10.676 hogares en 102 municipios de 23 departamentos han sido atendidos por emergencias y desplazamientos masivos con más de 5 mil millones de pesos de inversión.
- 5.957 familias de víctimas por hechos diferentes al desplazamiento, han recibido 6 mil 622 millones de pesos por concepto de ayuda humanitaria.
Bogotá, 29 de Agosto de 2012. La implementación de la Ley no ha representado solamente la creación de nuevas entidades, sino la incorporación de una nueva concepción sobre la responsabilidad del Estado hacia las víctimas, con un cambio de enfoque pasando de una acción basada en la asistencia a otra con una atención integral, no centrada exclusivamente en la indemnización económica aseguró la Directora de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Paula Gaviria, en la comisión de seguimiento y monitoreo de la Ley de Victimas en el Congreso de la República.
Insistió la directora de la Unidad, que esta entidad presentó una propuesta sicosocial como eje transversal que busca contribuir a restablecer la integridad emocional de las personas que se han visto afectadas por el desplazamiento u otro hecho violento y el de sus familias, orientada a facilitar la movilización y recomposición de las redes sociales, para que se conviertan en agentes y promotores de la reconstrucción de sí mismos, de su comunidad y de sus derechos e integrar a las acciones adelantadas por las diferentes entidades.
Gaviria reiteró que impregnar las instituciones públicas con este nuevo enfoque no es tarea sencilla, pero es evidente que los esfuerzos dedicados a ella en los últimos meses empiezan a mostrar sus frutos.
Con referencia a la población desplazada, se definió la entrega de ayuda inmediata por principio de subsidiaridad y con ello ha sido posible atender las emergencias y desplazamientos masivos de 10.676 hogares en 102 municipios de 23 departamentos por más de 5 mil millones de pesos.
Resaltó, que otro aspecto importante ha sido la definición y operación de un procedimiento provisional de entrega de ayuda humanitaria para hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado. Es así que cerca de 6 mil familias de victimas por hechos diferentes al desplazamiento, han recibido más de 6 mil millones de pesos por concepto de ayuda humanitaria.
El Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas, compuesto por el conjunto de políticas, lineamientos, normas, procesos, planes, instituciones e instancias, fue adoptado mediante el Decreto 1725 de 16 de agosto de 2012, el cual establece un modelo para la articulación interinstitucional, garantizando de esta manera la coordinación efectiva para la asistencia, atención y reparación integral, insistió la funcionaria.
Reiteró Paula Gaviria que dentro de los avances importantes para el desarrollo de la Ley, está la implementación y operación de 10 subcomités técnicos, primordiales para el desarrollo de las diferentes líneas de acción.
Aseguró que la Unidad a su cargo ha recalcado a los nuevos mandatarios, que se priorice en la formulación de Planes de Desarrollo Territorial, las partidas presupuestales suficientes para la formulación del plan integral único, a la población desplazada.
En materia de capacitación señaló que se asesoró a 1.695 funcionarios del nivel territorial, de 539 entidades a nivel nacional, donde se proporcionaron los lineamientos en materia de incorporación de la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado en los Planes de Desarrollo departamentales, distritales y municipales. Igualmente se capacitó en la conformación y funcionamiento de los Comités de Justicia Transicional, al mismo número de entidades.
En cuanto a la Red Nacional de información se han conformado 7 subcomités de Sistemas de Información Departamentales y 8 municipales, se han suscrito 622 acuerdos de intercambio de información con 18 entidades nacionales, 17 gobernaciones y 587 municipios.
Por último, dijo la directora de la Unidad de Atención y Reparación a las Victimas, Paula Gaviria, que el enfoque diferencial para niños, niñas y adolescentes, mujeres y género, personas con discapacidad y grupos étnicos, está presente en todos los componentes y ejes trasversales de la política pública de atención y reparación integral a las víctimas.
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