultado también se ubica por debajo del promedio de la población general, que alcanza el 6.4% según el último censo del DANE. Según Juan Pablo Salazar, Director del Plan Presidencial de Inclusión de Personas con Discapacidad, este promedio nacional debe ser aún mayor, teniendo en cuenta un contexto de conflicto armado de más de 50 años.
En relación con las personas con orientación sexual e identidad de género diversos (población LGBTI), la encuesta encontró una participación del 3% en el empleo público. Si bien no existen cifras oficiales del total de la población LGBTI en el país, la Cámara de Comercio LGBTI Colombia sugiere una cifra del 10% de la población nacional, lo que coincide con las cifras que indican estudios internacionales sobre el total de esta población a nivel mundial. De este modo, existe también una sub-representación de la población LGBTI en el empleo público con respecto a la población nacional.
El diagnóstico es uno de los productos del proyecto de Diversidad e Inclusión en el Empleo Público que viene adelantando Función Pública desde el segundo semestre de 2015 con el fin de lograr un empleo público más diverso e incluyente en el país. El proyecto cuenta con aliados estratégicos del sector público, privado y de la academia, tales como el Ministerio del Interior, el Observatorio de Discriminación Racial de la Universidad de Los Andes, DeJusticia y el Programa para Afrodescendientes e Indígenas de USAID operado por ACDIVOCA.

Entre otros hallazgos significativos de la encuesta están unos niveles educativos muy altos de los servidores públicos. Casi el 50% de los servidores públicos cuentan con estudios de posgrados, 38% con especialización, 11% con maestrías y 0,6% con doctorado.

La encuesta también indagó sobre los niveles de discriminación percibida de los servidores en las entidades públicas. El 35% de los servidores señala haber percibido discriminación en su propia entidad, de los cuales un 27% considera que ha sido por su estrato económico, el 21% por otros factores asociados con opinión o filiación política, el 17% orientación sexual, 12% sexo, 13% color de la piel y 10% condición física.
El profesor Rodríguez Garavito al referirse a los resultados del estudio afirmó que “Es una alegría ver al Estado colombiano comprometido con entender su propia situación actual para afrontar los retos del post-acuerdo. El compromiso de la Función Pública, junto con los resultados de esta caracterización, han permitido que se estén tomando medidas reales para tener un sector público más diverso e incluyente. Un país en paz se traduce en instituciones públicas que se parezcan cada vez más a Colombia, con el fin de responder mejor a las necesidades de toda población”.
En este sentido, Liliana Caballero afirmó que “Un estado incluyente no solamente es más productivo, porque incorpora más capacidades y más conocimientos en los equipos de trabajo, sino que también tiene más legitimidad frente a los ciudadanos y puede contribuir mejor a la construcción de una paz estable y duradera”. 
Recientemente, la Función Pública realizó el Primer Congreso sobre Diversidad e Inclusión en el Empleo Público, que además de expertos nacionales del sector público, privado y la academia, contó también con la participación gracias al apoyo de ACDI/VOCA y la Universidad de los Andes, de algunos de los expertos más reconocidos en temas de diversidad e inclusión a nivel internacional. De esta manera, los servidores públicos pudieron capacitarse en estos temas con profesores de la Universidad de los Andes y de las mejores universidades del mundo, como Harvard, Stanford y la Universidad de California en Los Ángeles.
Finalmente, a final de este mes se lanzará la campaña “Empleo Público Incluyente para la Paz”, con el fin de sensibilizar a los servidores públicos de todos los niveles y en todas las entidades del país sobre la importancia y los grandes beneficios que nos traerá aumentar los niveles de diversidad en las entidades, y cómo esto contribuye de manera directa a la construcción de paz en el país.

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