Esta tarde, a partir de las 5:30 de la tarde en el auditorio 401 de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Económicas, se inaugura el primer Diplomado “Justicia en Equidad, Norma y Poder Social".
Se trata de un convenio entre la Secretaría Distrital de Gobierno (Dirección de Derechos Humanos) y la Universidad Nacional para desarrollar a través de mesas de concertación el tema del acceso a la justicia.
El desarrollo del diplomado se realizará los días jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde y se extenderá hasta el 28 de septiembre.
El desarrollo del diplomado se realizará los días jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde y se extenderá hasta el 28 de septiembre.
Son 120 gestores comunitarios de justicia que representan las 20 localidades de la ciudad, seleccionadas previamente en un proceso que desarrolló la Universidad Nacional y validadas por las mismas comunidades. Son líderes, dirigentes, mujeres y jóvenes que se involucraron en el proceso de construcción de justicia comunitaria alternativa y de resolución pacífica de conflictos.
Estos estudiantes seleccionados han estado apostándole al derecho de acceso a la justicia como garantía y alternativa frente a la justicia formal. La realización del diplomado busca desarrollar igualmente una serie de acciones de carácter pedagógico, metodológico y constructivo en la búsqueda de actores que existen en las localidades a nivel de redes de justicia comunitaria como las Unidades de Mediación y Conciliación. Son actores voluntarios constituidos por las Comisarías de Familia, Defensorías de Familia e Inspecciones de Policía, redes de actores que participan y que tienen dinámicas en procesos de justicia en los territorios.
El proyecto, según la Dirección de Derechos Humanos, va mas allá del mismo diplomado y apunta al establecimiento de mesas de concertación para el acceso a la justicia. Su realización se hace con recursos de la Secretaría Distrital de Gobierno de la Dirección de Derechos Humanos, a través del programa de fortalecimiento a la justicia formal y no formal comunitaria y tiene un costo de 188 millones de pesos.
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