Una flor para YenniPor Julio César Londoño
El 2 de octubre de 2010 el subteniente Raúl Muñoz violó a una niña de 16 años en una vereda de Tame, Arauca. Luego la obligó a orinar y a bañarse en el río (el expediente no dice si ella pudo cumplir ambas órdenes).
De regreso al campamento, Muñoz pidió que le raparan la cabeza. La madre de la niña viajó hasta el pueblo a poner la denuncia en la Defensoría, pero no se la recibieron porque le faltaba una fotocopia.
En los 11 días siguientes nadie movió un dedo para detener a Muñoz.
Doce días después, Muñoz llegó a la finca donde vivían Yenni Torres, de 14 años, y dos hermanos de 9 y 6 años, la violó, mató a los tres niños a machetazos y enterró los cuerpos (el expediente no aclara el orden de los hechos). No sabemos si ella vio asesinar a sus hermanos antes de la violación, o si fueron ellos los que tuvieron que presenciar la violación de su hermana. No hay detalles. No sabemos si las manos temblorosas de Yenni pudieron encontrar los botones de su vestido o si el hombre, llamémoslo así, la desnudó (a zarpazos). Luego Muñoz llegó al campamento empapado de sudor, se bañó y se cambió el camuflado.
El país recibió con estupor la noticia, claro, pero lo que siguió fue no menos infame. La jueza que llevaba el caso fue asesinada luego de denunciar las maniobras de la defensa para enlodar la reputación de las niñas, acusar a sus padres de subversivos, dilatar el proceso y obtener la libertad de Muñoz por vencimiento de términos. Como si fuera poco, la prensa reveló que los abogados de Muñoz habían viajado a Arauca e interrogado a los habitantes de la vereda en un tono intimidatorio. Eran empleados de la Defensoría Militar Integral (Dimil), una empresa privada financiada con aportes voluntarios de miles de miembros de las Fuerzas Armadas, explicó entonces un general de la cúpula. Pero no pudo explicar por qué esa empresa tiene oficinas dentro de los cuarteles, ni por qué aparece en los organigramas como una dirección adscrita a la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional, ni por qué sus abogados utilizaron un helicóptero del Ejército, ni por qué se hicieron pasar por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, ni por qué Muñoz recibió asistencia legal por delitos que no están cubiertos por la Dimil, como son los delitos sexuales, ni por qué fue admitido en la Escuela Militar a pesar de que en la prueba psicológica había sido calificado con una “escala clínica elevada MA (83)”, es decir, que mostraba una marcada tendencia maniaca (el nivel normal va hasta 63/100).
Con todo, y a pesar de su lenta reputación, esta vez “la coja” alcanzó al sujeto. La Justicia acaba de condenarlo a 60 años de prisión mediante una sentencia histórica de un juez civil. Es fácil adivinar cuál habría sido su suerte si el caso hubiera quedado en manos de la justicia militar, con defensores helicotransportados, sicarios acuciosos y dos coroneles presionando al juez, los mismos que ayudaron a Muñoz a entrar en la Escuela Militar a pesar de su alto puntaje de maniaco. O quizá por eso mismo.
Yo quiero pensar que las imágenes de los niños muertos poblarán durante 60 años las pesadillas de Muñoz. Pero todo indica que el monstruo duerme bien. La psiquiatra que lo examinó dice que está en sus cabales, que es un predador sexual nato y que no muestra remordimiento alguno cuando es interrogado sobre los hechos.
Ahora la pregunta tonta es: ¿responderán la Dimil y los superiores de Muñoz por todas las irregularidades que rodearon el caso? Por supuesto que no. La condena de 60 años será la única flor que el Estado pondrá sobre la tumba de Yenni.
“Tierra, pesa poco sobre ella, que ella pesó poco sobre ti”.
Tomado de El Espectador, Bogotá, 26 de octubre de 2012.
