Por: WILLIAM DELGADO GIL
La corrupción carcome como un cáncer nuestra sociedad. Es tal la magnitud del problema, que pareciera incuantificable el saqueo de los recursos públicos en los diferentes niveles del Estado. Las normas sobre contratación pública se violan, eluden o evaden con facilidad y una alta impunidad y de todo tipo: carruseles de contratación, generalización de contratación directa, fundaciones de papel, vulneración al principio de selección objetiva, sobrecostos, desviación de anticipos, adiciones indebidas, entre otras muchas trampas.
Si en lo nacional llueve, en lo territorial y local no escampa. Así lo ha demostrado la Auditoría General de la República –AGR- en su informe del Control al Control de la
Contratación –CCC- de mayo de este año, al referirse a los graves riesgos fiscales y las irregularidades de todo tipo en que están incurriendo las entidades territoriales, que en el 2010 ejecutaron $11 billones -60% del total-, mediante contratación directa, cifra que en el primer trimestre de este año 2011, se aumentó al 74%. Concluyendo –paradójicamente-, que los contratos deben revisarse cuidadosamente por los entes de control fiscal.
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