El 2 de octubre de 2010 el subteniente Raúl Muñoz violó a una niña de 16 años en una vereda de Tame, Arauca. Luego la obligó a orinar y a bañarse en el río (el expediente no dice si ella pudo cumplir ambas órdenes).
De regreso al campamento, Muñoz pidió que le raparan la cabeza. La madre de la niña viajó hasta el pueblo a poner la denuncia en la Defensoría, pero no se la recibieron porque le faltaba una fotocopia.
En los 11 días siguientes nadie movió un dedo para detener a Muñoz.
Doce días después, Muñoz llegó a la finca donde vivían Yenni Torres, de 14 años, y dos hermanos de 9 y 6 años, la violó, mató a los tres niños a machetazos y enterró los cuerpos (el expediente no aclara el orden de los hechos). No sabemos si ella vio asesinar a sus hermanos antes de la violación, o si fueron ellos los que tuvieron que presenciar la violación de su hermana. No hay detalles. No sabemos si las manos temblorosas de Yenni pudieron encontrar los botones de su vestido o si el hombre, llamémoslo así, la desnudó (a zarpazos). Luego Muñoz llegó al campamento empapado de sudor, se bañó y se cambió el camuflado.
El país recibió con estupor la noticia, claro, pero lo que siguió fue no menos infame. La jueza que llevaba el caso fue asesinada luego de denunciar las maniobras de la defensa para enlodar la reputación de las niñas, acusar a sus padres de subversivos, dilatar el proceso y obtener la libertad de Muñoz por vencimiento de términos. Como si fuera poco, la prensa reveló que los abogados de Muñoz habían viajado a Arauca e interrogado a los habitantes de la vereda en un tono intimidatorio. Eran empleados de la Defensoría Militar Integral (Dimil), una empresa privada financiada con aportes voluntarios de miles de miembros de las Fuerzas Armadas, explicó entonces un general de la cúpula. Pero no pudo explicar por qué esa empresa tiene oficinas dentro de los cuarteles, ni por qué aparece en los organigramas como una dirección adscrita a la Jefatura de Desarrollo Humano del Ejército Nacional, ni por qué sus abogados utilizaron un helicóptero del Ejército, ni por qué se hicieron pasar por funcionarios de la Defensoría del Pueblo, ni por qué Muñoz recibió asistencia legal por delitos que no están cubiertos por la Dimil, como son los delitos sexuales, ni por qué fue admitido en la Escuela Militar a pesar de que en la prueba psicológica había sido calificado con una “escala clínica elevada MA (83)”, es decir, que mostraba una marcada tendencia maniaca (el nivel normal va hasta 63/100).
Con todo, y a pesar de su lenta reputación, esta vez “la coja” alcanzó al sujeto. La Justicia acaba de condenarlo a 60 años de prisión mediante una sentencia histórica de un juez civil. Es fácil adivinar cuál habría sido su suerte si el caso hubiera quedado en manos de la justicia militar, con defensores helicotransportados, sicarios acuciosos y dos coroneles presionando al juez, los mismos que ayudaron a Muñoz a entrar en la Escuela Militar a pesar de su alto puntaje de maniaco. O quizá por eso mismo.
Yo quiero pensar que las imágenes de los niños muertos poblarán durante 60 años las pesadillas de Muñoz. Pero todo indica que el monstruo duerme bien. La psiquiatra que lo examinó dice que está en sus cabales, que es un predador sexual nato y que no muestra remordimiento alguno cuando es interrogado sobre los hechos.
Ahora la pregunta tonta es: ¿responderán la Dimil y los superiores de Muñoz por todas las irregularidades que rodearon el caso? Por supuesto que no. La condena de 60 años será la única flor que el Estado pondrá sobre la tumba de Yenni.
“Tierra, pesa poco sobre ella, que ella pesó poco sobre ti”.
Tomado de El Espectador, Bogotá, 26 de octubre de 2012.
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